Sólo en la Ciudad de México hay miles de inmuebles inhabitables. Para esas familias el único camino que el gobierno les ofrece es endeudarse hasta por 20 años para reconstruir sus hogares, mientras las grandes inmobiliarias afilan sus garras para la reconstrucción.
Jueves 12 de octubre de 2017
Tras el escándalo que se generó en los primeros días del sismo con la prisa que el gobierno quiso imponer a las labores de rescate para meter maquinaria pesada y remover en tiempo récord los escombros -con el afán de volver a la normalidad lo más pronto posible- la segunda etapa, la reconstrucción de la ciudad y poblados de los estados afectados, viene acompañada de declaraciones escandalosas.
Desde la declaración de Raúl Ruiz Robles, el presidente en Oaxaca de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), asegurando que el Estado no tiene ninguna obligación de reconstruir las viviendas dañadas o colapsadas tras los sismos, hasta la propuesta que el presidente Enrique Peña Nieto hizo en una de las zonas afectadas en Chiapas: hacer tandas para la reconstrucción de casas, es decir que los pobladores se organicen para reconstruir sus casas, en pocas palabras, que los damnificados se rasquen con sus propias uñas.
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Para la reconstrucción en la Ciudad de México, el gobierno le apuesta a millonarias ganancias para las grandes inmobiliarias y al endeudamiento de los pobladores afectados.
Miguel Ángel Mancera ha desplegado varias propuestas para “apoyar a los afectados”, dese un apoyo de 3 mil pesos mensuales hasta un plan para evaluar los inmuebles y dividirlos en tres grupos: verde, amarillo y rojo, según el color será la intervención que el inmueble tenga y aquí entran las inmobiliarias y los onerosos apoyos que el gobierno local en coordinación con el Fedra darán a los damnificados.
Los inmuebles que se cataloguen en verde serán reparados por brigadas de la Secretaria de Obras y Servicios, mientras que los que se clasifiquen en amarillo serán reparados por la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y aquí entran cuatro empresas inmobiliarias que han sido parte del boom inmobiliario de la Ciudad de México favorecidas por el gobierno de Mancera.
El rojo para daños graves en edificios requerirá la intervención de un corresponsal de seguridad estructural para determinar si el inmueble es demolido o hay forma de recuperarlo. Aquí entra en juego el Fondo de Adquisición de viviendas, impulsado por el gobierno federal, dónde el gobierno capitalino aportará 800 millones de pesos y el federal 266 millones para ofrecer créditos hasta de dos millones de pesos con una tasa de interés del 9%.
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Pese a que está por cumplirse un mes de la catástrofe que azotó la ciudad, no se tiene un registro detallado de cuantos inmuebles y que tanto están dañados. El gobierno de Miguel Ángel Mancera calcula en un primer censo de más de 8 mil inmuebles que presentan alguna afectación, cuestión que se contradice con las declaraciones de la delegada de Iztapalapa, Dione Anguiano que asegura que sólo en Iztapalapa hay más de 17 mil inmuebles afectados.
Amarillo para inmobiliarias, rojo para endeudarse
La Asociación de Desarrolladores inmobiliarios está conformada por cuatro empresas: Fibra Danhos, Grupo Ideal, Grupo Gigante inmobiliario y Grupo Corpi, a quienes se les entrego la tarea de la reparación de miles de edificios. Sobra decir que varios de los presidentes de estas empresas tienen nexos con figuras dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y que hay personajes como Alfonso Salem Slim, vicepresidente de ADI y sobrino del magnate Carlos Slim.
Solo para dimensionar quienes son estas empresas, Fibra Danhos es una de las mayores propietarias de oficinas en la Ciudad de México y cuenta con un total de 8.5 millones de metros cuadrados abarcados por estas oficinas y es propietaria de plazas comerciales como Parque Delta y Reforma 222.
A estas empresas se les pagará por la reconstrucción de edificios marcados en amarillo, un negocio millonario asegurado para quienes de por sí ya se veían beneficiados del boom inmobiliario impulsado por el gobierno de Mancera.
En el plan de la reconstrucción para la Ciudad de México, una coordinación entre el gobierno capitalino y el gobierno federal, contempla la integración de un fondo que antes mencionábamos, y contempla préstamos de hasta dos millones para personas que perdieron su casa y hasta de 20 millones para edificios y negocios.
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Sin embargo, los intereses del préstamo, que hasta ahora se ha fijado en 9%, podrían hacer que quienes pidan un préstamo a 20 años de 2 millones de pesos, terminen pagando entre 15 mil y 17 mil pesos mensuales.
Además del gobierno federal y capitalino, en los créditos hipotecarios esta Banobras y la Sociedad Hipotecaria Federal.
A días de que se haya anunciado este préstamo como “ayuda” a los damnificados ya corren decenas de denuncias y quejas por los engorrosos trámites y las negativas a tramitar prestamos por valoraciones de los inmuebles, en los que pesa al daño evidente, se les dice a los pobladores que no son suficientes como para pedir cierta cantidad de préstamo.
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Incluso en esta situación de desgracia para miles de pobladores, el gobierno y sus instituciones no piensan dar un centavo hasta asegurarse de que las personas efectivamente están desamparadas y durmiendo en las calles. Los miles que perdieron todo en el pasado sismo no tienen otra opción que condenarse a cargar con una deuda que pagarán por 20 años, mientras quienes dicen que el Estado no es responsable de reconstruir las viviendas, como el vocero de la Coparmex, son los que saldrán ganando y es que el negocio para los empresarios no solo es para las inmobiliarias, todo el material de construcción que la población comprará con los préstamos, ira a parar a los bolsillos de los empresarios.
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Frente a los dichos de los voceros de la Coparmex, tendremos que hacer un ejercicio de memoria y recordar que fueron distintos Estados quienes frente a la crisis económica del 2008, salvaron con su intervención a decenas de bancos y empresas de la quiebra. Tendremos entonces que cuestionar al servicio de quienes está el Estado y qué opciones podemos pensar para que los empresarios no lucren con la desgracia de miles de damnificados.
