Tras la derrota en el plebiscito para una nueva Constitución en septiembre de 2022 el Gobierno de Boric empezó a negociar con las fuerzas políticas tradicionales y la derecha un nuevo proceso constituyente aún más amañado que el anterior. Este miércoles la Cámara de Diputados de Chile le dio su aprobación.
Jueves 12 de enero de 2023 09:18
Este miércoles la Cámara de Diputados de Chile aprobó el proyecto de reforma institucional que habilita un nuevo proceso constituyente sobre las bases pactadas por los partidos tradicionales de la derecha, la ex Concertación y los partidos de la coalición del gobierno de Boric, Apruebo Dignidad: Frente Amplio y Partido Comunista.
Por 109 votos a favor, 37 en contra y 2 abstenciones, los diputados aprobaron la reforma conocida como "acuerdo por Chile", que establece que el nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental estará integrado solo por 50 personas elegidas por la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de expertos designados por el Congreso.
Este vergonzoso “acuerdo por Chile” pasó holgadamente la prueba del parlamento y ahora espera su promulgación. Con este acuerdo los partidos de oposición y oficialismo buscarán cerrar la crisis de legitimidad institucional que se arrastra desde hace años y constituir así un nuevo acuerdo de gobernabilidad que liquide las aspiraciones populares de terminar con la herencia de la dictadura pinochetista.
Lo que se presenta como un gran acuerdo entre los diferentes partidos, no es más que un nuevo intento por apuntalar el consenso neoliberal y recuperar la legitimidad del modelo económico, el Estado y sus instituciones luego de la enorme impugnación que se vió reflejada durante la revuelta del 2019, y que incluyó el cuestionamiento abierto a la herencia pinochetista plasmada en la constitución de 1980.
Durante la discusión, los parlamentarios oficialistas y de la oposición más tradicional defendieron el acuerdo al que llegaron evitando mencionar el contenido del mismo: que este acuerdo no es democrático, excluye la participación y la deliberación de la clase trabajadora y los sectores populares, transformándola en un acuerdo por arriba, donde los partidos al servicio de los empresarios buscan tutelar el proceso y evitar así cualquier posible reforma, por más mínima que sea, que escape del proyecto burgués.
Ahora con el acuerdo aprobado, las fechas comienzan a correr a partir de su promulgación por lo que los partidos con representación parlamentaria, independientemente de si firmaron o no el acuerdo, deberán fichar a quienes conformarán de la comisión de expertos, quienes tienen la tarea redactar un anteproyecto basado en el documento que denominaron como “contornos”. La composición de este comité que es representado por designaciones de los partidos tendrá un rol clave, al igual que el comité técnico de admisibilidad, que deberá revisar y decidir qué proyecto puede o no debatirse, una especie de tribunal constitucional pero esta vez incluso para el borrador de una nueva constitución.
La reforma establece las características del nuevo órgano que redactará la propuesta de Ley Fundamental, que estará integrado por 50 personas electas por la ciudadanía y contará con el apoyo de un comité de 24 expertos designados por el Congreso.
Este acuerdo está tan alejado de las necesidades de la clase trabajadora, los sectores populares e incluso las capas medias, que muy pocos sectores lo avalan o lo sienten como un “avance”. Y esto es problemático para los partidos tradicionales ya que parte de sus esfuerzos apuntan a superar la crisis de hegemonía burguesa que enfrenta el país.
Por eso no llama la atención que la aprobación del proyecto contó con 109 votos a favor, 37 en contra y solo 2 abstenciones, ya que los esfuerzos de los presidentes de los partidos por alinear sus bancadas se hizo a toda velocidad.
A pesar de esto los descuelgues se dieron principalmente en el derechista Renovación Nacional por parte de diputados “díscolos” o cercanos al partido Republicano (que no firmó el acuerdo y votó en contra), el resto fueron exmilitantes o independientes en bancadas del oficialismo.
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Como decíamos en artículos previos, este acuerdo “constituye un triunfo y una consumación de una orientación estratégica de la gran burguesía, para encauzar la crisis que sigue viviendo el país y darle un cierre de término. Se trata de un intento “hegemónico” agregando las fuerzas de capas medias y del reformismo y las burocracias sostenidas por el PC, de reeditar aquellos gloriosos “30 años” que reivindica el gran empresariado y el capital extranjero del “modelo chileno”. lo que veremos durante los próximos meses es la consumación de este esfuerzo conjunto por enterrar la rebelión y dar paso a un nuevo ciclo de consenso neoliberal aunque esta vez con bases mucho más precarias tanto en términos económicos como políticos que lo que se vivió durante los 90 y los 2000".
Estas son las fechas clave del proceso que se vivirá durante 2023:
Esta comisión dispone de tres meses para presentar un anteproyecto constitucional.
En la misma fecha se instalará el Comité Técnico de Admisibilidad, cuerpo legal paritario integrado por 14 juristas propuestos en una sola nómina por la Cámara de Diputados y ratificados también por el Senado. Los 4/7 de sus miembros deberán estar en ejercicio.
Estará integrado por medio centenar de personas que habrán sido elegidas de acuerdo con las normas que rigen a los senadores, es decir por circunscripción senatorial.
Cien días antes deberá estar cerrado el padrón electoral para una consulta de carácter universal y obligatoria.
