Nacional. Diez claves sobre la iniciativa de AMLO para reformar Ley de la Industria Eléctrica

1. La iniciativa presentada por el poder ejecutivo este lunes 1 de febrero contempla cambios a ocho artículos de la Ley de Industria Eléctrica vigente desde 2015, articulada con la reforma energética de 2013. El eje central es limitar la generación de electricidad de capital privado y fortalecer la preponderancia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

2. El objetivo de la iniciativa, de acuerdo con el texto enviado a la cámara de diputados, es “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios, que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”. En el documento se indica también que “con la operación simultánea de ambos contratos financieros y de entrega física, se eliminan erogaciones presupuestales con impacto negativo a los contribuyentes y a recursos económicos de la nación y, con ello, se garantiza la estabilidad en la tarifa de electricidad”.

3. Una de las modificaciones más importantes es que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), como gestor de la red, no debería priorizar el uso de energía más barata por nodo, sino primero la energía de las hidroeléctricas de la CFE, segundo la que se genera en otras plantas de la estatal, tercero la eólica ‒de privados para intercambio entre ellos o venta a la CFE‒, cuarto los ciclos combinados de la CFE, y por último las otras renovables, como la solar, que producen empresas privadas.

4. El otorgamiento de permisos de generación, que hoy despacha la Comisión Reguladora de Energía (CRE) como una obligación, si el congreso aprueba la reforma, deberían ajustarse a criterios de planeación de la red y podrán ser negados. A su vez, se contempla obligar al regulador a cancelar permisos “obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”, y se establecerá que el gobierno revise la rentabilidad y continuidad de los contratos de productores independientes de energía (PIE) que le venden a la CFE.

5. Respecto a certificados de energía limpia (CEL) como incentivos a la generación de energía limpia o renovable, todos los que generan en el país podrán obtenerlos, sean o no plantas nuevas y podrán ofrecerlas a las empresas que generan mediante combustibles fósiles, para que cumplan con sus obligaciones establecidas en la Ley de Transición Energética. Y relacionado con esto, el suministrador de servicios básicos, actividad que hoy sólo desempeña la CFE, no tendrá la obligación de comprar energía, potencia o CEL sólo vía subastas, sino que podrá diseñar sus propios mecanismos.

6. De acuerdo con Ramsés Pech, experto en energía entrevistado por El Economista “la generación dependerá de la armonía que puedan tener las plantas del tipo fotovoltaica y eólica, a las líneas de transmisión con base a la factibilidad que el Cenace puede otorgar con base a los estudios indicativos que tienen que realizar, a donde indique un reforzamiento o nuevas líneas, para poder subir lo generado”.

7. Esta iniciativa de reforma, de aprobarse, podría generar fricciones con el marco legal vigente al momento de la firma del T-MEC que suscribieron México, Estados Unidos y Canadá, ya que pone obstáculos a la irrupción del capital privado en el sector de la energía renovable, apoyado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

8. Esta iniciativa llega poco después de un mes del gran apagón del 28 de diciembre, que afectó 16 estados y 10 millones de usuarios. Tras la explicación de que todo se había debido a un incendio en pastizales de Tamaulipas, desmentida luego, las autoridades, con Manuel Bartlett al frente, afirmaron que la causa fue “la variabilidad de potencia del sistema ocasionada por la producción intermitente de las empresas productoras de electricidad renovable, es decir, de la energía de origen eólico y fotovoltaico (solar)”.

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9. Los cambios a la Ley de Energía Eléctrica que propone el presidente AMLO se enmarcan también en la disputa política entre la oposición de la derecha, abanderada de la reforma energética que abrió esta industria al capital privado ‒el PRI, el PAN, y desde una centroizquierda cada vez más derechizada el PRD‒ y gestora de las trasnacionales “verdes” que buscan hacer ganancias extraordinarias aprovechando los bajos salarios de México y los enormes recursos naturales del país para la producción de energía fotovoltaica, fototérmica y eólica.

10. La elección de las energías fósiles por parte del gobierno de AMLO, en el contexto de la crisis del cambio climático, es crítica. La apertura incondicional al capital privado que impulsan el imperialismo estadounidense y la derecha mexicana también. La energía es un recurso estratégico necesario para la vida humana. En la pandemia se volvió a verificar: tener energía eléctrica es fundamental para las telecomunicaciones, para que se garantice el suministro de agua, para las cadenas de frío de vacunas, sólo por citar algunos ejemplos.

Dicha elección tiene que ver con la herencia de los gobiernos anteriores que optaron por no equipar y renovar la estructura de la industria eléctrica y someterse a los apetitos del capital trasnacional que penetran en la generación de electricidad a través de las energías renovables (principalmente eólica y fotovoltaica).

Pero el gobierno de la 4T se queda a la mitad del camino, porque en estos tiempos en que se ha confirmado la conveniencia de la sustitución de la generación de la electricidad con combustibles fósiles para aminorar la contaminación ambiental y el calentamiento global, la sustitución de la estructura tradicional debe de hacerse fomentando la generación hidroeléctrica, eólica y fotovoltaica planificada desde la CFE como propietaria de estas nuevas industrias limpìas, nacionalizando las ya existentes, como las españolas Iberdrola, Endesa y la italiana Enel, por poner algunos ejemplos.

Son las y los trabajadores de base del sector energético, con el apoyo de profesionistas solidarios independientes de las grandes empresas, del gobierno y de la burocracia sindical, quienes pueden planificar una transición energética que favorezca los intereses de las mayorías y busque minimizar el impacto ambiental de la actividad humana, así como las afectaciones a territorios de las comunidades indígenas. Son ellos quienes pueden enarbolar la lucha por la renacionalización de todos los sectores que fueron privatizados, contra el outsourcing y por derechos laborales y salarios que cubran como mínimo el costo de la canasta básica y los servicios esenciales, y que se ajusten según la inflación.