25 de abril. Día internacional contra el maltrato en la infancia: más de la mitad de niños son pobres

Generalmente, el maltrato de niños, niñas y adolescentes se expresa por lo que viven al nivel del hogar o la familia, que sin dejar de ser real, no hace más que manifestarse como una forma más de reproducir las violencias y los abusos que este sistema impone a través del orden social imperante. Los padecimientos de la infancia tienen un componente estructural.

Según la UTEMIJ (Unidad Técnica Especializada en Maltrato Infanto Juvenil) dependiente del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del GCBA, el maltrato podría entenderse como “todo acto que por acción u omisión provoque en el niño/a o adolescente un daño real o potencial en su integridad y desarrollo físico, sexual, emocional, cognitivo o social; ejercido por personas, grupo de personas o instituciones que sostengan con el niño/a o adolescente una relación asimétrica de autoridad, confianza o poder”. A su vez, es una cuestión histórica que la figura de niños, niñas y adolescentes, han soportado diferentes formas de maltrato, que los Estados internacionales/occidentales, han intentado forjar mediante leyes criterios comunes para su protección y cuidado.

En un ejercicio a la luz de entender a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos vemos cómo, de manera explícita o implícita, directa o indirectamente esta noción que, progresivamente fue reconocida con jerarquía constitucional, en países como el nuestro, se desdibuja en las acciones y omisiones que reproducen los estados y sus instituciones.

A 30 años de haber ratificado la Convención de los Derechos del Niño - con rango constitucional desde 1994- y la obligatoriedad de aplicación que establece la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes la deuda del Estado Argentino es con ellos y ellas. Entre los derechos que el Estado reconoce y no garantiza se encuentran el derecho a una vida digna, a la identidad, educación, salud, alimentación, a la vivienda, al juego y recreación, a ser bien tratados, a la integridad, a la cultura, a tener una familia, a ser tratados con igualdad de condiciones, a ser cuidadx y protegidx.

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En el primer año que llevamos transitando la pandemia por coronavirus y el agravamiento de la crisis económica, social y sanitaria que esto produjo, sin dudas el impacto en las vidas de los niños y niñas se reflejan como expresiones de violencia social hacia ellxs y sus familias.

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El último informe del Indec confirmó que durante el 2020 la pobreza ascendió a 42%, una suba de 6,5 % en la comparación interanual. Estos datos del segundo semestre de 2020, reconfirman una cruda realidad que golpea con dureza a más de 19,2 millones de personas proyectado a todo el país, es decir, con una población de 45,8 millones de habitantes. En cuanto a la indigencia totaliza un 10,5% que representa a más de 4,5 millones de personas. En la desagregación por rango etario, el Indec confirmó que el 57,7 % de los niños y niñas (de 0 a 14 años) viven en condiciones de miseria. Se trata de 6,3 millones de menores que se encuentran por debajo de la línea de pobreza, como el 49,2 % de los jóvenes de entre 15 a 29.

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Estos datos aportados por el ente son elocuentes si los contraponemos a los $ 116.584 millones del presupuesto nacional que se destinaron para pagar la deuda con el FMI. Queda claro que la ausencia de políticas públicas y la prioridad de favorecer a sectores empresarios (mineras, agropecuarios, sojeros, entre otros) como orientación estatal va en detrimento de la vida de miles de niñes y jóvenes y sus familias condenados a la pobreza estructural.

Son ellos y ellas quienes encarnan la búsqueda de otros horizontes. Ya vimos el año pasado en diferentes puntos del país peleaban por Tierra para vivir, como en las tomas de Guernica, Magaldi, Cipolleti, Centenario y más. Cientos de niños y niñas con sus familias fueron desalojados, con el accionar directo del estado. Amedrentamiento, hostigamiento y el pasaje a la represión directa por parte de las fuerzas policiales son la muestra explícita de la violencia hacia los niños. Derechos negados sistemáticamente por un régimen social y político que reproduce desigualdades y condena a miles de pibes y pibas a vivir en la calle. La niñez se experimenta como una etapa de enormes padecimientos, para las grandes mayorías.

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Así, los recortes a las políticas de asistencia social, como el IFE junto con el aumento de la inflación, que en lo que va del 2021 supera el 12%, significan el empeoramiento de condiciones para el acceso a derechos básicos, como la alimentación y abrigo para los sectores informales y más precarizados.

Por otra parte, el DNU que prohibía los desalojos y congelaba los alquileres finalizó el 31 de marzo, y con esto los y las desocupadas o quienes perdieron sus magros ingresos quedaron en peores condiciones frente a la llegada de la segunda ola de la pandemia.

Nuevamente, las posibilidades de “quedarse en casa” son lejanas para los niños y niñas, que viven en contextos de extrema vulnerabilidad. Muchos y muchas de ellas estudiantes de la escuela pública, quedaron relegados frente al actual debate binario, entre “presencialidad si o presencialidad no”. Las condiciones epidemiológicas, ni de infraestructura -precedentes a la situación sanitaria actual- que permitan garantizar el resguardo de la salud de toda la comunidad educativa y sostener la presencialidad en las escuelas, no están aseguradas. Sin embargo, la falta de acceso a la tecnología, en un contexto que exige “virtualidad” expulsa una vez más a los niños, niñas y jóvenes del sistema educativo y profundiza las desigualdades existentes. El Estado y sus gobiernos son responsables de proveer las herramientas y recursos necesarios para garantizarlos como también son responsables de una política que genera más contagios y expone a muertes evitables a toda la clase trabajadora, incluso a los y las trabajadoras de la educación.

El horizonte de comprender a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos aún parece lejano en tanto que es el propio Estado y sus instituciones quienes planifican el maltrato sobre elles, pobreza, trabajo infantil, falta de acceso a la educación, a la salud, a la vivienda digna son algunas de las acciones que llevan adelante los mismos, lejos de combatirlas, con sus políticas, las profundizan.

De la misma forma, desde las lógicas meritocráticas se espera que se resuelva individualmente la situación de pobreza a la que muchos niños y niñas junto con sus familias son empujados y donde luego el Estado interviene a través de políticas sociales fragmentadas y focalizadas. Es así como este aspecto individualizado, encubre el carácter social, económico y político de los problemas sin discutir que la vulneración de derechos tiene su origen en la estructura de desigualdad del capitalismo.

Volver a nombrar el 25 de abril, Día Internacional contra el Maltrato Infantil, como fecha para repensar los malos tratos hacia niños, niñas y jóvenes nos obliga a abrir el margen de esas violencias cotidianas para poder visibilizar las violencias sociales que las familias atraviesan y de las cuales los niños, niñas y adolescentes no están exentos sino que por el contrario, son quienes pagan el costo más alto, a veces el más doloroso.