El apuro por aprobar un proyecto que amnistía crímenes de financiamiento de campañas políticas sonó casi como una confesión colectiva de los diputados. Retrocedieron ante la repercusión negativa.
Miércoles 21 de septiembre de 2016
La Cámara de Diputados de Brasil tenía pautado en forma urgente tratar este martes un proyecto que les garantizaría amnistía por los crímenes conocidos como “caja dos”, el financiamiento de campañas electorales con fondos ilegales.
La maniobra parlamentaria consistía en incluir una enmienda en dos ítems de las medidas denominadas “anticorrupción”, cuyo texto originalmente criminaliza el lavado de dinero y desvío de dinero en las donaciones de campañas electorales. La enmienda permitía una amnistía para los crímenes cometidos antes de la fecha de aprobación de la medida.
La operación judicial conocida como “Lava Jato” viene investigando diversas campañas electorales y denuncias como la del publicista del PT João Santana que aseguran que el 98% de las campañas electorales utilizan la “caja dos”. Es por esto que los diputados buscaban protegerse rápidamente por medio de esta maniobra parlamentaria. Con la mirada puesta en su elegibilidad en el 2018, los diputados intentaron garantizar que la medida se pusiera a votación rápidamente.
Algunos diputados, como Ivan Valente del PSOL de San Pablo, protestaron contra la votación, que fue incluida en el orden del día por medio de un requerimiento de urgencia. Pero las críticas y el desgaste de los parlamentarios frente a la opinión pública, con una medida que solo los beneficia a ellos mismos, llevó a que se posponga la votación.
Los defensores de la maniobra parlamentaria, como Renan Calheiros, del PMDB de Alagoas, Carlos Sampaio, del PSDB de San Pablo, y Rodrigo Maia, del DEM de Rio de Janeiro, alegaron no tener en vista la amnistía, pero tuvieron que acatar el retroceso. Disfrazando la medida de un combate a la caja dos “a partir de ahora”, la amnistía de los crímenes ya cometidos sería un bono para los parlamentarios.
Además del perdón por sus crímenes, los diputados debatieron el regreso de la financiación empresarial de las campañas, lo que es contradictorio con el combate a la caja dos. Buena parte de los casos descubiertos involucran donaciones a campañas de empresas, como es el caso de Andrade Gutierrez, que confirmó el pago de coimas en la campaña de Dilma en 2014. Esa es una denuncia que, en caso de que la expresidenta sea condenada, podría impugnar la fórmula presidencial, incluyendo al golpista Michel Temer. Con la aprobación de la amnistía, también estarían libres de riesgo.
El retroceso de los parlamentarios no significa que desistirán de hacer maniobras para intentar no ser juzgados por los crímenes cometidos en las campañas. Pero este es un momento en el que buscan evitar más desgaste, con muchos diputados postulándose en las campañas municipales, lo que hace que los movimientos en la Cámara sean aun más calculados. De todas maneras este episodio muestra cuánto están dispuestos a defenderse a sí mismos y garantizar sus intereses y los del empresariado al que representan.
