Ante la obstinada negativa del gobierno a entablar el diálogo, el magisterio disidente viene impulsando una política de transformación de la educación desde las aulas. Queremos discutir aquí algunos de los puntos que consideramos claves en relación a este planteamiento.
Jueves 4 de febrero de 2016
El pasado 23 de enero se realizó el primer Encuentro hacia el Diálogo Nacional por la Educación, organizado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y con la participación de destacados investigadores en la materia como Hugo Aboites, César Navarro, Hugo Casanova y Manuel Pérez Rocha.
Durante el Encuentro, que contó con la asistencia de maestros de base, padres de familia, representantes de algunos sindicatos y organizaciones, una de las ideas centrales fue la posibilidad de transformar la educación desde las aulas.
Si bien consideramos que, frente a la imposición de la reforma educativa, es necesario dar respuesta en el terreno pedagógico (y más tomando en cuenta el empobrecimiento de los contenidos a través de las reformas curriculares a la educación básica y media superior de los años previos), nos parece fundamental no desvincular esta discusión de las condiciones políticas y materiales que son necesarias para una transformación real de la educación en México.
Educación clasista
Es necesario discutir la necesidad del carácter científico de la educación, que ésta responda a las necesidades de las comunidades, a la diversidad cultural del país, que no esté basada en un modelo heteronormativo, etc. Sin embargo, por sí sola, esta discusión nos permitiría arribar, a lo sumo, a una “educación de la resistencia”, quedando lejos de nuestro objetivo de transformar la educación.
Para una educación a la altura de lo más avanzado de la humanidad en el siglo XXI se requieren, por ejemplo, escuelas con una infraestructura y equipamiento completo y avanzado; grupos reducidos; maestros con estabilidad laboral, bien remunerados y descansados; pero además alumnos bien alimentados y descansados, con un entorno familiar y social sano, y condiciones de salud, recreación y esparcimiento como complemento a un desarrollo integral.
Lo que ocurre, sin embargo, es todo lo contrario: escuelas que se caen a pedazos, sin servicios básicos o de plano sin infraestructura mínima (escuelas en circos y remolques, etc.); plantillas de personal incompletas, en muchos casos sin médico escolar y con áreas como orientación educativa desaparecidas; grupos de más de 40 alumnos; precarización de las condiciones laborales de los maestros, producto de la reforma educativa; una sociedad violentada; un sistema político estatal corrupto, impune y enormemente machista; un país con más de 50 millones de pobres, en donde los trabajadores enfrentan las consecuencias de la reformas estructurales con jornadas extenuantes, precarización extrema, liquidación de derechos y conquistas laborales etc., todo esto repercutiendo –y no podría ser de otra manera en estas condiciones- en la atención y el cuidado de los hijos del pueblo trabajador.
La diferencia la encontramos en la educación de los hijos de los grandes empresarios y los políticos patronales; sus escuelas y sus condiciones de vida son de lujo (por supuesto a costa de la explotación de millones de trabajadores), aunque esto no exenta a sus maestros de la inestabilidad laboral o a los alumnos de una educación conservadora.
Mientras la escuela pública está cada vez más al servicio de formar a los futuros trabajadores en la obediencia dócil y acrítica a los patrones, la educación privada forma a los futuros explotadores y a sus representantes políticos.
Si la educación es un medio de reproducción social, lo es en tanto medio de reproducción de clase.
No es casual que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la organización empresarial –ligada a Televisa- Mexicanos Primero, estén detrás de la reforma educativa, impuesta a sangre y fuego por sus agentes políticos (los partidos del Pacto por México) y con la complicidad de sus agentes sindicales, los charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
La privatización de la educación pública, en tanto, avanza mediante los bonos de infraestructura escolar y con el impulso de la Autonomía de Gestión Escolar, que forma parte del programa “La Escuela al Centro” anunciado hace unos días por el represor secretario de educación Aurelio Nuño.
Por una perspectiva de clase
Si partimos de que el proceso de enseñanza-aprendizaje es parte de las condiciones sociales en que se desarrolla, y tomamos en cuenta los estratosféricos índices de miseria y pobreza en el país, podremos ver de manera palmaria la dimensión del problema educativo.
Además, al tener un carácter burgués, la educación está puesta al servicio de los intereses de esa clase, y no de los intereses del pueblo trabajador, tal como lo podemos constatar en estos momentos, cuando los planes neoliberales del imperialismo son los que marcan la agenda de la SEP con el ahogo al presupuesto educativo y la privatización que se desprenden de la reforma educativa.
Y es que, si bien la educación pública es resultado de la presión de los sectores más radicales que actuaron en la revolución mexicana, la burguesía, que se hizo del poder a la salida del proceso, se ha demostrado impotente -desde 1917 y subordinada a los designios del imperialismo norteamericano- para resolver la cuestión educativa como tarea democrática.
En última instancia, el problema de la educación sólo podrá ser resuelto mediante una transformación radical de la sociedad, encabezada por la clase trabajadora en alianza con los explotados y oprimidos del campo y la ciudad, los únicos verdaderamente interesados en que sus hijos gocen de una educación realmente de calidad, laica y gratuita.
En esa perspectiva, para pensar las vías de transformación de la educación aquí y ahora, nos parece indispensable que la CNTE y el conjunto del movimiento magisterial, junto a los sindicatos que se reclaman opositores, los padres de familia, los normalistas y el movimiento estudiantil, los investigadores en educación y todos los sectores que se vienen organizando en el Diálogo por la Educación, levantemos una política y un programa de lucha que necesariamente debe atentar contra los intereses privados, nacionales y extranjeros, en donde uno de los ejes centrales debe ser el aumento al presupuesto educativo y social, basado en el no pago de la deuda externa, en el cobro de impuestos progresivos a las grandes fortunas y en la renacionalización de los hidrocarburos.
Junto a ello, ante los insultantes sueldos que reciben los políticos y altos funcionarios (como Silvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, quien tendrá un ingreso de 203 mil 487 pesos), levantemos la consigna ¡Que todo legislador y funcionario gane lo mismo que una maestra!, pues los altos salarios de los políticos patronales y altos funcionarios son la base para que vivan como grandes empresarios y establezcan vínculos sociales con los grandes empresarios, votando leyes a favor éstos, contrarias a los intereses del pueblo trabajador, tal como se desprende del actual ataque y la deficiente educación pública.
