Desde la asamblea estudiantil en el Campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, se levantó está campaña de firmas, en respuesta a la dura represión que se vive por parte de la comunidad educativa a manos de FF.EE. y contra la ofensiva de diputadas como María José Hofmann, que viene impulsando el “Aula segura universitaria”.
Jueves 15 de agosto de 2019
La diputada Claudia Mix (Comunes, FA) y Camilo Brodsky concejal (Convergencia Social, FA) son solo algunes de quienes han firmado está campaña de firmas, que busca exigir el retiro de las Fuerzas Especiales de Macul con Grecia, las cuales al día de hoy se mantienen como punto fijo frente a las universidades.
Esta campaña, es impulsada desde la asamblea estudiantil del campus JGM, de la Universidad de Chile, quienes se han visto reprimides por las FF.EE. que están apostadas permanentemente en la zona y han irrumpido en la universidad, rompiendo mobiliario, lanzando gases lacrimógenos, incluso hiriendo a estudiantes impunemente.
La declaración que puedes abrir y firmar en este link, ha sido firmada también por personalidades como Dauno Tótoro ex candidato a diputado por la circunscripción, quien particularmente ha buscado irradiar a diversos sectores e impulsar a firmar, reuniéndose con organizaciones como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Comisión Ética Contra la Tortura, Colectivo 119, Asociación por la Memoria y los DDHH José Domingo Cañas, Fundación Helmut Frenz, quienes ya han firmado esta importante campaña.
Fin a la represión ¿Luego qué?
Las y los firmantes, declaran también, que “la solución a los problemas de violencia al interior de las universidades pasa por un control democrático por parte de las comunidades educativas de sus espacios, partiendo desde la defensa irrestricta a la Autonomía Universitaria como principio inviolable del quehacer universitario y la organización estudiantil, funcionaria y académica al interior de las instituciones de Educación Superior”.
Es decir, esta campaña plantea terminar con la represión policial, pero abre una perspectiva mayor, el control de los espacios educativos por parte de la comunidad, una cuestión clave si queremos avanzar a ver la educación como un derecho, como una cuestión democrática, gratuita, de calidad, laica y no sexista.
