Durante el mes de mayo se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Seguridad del Senado, luego quedó estancada en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Domingo 8 de agosto de 2021
Este proyecto de ley de indulto general tiene como objetivo que de manera excepcional lograr como efecto la extinción de la responsabilidad penal y la remisión de la pena, cuando corresponda, por los hechos delictivos que se enumeran en su artículo 1o (de la ley) y que hayan sido cometidos desde el 07 de octubre de 2019 hasta el 09 de diciembre de 2020.
Este se fundamenta en un estricto enfoque de promoción y defensa de los derechos humanos, adecuado a las normas y doctrina del derecho internacional de derechos humanos y la búsqueda urgente de una solución política, con sentido humanitario, a la situación en que se encuentran, desde hace más de un año, las personas, especialmente jóvenes, que han sido imputadas e imputados, por supuestos delitos causados en el marco de las protestas sociales del estallido iniciado en octubre de 2019.
El perfil social y económico de las y los presos políticos se ubica en que son jóvenes que han vivido en la pobreza o en la marginalidad social y han sido históricamente vulnerados en sus derechos humanos, carentes de una adecuada protección social, especialmente en cuanto a sus derechos a la educación y a la salud física y mental, todo esto en el marco del modelo neoliberal, instalado en Dictadura en nuestro país. Esto es una muestra más de que el sistema judicial en Chile encarcela solo a los pobres.
Cabe destacar que el proyecto no utiliza el concepto de “presos políticos” y que se encuentra estancado debido a que el Senador por la Región de Antofagasta Pedro Araya, presidente de la comisión, quien indicó que “probablemente este proyecto va a ser votado a mediados de agosto”. Desconoce toda necesidad y urgencia que requiere la libertad de los presos de la revuelta, quienes llevan más de un año y medio, sin un juicio, con medidas cautelares desproporcionadas, donde carabineros, que han perdido toda legitimidad, se presentan como ministros de fe en casos donde es sabido que las pruebas y testimonios son falsos.
Además de las constantes manifestaciones de los familiares de las y los presos políticos exigiendo su liberación, y que la Convención Constitucional, que esta semana cumplió un mes de su funcionamiento, emitió una tibia declaración sobre la situación de los presos políticos, solo pidiendo una suma urgencia legislativa.
Si hoy en día nos encontramos en un proceso de Convención Constitucional, que se encuentra bajo los poderes del Estado, es únicamente a las personas que salieron a protestar y que hoy se encuentran detenidas, por lo que de no buscar la justicia de aquellos que lucharon por un cambio, se hace necesaria la autoorganización de las y los trabajadores para poder exigir la justa liberación de las y los presos políticos de la revuelta y por las demandas de octubre que aún ni siquiera son discutidas a un mes de la convención constitucional.
