El gobierno anuncia una apertura en fases regida más por los intereses empresariales para retomar la “normalidad” de sus ganancias que por criterios racionales y científicos que eviten un rebrote. Mientras, la crisis social y económica escala contra las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores.
Miércoles 13 de mayo de 2020 20:55
1. Test masivos y medidas de confinamiento selectivo
Desde el comienzo de la pandemia las medidas del gobierno han sido como las de un explorador que intenta navegar mares agitados sin brújula. Sin realizar test masivos desde el comienzo, se ha recurrido al confinamiento masivo de la mayor parte de la población, sin saber quién estaba contagiado y quién no. Incluso muchísima gente que tuvo síntomas y fiebre durante varios días nunca fue testeada, ni siquiera ahora, para saber si tuvieron o no el virus, si ya tienen inmunidad, etc.
Ahora que se inicia la apertura paulatina, la falta sistemática de test es aun más peligrosa. ¿Cómo comenzar la actividad laboral en sectores no esenciales sin identificar cuántos trabajadores son portadores del virus activo (que puede contagiar) aun siendo asintomáticos?
Esta apertura “a ciegas”, sin test masivos, pone en riesgo a toda la población, con la posibilidad de un rebrote aún más duro que el pico anterior.
Por eso exigimos test masivos, para todo el personal sanitario y para todas las personas que han tenido síntomas o han estado en contacto con alguna persona con síntomas, para saber si ya han tenido el virus. Estos testeos deberán extenderse de forma periódica a todas las personas que se reincorporen a trabajar en lugares donde estarán en contacto con personas de riesgo, etc.
Las apps de monitorización que ya están aplicando en varios países solo pueden ser efectivas si se implementan test masivos de forma frecuente a todas las personas que presentan síntomas o que hayan estado en contacto con personas con síntomas.
2. Mascarillas gratis para todos
El gobierno primero aseguraba que las mascarillas no eran necesarias, ahora dice que son obligatorias en el transporte público. Otra vez, los criterios que usan en esta crisis no son científicos, sino que están regidos por el pragmatismo y la negativa a poner todos los recursos en disposición de combatir el virus. Esto se podría haber hecho desde el comienzo, interviniendo las fábricas textiles para ponerlas a producir millones de mascarillas y confiscando todo el material sanitario necesario, para evitar la especulación con los precios.
Ahora, mientras el gobierno de la Comunidad de Madrid anuncia que va a repartir mascarillas gratis para las personas con tarjeta sanitaria, el personal sanitario de los hospitales sigue denunciando que no cuentan con mascarillas suficientes.
3. Información clara sobre los datos de transmisión comunitaria y terminar con los controles policiales de la población
Desde el comienzo de la crisis, la información ha sido parcial y confusa. ¿Cómo se podían dar datos de contagios día a día, si ni siquiera se testeaba a las personas que estaban enfermas en sus casas con síntomas notorios? ¿Cómo confiar en los datos de muertes oficiales, si al principio no se contabilizaba a las personas que morían en las residencias?
Mientras tanto, con el Estado de alarma, la policía y la Guardia civil tienen barra libre para seguir multando o deteniendo a las personas en la calle, obviando las dificultades para mantener el confinamiento en muchos barrios populares, en condiciones de hacinamiento de las familias. Basta de “Estado de excepción” bajo control militar y policial. Denunciamos que mientras millones de personas están obligadas a ir a trabajar, se han suspendido los derechos elementales de manifestación y reunión.
4. Inversión extraordinaria en la atención primaria y urgencias
Ya hemos visto en lugares como la Comunidad de Madrid, que, una vez pasado el pico más agudo de muertes, no se han renovado los contratos de miles de sanitarios que estuvieron reforzando la atención en los hospitales. Se prepara así un regreso a la “normalidad” de la desfinanciación de la sanidad pública, en la que la “normalidad” es la falta de personal suficiente, la falta de camas de UCI, de EPIS y de respiradores.
Es urgente reforzar la sanidad pública, tanto en atención primaria como en urgencias, con la contratación masiva de persona sanitario y la incorporación de estudiantes de enfermería y de medicina como auxiliares, que no cobren en ningun caso por debajo de los convenios de personal laboral sanitario y pase a platilla fija de todo el personal contratado. A su vez es necesaria una inversión presupuestaria extraordinaria en la sanidad pública, para revertir años de desfinanciamiento y vaciamiento.
5. Intervención inmediata y estatización sin pago de las residencias de mayores
Las residencias de ancianos han sido uno de los focos del contagio y cuentan con el trágico récord de mayor cantidad de muertes, superando el 50% de los muertos contabilizados en el Estado español. Un artículo publicado en CTXT explica que: “Según los últimos datos publicados por el IMSERSO, de los 5.457 centros residenciales que hay en España, cerca de un 75% son de titularidad privada. Es decir, más de 4.000 centros pertenecen al sector privado, mientras que apenas llega a 1.400 el número de residencias públicas. El sector, integrado por más de 150 gestoras de centros y servicios, alcanzó unos ingresos superiores a 3.500 millones de euros en 2016 en España, según datos de Alimarket. Tres años después, en 2019, el negocio de la atención a mayores mueve más de 4.500 millones de euros al año y no deja de aumentar”.
Estas residencias privadas, en manos de fondos buitres como Azora, grandes multinacionales como la francesa DomusVi (con 25.000 camas y 198 residencias en todo el Estado) o las constructoras españolas ACS, Sacyr y Eulen, mantienen su personal bajo condiciones de precariedad (en su mayoría son trabajadoras) y a los usuarios del sistema en condiciones penosas.
El cuidado de las personas mayores no puede ser un negocio, sus vidas valen, aunque los capitalistas los consideren “material descartable”. Por eso planteamos la nacionalización sin indemnización de todo el sistema de residencias privadas, bajo control del personal sanitario.
6. Licencias pagadas para las personas que tienen que cuidar niños
La desescalada laboral, mientras siguen cerradas las escuelas, vuelve a plantear el problema de quién cuida a los niños. Es necesario establecer licencias pagas al 100% para todas las personas que tienen que cuidar, que mayoritariamente suelen ser las mujeres trabajadoras. También es fundamental la garantía de educación infantil desde 0 años, gratuita, para todas las personas que lo necesiten.
7. Prohibición de despidos
En medio de la “desescalada”, el desempleo está escalando a una velocidad sin precedentes. A los más de 3 millones de parados previos a esta crisis, se han sumado 1 millón de nuevos despidos en marzo, 4 millones de suspendidos mediante ERTEs -que muchos pueden convertirse en EREs o cierres en los próximos meses-, 2 millones de personas sin ingresos y 1,5 de autónomos en cese de actividad.
En el caso de los ERTES, que se han extendido hasta julio, son verdaderas subvenciones públicas a las empresas, que se ahorran el pago de los salarios a las plantillas. Mientras tanto, los trabajadores “recortan” de su bolsillo, porque solo reciben el 70% del salario. Además, las patronales han conseguido nuevos beneficios, flexibilizando las condiciones para poder despedir una vez que se acaben los ERTEs. Ahora las empresas podrán realizar despidos cuando concluya el ERTE por fuerza mayor. En el nuevo acuerdo firmado entre el gobierno, la CEOE y los sindicatos se permitirá que empresas relacionadas con el turismo, la hostelería o el ocio u otras actividades “estacionales” puedan despedir a sus trabajadores, aunque se hayan acogido a un ERTE por causa mayor derivado del coronavirus, con todos los beneficios que esto supuso.
Ante esta verdadera estafa patronal, una medida de urgencia es la inmediata prohibición de despidos, al menos por un año y prorrogable, en todas las empresas. Los empresarios han acumulado fortunas en los últimos años. Ahora que hay crisis la quieren descargar sobre los trabajadores. Nadie debe quedar sin trabajo en medio de esta catástrofe social. Toda empresa que cierre o despida debe ser ocupada por sus trabajadores, para exigir su estatización bajo control obrero.
8. Reparto de las horas de trabajo sin reducción salarial
Ante un panorama de millones de desempleados, se impone luchar por repartir las horas de trabajo entre todas las personas que buscan empleo. La reducción de la jornada laboral permitirá una mejor conciliación laboral y familiar, mejores condiciones sanitarias para toda la población, y la incorporación de las personas desempleadas al mundo laboral. Esto tiene que hacerse sin reducir el salario, manteniendo un salario mínimo al nivel de la canasta familiar.
Al mismo tiempo, los comités de empresa deben tener capacidad de controlar las actividades de las empresas, para evitar cualquier tipo de vaciamiento, despidos o empeoramiento de las condiciones laborales.
9. Impuestos a las grandes fortunas y expropiación de la fortuna de la corona
Los capitalistas ya han ganado fortunas durante la última década y ahora siguen recibiendo rescates y ayudas por parte de los Gobiernos. Para que no sea la clase trabajadora la que pague esta crisis, exigimos que se imponga un impuesto del 20% a las grandes fortunas, se expropie la de la Familia Real, un impuesto del 50% a los beneficios del 2019 del IBEX35 y otro a la banca para recuperar el dinero del rescate. Esto daría de forma inmediata 100 mil millones para poder afrontar los primeros golpes de la crisis económica. Que las empresas estratégicas y la banca sean nacionalizadas bajo control de sus trabajadores y se paralicen los pagos de intereses de la deuda.
10. Que los sindicatos rompan la “paz social” con el gobierno.
Necesitamos un plan de lucha unificado por un programa de emergencia obrera ante la crisis. Las direcciones sindicales de CCOO y UGT están garantizando un verdadero pacto social al gobierno, firmando acuerdos con la CEOE para flexibilizar las condiciones de despido después de los ERTEs y otras medidas, como han hecho a lo largo de los últimos años. Necesitamos recuperar las organizaciones sindicales para la lucha de las trabajadoras y trabajadores, desde cada lugar de trabajo, impulsando asambleas y medidas de lucha por nuestros derechos.
Hoy un plan de emergencia que haga pagar la crisis a las grandes fortunas y empresas para atender la crisis sanitaria y social no es una opción, es una condición que define la vida o la muerte de miles de personas.
