Miércoles 23 de septiembre de 2015
Este martes el Congreso podría poner en tablas un conjunto de vetos presidenciales que, en caso de ser derribados, mostrarían el total descontrol del gobierno sobre el Congreso. Un acuerdo entre el vicepresidente Michel Temer y el presidente de la cámara baja, Eduardo Cunha, pospuso la votación.
Luego de conversar con el vicepresidente de la República, Michel Temer este lunes (21), el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha (PMDB de Rio de Janeiro) defendió que no se derribe el veto presidencial al reajuste de empleados judiciales.
“Creo que, concretamente, no se debe derribar ese veto. Sería una actitud de poner echar más leña al fuego. Es prender el fósforo en el tanque de nafta. No soy partidario de eso”, afirmó Cunha al llegar a la Cámara, después de almuerzo en el Palácio de Jaburu, residencia oficial del vicepresidente de la República.
Para Cunha, la sesión del Congreso, marcada para la noche de ayer (22) por el presidente del Senado, Renan Calheiros (PMDB de Alagoas) debería ser pospuesta nuevamente. “No podemos saber qué va a pasar. Lo ideal es que no lo votemos mañana (por ayer)”, dijo el presidente de la Cámara.
Cunha dijo haber percibido la prudencia de líderes incluso de la oposición en relación a la derribada del veto. “No tiene sentido que recriminemos y no estemos de acuerdo con la creación de impuestos y ayudar a generar gastos” dijo el peemedebista.
Vetos a los trabajadores
El gobierno hace foco en la cuestión del reajuste de judiciales, que es una demanda impopular ya que aumentaría el salario de algunos sectores privilegiados de los empleados judiciales, aunque la misma alcanza también cerca de cien mil trabajadores. Además de este veto, los otros dos principales vetos en una lista 32 alcanzan de lleno a los jubilados.
La aplicación de reajuste del salario mínimo a todos los beneficios de previsión social en el decreto MP672 es uno de ellos. El argumento del Planalto (ejecutivo) para el veto es que “en los años siguientes, con la reanudación del crecimiento del PBI y del mayor aumento real del salario mínimo, el crecimiento será exponencial, elevando aún más la diferencia en relación a la regla vigente”. Es decir, el peligro para el gobierno sería el de elevar el ingreso de los jubilados, que han visto sus rendimientos ser comidos por la inflación.
El otro veto se refiere al fin o la relativización del denominado "factor previsional". Esta medida, adoptada por el gobierno noventista de Fernando Henrique Cardoso con el objetivo de dificultar o retardar la concesión de jubilaciones y reducir el valor de los beneficios jubilatorios, ahora es defendida por el gobierno petista.
Convergiendo hacia el ajuste
Declaraciones de diputados de lados opuestos del espectro político, como Rodrigo Maia del DEM y Chico Alencar del PSOL, el gobierno sería derrotado si los vetos van a votación. Para Maia, “si se vota, van a derribar todo. El gobierno no tiene base. Los (vetos) que tienen relación con el sector público son los de más difícil retención para el gobierno. Chico Alencar opinó que “No hay tanta movilización de jubilados (como de judiciales), pero ese veto también será derribado. Esa es la temperatura actual en el Congreso. Dicho sea de paso, que la presidenta no tenga base de sustentación no es novedad”.
A pesar de esto, la declaración de Cunha defendiendo el mantenimiento de los vetos y la postura del PSDB indican que los intereses empresarios y del sistema financiero en aprobar el ajuste del gobierno y presionar para que sean cada vez mayores van a prevalecer sobre la demagogia de los parlamentarios. De lo contrario, al ser incapaz de mantener sus propios vetos, el gobierno perdería la confianza incluso de los sectores que lo apoyan para que logre aplicar los ajustes exigidos por el gran capital.
