Dieta forzosa para Borges

El Aleph engordado es el título que eligió Pablo Katchadjian para su experimentación con el famoso cuento de Borges. Como destacaba en su posdata –que el autor agregó también a la que ya tiene el cuento original–, el ejercicio tenía como regla autoimpuesta “engordar” el texto de Borges sin modificarlo ni en un punto ni en una coma, sino intercalando más del doble de palabras de las aproximadas 4 mil del texto original.

La productividad literaria que con ello se haya logrado, o las lecturas que a partir de esa intervención puedan desprenderse de la obra de Borges –que es también una lectura de la tradición literaria argentina, dado su lugar central en ella–, o incluso la reflexión sobre las formas más o menos experimentales o clásicas de escritura, podrían ser sin duda objeto de largos debate. Pablo Katchadjian ya había incursionado en estas aguas con una versión alfabéticamente ordenada del Martín Fierro, otro pilar de la tradición literaria local. Borges no sólo parece un lógico nuevo objetivo para esos ejercicios, sino que prometía ofrecer una panzada de reversionamientos, relatos enmarcados, lecturas inventadas o plagios que no copian sino que mejoran la versión original, como la de Pierre Menard del Quijote; pero también por sus reflexiones teóricas, como aquella en la cual dejaba asentado que los escritores, y el argentino en particular, leía y retomaba a los clásicos de la literatura occidental reescribiendo, así con su intervención, esa tradición.

Pero no fue esta la lectura que hizo la viuda de Borges y titular de los derechos sobre su obra. Negando en un solo gesto casi todas las posibles definiciones que pueden hacerse de “lo borgeano”, Kodama inició una causa por plagio a Katchadjian en 2009, considerando que la obra fue alterada dolosamente al “engordarla”, además de superar los mil palabras que la ley permite reproducir de una obra sin autorización –el cuento original de Borges tiene 4 mil–. El proceso siguió su curso estos años por caminos más bien favorables a Katchadjian, pero la semana pasada cambió de rumbo cuando la instancia de la Cámara de Casación dio la razón a Kodama y decretó un embargo de 7.500 euros contra éste.

Una amplia variedad de escritores y críticos salieron en apoyo del autor, discutiendo que pueda considerarse plagio un ejercicio literario tal –además de lo paradójico que resulta que esta disputa sea justamente alrededor de Borges–, y haciendo circular un petitorio. Este viernes, además, se realizará una charla en la Biblioteca Nacional sobre el tema, que alcanzó los titulares no sólo argentinos sino también de otros medios internacionales, y no por primera vez: Kodama acumula una larga historia de manejos polémicos sobre la obra de Borges y de juicios a editores y autores. El debate pasó entonces del terreno literario a la discusión sobre las normas e interpretaciones judiciales que rigen los así llamados “derechos de autor”.

Las legislaciones modernas consideran dos aspectos en su definición de “derecho de autor”: lo que se conoce como el derecho “moral” a que una obra sea atribuida como propia y se distribuya sin modificar lo que expresó allí su autor, considerado irrenunciable e inalienable; y lo que se conoce como los derechos “patrimoniales” que se desprenden de la explotación de dicha obra, transferibles y de duración limitada en el tiempo.

A este aspecto “moral” es al que ha apelado el abogado de Kodama, Fernando Soto, según el cual lo que intenta Kodama es proteger la obra de Borges contra la “ofensa” recibida, similar a la que significaría pintarle “bigotes a la Gioconda” –desconociendo ya que estaba una buena parte de la historia de las artes plásticas–. Pero Kodama no critica una determinada lectura, ni aporta su concepción –discutible sobre todo desde una perspectiva borgeana, pero opinión al fin–, de la tradición literaria entendida como museo intocable; entabla juicios, y en general se sale con la suya. Por otro lado, el aspecto “moral” nunca logra desprenderse del monetario, ni para Kodama que vive hace décadas holgadamente de la creatividad de su esposo, ni para la legislación, donde el “honor” del autor sirve de argumento introductorio a una serie de números, porcentajes y penas estipuladas.

Desde que la propiedad intelectual comenzó a ser “protegida”, la cantidad de años de esa cobertura pasó de menos de una década desde su publicación al promedio normal actual de 70 años después de la muerte del artista, según tratados internacionales a los que adhiere la legislación nacional. Ello supone no sólo que hijos, cónyuges y hasta nietos cobrarán un porcentaje por una eventual explotación comercial de la obra –el aspecto patrimonial–, sino que todas las decisiones sobre la producción en cuestión, como una nueva edición, una traducción, una adaptación a otro formato –por ejemplo, para cine o teatro–, depende de las simpatías o antipatías no del autor sino de familiares que en algunos casos pueden siquiera haberlo conocido.

La ley que regula los derechos de autor en el país, la 11.723, es de las más restrictivas, y los intentos de modificarla han sido exitosos sólo en los casos en los que extendieron esta cobertura o ampliaron las producciones culturales “amparadas”, nunca para flexibilizar sus normas a favor de lectores o incluso de los autores –aunque la ley pretenda defender sus derechos, lo cierto es que en una amplísima mayoría de casos, las restricciones que incluye son aprovechadas por los grandes grupos de la industria cultural que compran los derechos, y esgrimidas en contra de las decisiones de los autores en vida–.

A una legislación que con ya casi 100 años permite este tipo de sentencias, bajo la premisa de defender los derechos de autor, podría aplicársele una reflexión de Menard re versionada: “No en vano han transcurrido años, cargados de complejísimos hechos. Entre ellos, para mencionar uno solo: el mismo Borges”.