Durante el juicio se escucharon testimonios que revelaron la actuación de directivos de estos medios que fueron parte imprescindible del engranaje genocida, marcando militantes y dando información a los militares
Martes 23 de septiembre de 2014
La querella de HIJOS pidió que se investigue el vínculo entre los medios de comunicación y los crímenes cometidos en el centro clandestino de detención “La Cacha”, basados en el testimonio del ex teniente coronel Anselmo Pedro Palavezzati que declaró, como señala el portal Tinta Judicial, el pasado 7 de febrero que “desde su oficina encargaban al diario El Día, y a la emisora estatal radio Provincia tareas de recopilación de información entre la población con el objeto de realizar sus informes de inteligencia”. El propio Palavezzati se refería a esos informes y tareas de inteligencia, como "encuestas para saber el estado de ánimo de la gente".
Las querellas solicitaron que se investiguen las relaciones entre estos medios platenses y el Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército, que depende del Batallón 601 y pidieron condena a prisión perpetua para siete militares de esa dependencia, entre ellos al jefe de la misma, Gustavo Adolfo Cacivio, alias "El Francés", como también a ex miembros del Personal Civil de Inteligencia (PCI), para el ex penitenciario Héctor "El Oso" Acuña, el ex jefe de Inteligencia del Servicio Penitenciario Bonaerense, Isaac Crespín Miranda, y el ex ministro de Gobierno bonaerense durante los años ’76 y ’79, Jaime Smart por considerarlos coautores de la desaparición forzada de personas agravada por el resultado de muerte.
El rol de los medios de comunicación ha sido revelado en varias oportunidades, y el caso de La Cacha vuelve a demostrarlo. La participación activa de sus directivos, la delación de periodistas, la utilización de las páginas de los diarios para hacer propaganda a favor de la dictadura y de ocultamiento y justificación del horror, o la burda tergiversación de los hechos como es el caso de Thelma Jara de Cabezas, madre de Gustavo, desaparecido, que, estando secuestrada en la ESMA, fue obligada a hacer una entrevista y fotos fraguadas para la revista Para Ti, donde supuestamente criticaba duramente a las organizaciones guerrilleras. O el caso de de Alejandrina Barry, hoy militante del CeProDH, cuyas fotos, sacadas a poco de haber sido secuestrados sus papás, fueron utilizadas por la editorial Atlántida para simular que era una niña abandonada por sus padres, y llevar a cabo una campaña contra los militantes que “abandonaban” a sus hijos, cuando la realidad era que había quedado huérfana porque habían sido secuestrados y asesinados. Eso por supuesto, jamás fue denunciado por los medios.
El castigo para estos personajes, imprescindibles para los ejecutores del genocidio, está aún pendiente.
