La diputada autonomista tildó de “inconsecuente” al Gobierno por haber sido un obstáculo en la implementación del aborto en tres causales. Esto, ante el nuevo Reglamento de Objeción de Conciencia Individual e Institucional publicado este martes.
Jueves 25 de octubre de 2018
A más de un año de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del embarazo en tres causales, el pasado martes se emitió el nuevo protocolo que regulará la objeción de conciencia individual, así como institucional.
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Esto luego de la arremetida del gobierno de Piñera que a semanas de haber asumido el poder ejecutivo, buscó imponer la objeción de conciencia institucional, favoreciendo a los prestadores privados de salud que se opusieran a realizar la prestación, ya que seguirían recibiendo financiamiento público por las prestaciones ginecoobstétricas.
Frente a esto fue que se declaró inconstitucional la normativa por la Contraloría, afirmando que aquellos recintos privados que se nieguen a prestar este mínimo derecho no podrán recibir financiamiento estatal.
Es así como la iniciativa de la derecha terminó con un protocolo que es prácticamente igual al inicialmente propuesto por el gobierno saliente de Bachelet, que de todos modos creó la objeción de conciencia y que significó una traba en los hechos a la aplicación de la ley.
En entrevista con CNN la diputada del Frente Amplio, Camila Rojas (Izquierda Autónoma) menciona que esto es “un giro en 360 grados” dado que se volvió al “espíritu” de que buscaba la ley aprobada en el gobierno anterior. Y agrega que "no hay que olvidar que para que hoy exista reglamento ha existido movilización social, particularmente feminista y de las mujeres...que hoy hayan reconocido (el gobierno) y que estén presentado un reglamento casi idéntico al que se había presentado por la administración anterior tiene que ver con la presión social".
No se equivoca al decir que las movilizaciones, el “mayo feminista” y la marea verde que trascendió fronteras, han sido factores de presión y exigencia al legislativo. Basta con recordar que el 25 de julio fueron alrededor de 50.000 las y los convocados en Santiago y una importante convocatoria también en regiones. Sin embargo, lo que llenó las calles era el objetivo del Aborto Legal, Libre, Seguro y Gratuito, aspiración muy por encima de este reglamento e incluso de la despenalización.
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Además, Rojas sostiene que se debe exigir al actual gobierno incluir en el presupuesto de 2019 una de las garantías de la ley, que corresponde al traslado en caso que no se otorgue la prestación, por objeción de conciencia. Esto ya que en términos prácticos la objeción de conciencia ha dado paso a que en algunos recintos todos los especialistas sean objetores individuales - sobretodo en la causal de violación - negando el acceso oportuno a la prestación.
La parlamentaria frenteamplista “va más allá” y se refiere a que “este año presentamos un proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas” que “también tiene que ver con la despenalización social” cuestión que la misma relaciona con que hayan objetores individuales. Sin embargo, un estudio [1] del 2007 reflejó que el número de casos de aborto reportados al sistema judicial penal representó menos de 0.5% de los casos atendidos en hospitales en el año 2001, o menos de 0.01% de todas las investigaciones penales de la Oficina del Fiscal y la Defensoría Penal Pública. Cuando ni siquiera estaban legisladas las tres causales.
Por lo tanto, la despenalización corre el riesgo de tener un impacto cuantitativo insignificante y además no es el único factor de la estigmatización o "penalización social".
No sólo eso, el mismo conglomerado se contradice al rebajar el propio programa de Beatriz Sánchez -y por ende las expectativas puestas en el movimiento de mujeres- que pregonaba "son pilares fundamentales de este programa el derecho a una educación sexual que entregue herramientas para decidir, el acceso igualitario a métodos anticonceptivos efectivos que eviten los embarazos no deseados, y el derecho a un aborto legal que asegure a las mujeres una decisión soberana y una maternidad elegida."
Por otra parte si observamos que de los 1140 médicos reportados como objetores, 538 lo son para la causal de violación (47%) a lo que la diputada insiste que eso “no solo tiene que ver con la convicción de los médicos que sin duda es respetable” insistiendo en que la despenalización social sería relevante para revertir la disposición de los y las profesionales.
Devaluando el componente de machismo y de moral conservadora en esa “convicción”, ya que esta objeción de conciencia personal no se aplica para ninguna otra patología o prestación médica, y en realidad se convierte en una traba para poder cumplir con las mínimas tres causales, y qué decir del obstáculo para conquistar el derecho por el Aborto legal, libre seguro y gratuito.
Desde la agrupación estudiantil Vencer y Pan & Rosas, del feminismo socialista, tenemos la convicción de que no solo por medio de “cambios culturales” es como conquistaremos nuestros derechos, sino que con la amplia organización de mujeres en unidad con estudiantes y trabajadores, en lugares de estudio y trabajo; cuestión devaluada hasta ahora por el Frente Amplio que aún no pone a disposición de esta organización sus tribunas y bancadas parlamentarias: al servicio de las mujeres organizadas en las calles por el aborto legal, libre, seguro y gratuito.
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[1] [1] Bonnie L Shepard, Lidia Casas Becerra. Políticas y prácticas del aborto en Chile: ambigüedades y dilemas. Reproductive Health Matters 2007;15(30):202–210