La política educativa de los 7 primeros meses del PSOE en el gobierno de Aragón ha cambiado en las” formas” -ahora intentan consensuar sus medidas con los sindicatos- pero el “fondo” se parece demasiado al impuesto por el PP en los 4 años anteriores.
Jorge Calderón Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza
Viernes 15 de enero de 2016
Foto: EFE
Estamos más que acostumbrados a ver como el PSOE defiende o promete cuestiones cuando esta en la oposición y luego, cuando llega al gobierno, las “palabras se las lle va el viento” e incumple lo prometido. El caso del gobierno de Aragón y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, dirigida por la socialista Mayte Pérez, es un claro ejemplo.
Paralización mínima de la LOMCE y Colegio “Anfora” de Cuarte de Huerva.
Estas fueron las primeras medidas que tomó la nueva consejera y se puede afirmar que también las únicas. Aunque las ha llevado a cabo de forma parcial y sin mucho interés, como parte de las exigencias de PODEMOS para darles su apoyo en la investidura del socialista Javier Lamban.
Respecto a la LOMCE, frenó solo algunas cuestiones de la ley, aquellas que son de competencia autonómica (el currículo aragonés y los elementos de las pruebas de evaluación de primaria). Sobre el colegio “Anfora” de Cuarte Huerva -impulsado por una Cooperativa Privada de Profesores y dirigida por una empresa vinculada a la “Trama Púnica”- el gobierno no le dio la licencia de apertura por graves deficiencias técnicas. También recurrió judicialmente el “concierto” que el PP le había concedido en tiempo récord. Sin embargo finalmente los tribunales han obligado a autorizar la apertura del centro y restablecer el concierto. Tras estos reveses judiciales, solamente sindicatos como CGT y STEA siguen la lucha contra la subvención y apertura de este centro educativo.
Un acuerdo de ratios que no mejora significativamente la masificación.
El principal cambio es el intento de que sus principales medidas salgan con el acuerdo de la mayoría de los sindicatos. El primer gran pacto llegó con lo referente a las plantillas. Tras solo unas pocas semanas de negociación, y poco antes del inicio de la campaña de las elecciones generales, el gobierno logró un acuerdo con la mayoría de los sindicatos que sobre todo se usó para “hacerse la foto”.
El texto devuelve las ratios a los números previos a la llegada del PP: 22 alumnos en Infantil y Primaria, 27 en la ESO 27 y 30 en Bachillerato y FP, siempre con un posible incremento del 10% a lo largo del curso. Estas cifras venían acompañadas de un compromiso sobre el descenso progresivo del número de alumnos por aula, tan lento que por ejemplo habría que esperar al año 2015 para alcanzar los 22 alumnos en 6º de Primaria.
Es significativo, que el segundo sindicato más votado, la CGT, no se sumara al acuerdo, ya que considera que son necesarias ratios significativamente más bajas para que éstas influyeran directamente en una mejora de la calidad educativa (18, 20, 22 y 24 en los distintos tramos, más el 10% de matriculación).
Además criticaba que el mismo no recogía una serie de medidas reclamadas desde hace años por los centros educativos como medidas de apoyo a la escuela rural, mejora en aspectos como los desdobles y la concesión de apoyos, especialmente a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Nuevo Decreto de interinos y modelos de jornada escolar
El otro acuerdo alcanzado con los sindicatos (CSIF, STEA, CC.OO y UGT) es el nuevo Decreto de interinos (docentes sin plaza fija), que sustituye al impuesto por el PP. El mismo contiene algunas reivindicaciones de estos profesores como la eliminación de la lista preferente -que obligaba a los interinos a aprobar la oposición cada vez que es convocada, sin tener en cuenta las anteriores convocatorias, algo que hizo que cientos de compañeros que llevaban varios años trabajando dejaran de hacerlo-, que volviera a contar la mejor de las ultimas notas, la equiparación en los porcentajes del concurso-oposición -45 % experiencia docente , 30% nota de la oposición, 15 % para la formación académica y 10% para otros méritos- o la supresión del procedimiento de evaluación de la competencia -que era exclusivo para el funcionariado interino y que podía terminar con la exclusión de listas-.
Sin embargo el decreto sigue dejando pendientes otras muchas reivindicaciones, que fueron defendidas en solitario por la CGT, como la voluntariedad de todas las plazas al inicio de curso, la no caducidad de las notas o la rebaremacion permanente – la posibilidad de añadir nuevos méritos para poder subir en las lista de interinos- como ocurre en Sanidad, y no cada 3 años, como aparece en el Decreto. Y lo que es más importante, el nuevo gobierno pretende dar continuidad a una realidad laboral que ya se ha convertido en estructural, la existencia de miles de profesores en precario. De acabar con el régimen de interino y crear las plazas públicas que necesita la educación ni una palabra.
Lo más grave es que se mantiene una vulneración fundamental de los derechos básicos de los trabajadores de la educación, como es la no discriminación del profesorado interino respecto al que tiene plaza, respecto a que su contratación se realice del 1 de septiembre al 31 de agosto -para que así puedan volver a cobrar los 2 meses de verano que el PP les quitó hace 3 cursos- y el derecho a percibir los complementos de formación (sexenios).
Con respecto a los modelos de jornada escolar, en los centros de educación infantil y primaria, tanto la CGT como STEA se oponen al modelo pactado con la administración por el resto de sindicatos. Una reivindicación histórica del profesorado, la jornada continua (como en secundaria y bachillerato), es dejada en manos de la libertad de los centros si más de la mitad de familias así lo quiere. Además las actividades de refuerzo que se proponen realizar por las tardes recaerían en el mismo personal en vez de contratar a más profesores, una mayor carga de trabajo sin remuneración. Tampoco queda garantizado que el comedor escolar y sus trabajadores se mantuviera como un servicio esencial, más si atendemos a las cifras crecientes de pobreza infantil, en aquellos centros que optasen por la jornada continua.
El camino sigue estando en la organización, la movilización y la lucha.
Como vemos este gobierno solo ofrece “buen talante” y poco más. Tras los duros recortes del PP, los más duros de la democracia, gran parte de los 3.000 compañeros despedidos en los años anteriores siguen en la calle, el gobierno se niega a pagar las vacaciones de verano a los interinos -cosa a la que se comprometió cuando estaba en la oposición-, los acuerdos firmados son de mínimos y totalmente insuficientes, no se resuelve la masificación en las aulas, la falta de recursos de apoyo, se sigue dando gran parte del dinero publica a la escuela “concertada”.... En los Presupuestos presentados y que se están negociando actualmente en las Cortes de Aragón, no se recupera prácticamente nada de todo lo recortado por el PP. Aragón seguirá siendo la sexta comunidad del Estado Español que menos invierte en Educación.
Por todo ello nada podemos esperar de este gobierno. Solo la organización y la lucha constante en los centros educativos donde trabajamos y en la calle, enfrentando la política de continuidad de este gobierno respecto al anterior -con el apoyo parlamentario de PODEMOS- podremos recuperar todo lo perdido en la anterior legislatura y avanzar en conseguir realmente una educación pública, de calidad, gratuita y democrática.
