Viernes 10 de octubre de 2014 15:53
Hace unos minutos, ante la mirada atenta de numerosas organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y estudiantiles que se habían reunido desde temprano en las puertas del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF) de Rosario, la presidenta del tribunal dio lectura a la sentencia del juicio por delitos de lesa Humanidad en la causa Feced II. En la misma, estaban acusados diez ex policías que actuaron en el Servicio de Informaciones (SI) de la policía de la provincia en Rosario durante la dictadura cívico militar.
El proceso judicial, que comenzó en febrero de este año, investigó los delitos cometidos contra cuarenta detenidos políticos entre los que se incluyen privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos, violaciones y los homicidios de Conrado Galdame, y los ciudadanos peruanos Rory Céspedes Chung y María Antonieta Céspedes Chung. Todos estos delitos se cometieron en el ex Servicio de Informaciones de la Policía (ubicado en San Lorenzo y Dorrego), donde funcionó el centro clandestino en el que hubo mayor cantidad de detenidos-desaparecidos durante el terrorismo de Estado en la provincia.
El TOF, integrado por Noemí Marta Berros, María Ivón Vella y Roberto Manuel López Arango, condenó a 22 años de prisión a Lucio César Nast, Eduardo Dugour, Ernesto Vallejo y Julio Héctor Fermoselle; 18 años para Ovidio Marcelo Olazagoitía, 20 años para Ramón Telmo Alcides Ibarra, prisión perpetua a Carlos Ulpiano Altamirano (único imputado de homicidio), 12 años de prisión para José Rubén Lo Fiego (ya condenado a prisión perpetua) y 8 años para Ricardo José Torres. Pedro Travagliente fue absuelto. Las penas serán cumplidas en cárceles del servicio penitenciario federal. El 2 de diciembre de 2014 se dará lectura a los fundamentos.
Al respecto, Florencia Del Negro, presidenta de APDH filial Rosario declaró a La izquierda Diario: “En este momento tenemos sentimientos contradictorios, por un lado aliviados por la condena a perpetua del genocida Altamirano pero por otro lado, tenemos una absolución que significa que una víctima se queda sin justicia". Respecto al cumplimiento de las penas en cárceles federales expresó: "para nosotros es muy importante porque estamos cansados de denunciar que los genocidas están alojados en pabellones de privilegio en condiciones que no tiene ningún preso común".
Por su parte, Constanza Villanueva integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos dijo : "Justamente ayer recordábamos con los compañeros del CEPRODH, que se cumplieron siete años de la condena a reclusión perpetua por el delito de genocidio al sacerdote de la Iglesia Católica y torturador, Christian Federico Von Wernich. Siete años después, muchos genocidas siguen impunes, otros sin condena firme pero acudimos hoy una vez más, a la lectura de una sentencia que es producto de la lucha incansable de familiares y organismos de derechos humanos que no bajan los brazos y siguen exigiendo juicio y castigo para todos los genocidas, sus cómplices civiles y cárcel común y efectiva".
