El decreto presentado en la noche del lunes fue acordado con la Central Unica de Trabajadores, Força Sindical y empresarios del sector automotriz y representa un nuevo ataque a los trabajadores. Crea el Programa de Protección del Empleo, que permite la reducción de la jornada de trabajo en un 30% con la respectiva rebaja salarial.
Miércoles 8 de julio de 2015
Fotografía: EFE
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Para el trabajador, la reducción sería del 15% ya que los otros 15% serían pagos con recursos públicos del Fondo de Amparo al Trabajador (FAT). Si es aprobada por el Congreso, la medida significará un importante nuevo ataque a los trabajadores en medio a proyecciones que indican una inflación que supera los 9% al año.
La medida fue anunciada luego de la reunión durante la tarde entre Dilma, los ministros Manuel Dias (Trabajo), Miguel Rossetto (Secretaria General), Nelson Barbosa (Planeamiento) y representantes de la CUT -entre ellos el presidente del Sindicato de Metalúrgicos del ABC- y de Força Sindical. Según la declaración del ministro Miguel Rossetto a la Rede Brasil Atual, el modelo creado con el Programa de Protección del Empleo (PPE) fue propuesto por los propios dirigentes sindicales ya en 2012, con base en un programa similar implementado en Alemania.
Un trabajador que recibe 1.500 reales, con el PPE pasaría a recibir 1.275 reales. De estos, 1.050 reales serían pagos por la empresa y 225 con recursos públicos del FAT. El programa prevé un plazo inicial de seis meses, renovables por seis más. Para adherir, las empresas tendrán que estar al día con el pago de impuestos, contribuciones previsionales y con el Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS). Además, deberán comprobar dificultad financiera a partir de reglas establecidas por un comité formado por ministros del área económica. También debe comprometerse durante la vigencia del PPE y dos meses después de su finalización.
En entrevista al diario O Estado de São Paulo, el secretario general de Força Sindical, Sérgio Luiz Leite dijo que “el día a día de los sindicatos ha sido luchar para conseguir suspensiones o vacaciones colectivas. Aun usando estos mecanismos, la cantidad de trabajadores despedidos viene aumentando. Entonces esta programa viene en buena hora”. Ya Luiz Moan, presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores, afirma que las automotrices, junto a los sindicatos, van a presionar al Congreso para que la medida sea aprobada.
Al lado de los decretos ya aprobados por el Congreso, las MP 664 y 665, que entre otros ataques restringen el acceso al seguro desempleo, el PPE representa una nueva propuesta que descarga los perjuicios de la crisis económica sobre la clase trabajadora, mientras mantiene las altas ganancias de los capitalistas. Solo el año pasado, el gobierno federal transfirió a las grandes empresas cerca de 100 mil millones de reales en descuentos impositivos y pagó más de 300 mil millones de reales a los rentistas y banqueros detentores de la deuda pública. Ahora, ofrece una reducción de 30% en los costos con la fuerza de trabajo.
En nombre de una supuesta defensa de los empleos, las burocracias sindicales carneras vienen negociando derechos a través de suspensiones, vacaciones colectivas, y ahora, la reducción salarial. La experiencia hasta acá mostró que esas medidas quitan derechos y, al final, no garantizan los empleos. En un momento en el que las proyecciones para la inflación en 2015 ya alcanzan un 9%, una reducción de 15% en los salarios significará un nuevo duro golpe para los trabajadores. Además, la nueva MP trae consigo la posibilidad de los Acuerdos Colectivos Especiales (ACE) que abren el precedente de acuerdos fragmentados por fábricas, dejando a los trabajadores aun más vulnerables frente al chantaje patronal.
Diana Asunção, dirigente del MRT y del Sindicato de Trabajadores de la Universidad de San Pablo, opinó que “frente al aumento del desempleo y a la crisis económica, la garantía de los empleos y de la renta solo podrá ser alcanzada a través de la lucha coordinada de los trabajadores contra los intereses de los patrones. Necesitamos exigir en primer lugar la apertura total de los libros de contabilidad de las empresas que alegan dificultades. En seguida, la reducción de la jornada con mantenimiento integral de los salarios. Las centrales sindicales antigubernamentales necesitan urgente un plan de luchas unificado contra los ataques de Dilma y la traición abierta de las burocracias sindicales”.
