La ley de responsabilidad penal empresaria fue votada en general hace una semana. Con modificaciones acordadas con el peronismo, hoy podría votarse en particular.
Miércoles 5 de julio de 2017 09:47
Después del fracaso en poder votar la ley de responsabilidad empresaria la semana pasada en la Cámara de Diputados de la Nación, hoy el oficialismo volverá a insistir con la norma.
Desde Cambiemos consideran que una norma de este tipo es esencial para garantizar negociaciones con empresas que hayan pagado sobornos. Tal es el caso de la brasilera Odebrecht, que admitió haber pagado por lo menos U$ 35 millones de coimas entre 2007 y 2014 en Argentina.
La medida no es para nada inocua, lejos de la forma en que quiere presentarla el Gobierno. La norma apunta, esencialmente, a generar un marco legal para que las empresas que pagan coimas en Argentina puedan tener mecanismos a su disposición en pos de garantizarse grados de impunidad y la posibilidad de seguir operando.
La semana pasada, en la Cámara Baja se logró solo la aprobación en general de la normativa. Esto ocurrió gracias al acuerdo entre Cambiemos y el Frente Renovador de Sergio Massa. Cuando se inició la votación en articular, ese acuerdo se quebró y el artículo fue votado en contra. Fue a propuesta de Elisa Carrió que se definió pasar la sesión una semana, en aras de intentar negociar la norma.
Más información: Cambiemos no logró la aprobación final de la ley de “Responsabilidad Penal Empresaria”
Esto es lo que parece efectivamente haber sucedido y permitiría que la ley se vote hoy de manera completa en la Cámara de Diputados. El cambio más importante que habría aceptado el oficialismo tendría que ver con retirar o modificar el artículo 37, que beneficiaba abiertamente a Odebrecht.
La norma, tal como había sido llevada al recinto por el oficialismo, daba a las empresas la posibilidad de acogerse voluntariamente a acuerdos con el Gobierno por hechos anteriores a la sanción de la ley. Al mismo tiempo, establecía que esa negociación podía llevarse a cabo directamente con la Procuración del Tesoro de la Nación, dejando de lado a la Justicia.
Si el Gobierno busca una norma de este tipo es para lograr un acuerdo que le permite acceder a la información de los funcionarios beneficiados por las coimas. En el marco de la campaña electoral, cualquier acusación contra ex funcionarios kirchneristas puede ser un arma. Al mismo tiempo, poseer esa información aporta al oficialismo a blindarse por la eventual aparición de nombres propios o de empresarios amigos en las listas de quienes fueron sobornados.
Las coimas pagadas por Odebrecht parecen no haber hecho distinción entre macristas y kirchneristas. A la hora de la corrupción, la “grieta” no existe.
Más información: Odebrecht: donde se acaba “la grieta”