Política. Diputados de la CGT: cobran $ 150 mil pesos, ¿qué hacen por los trabajadores?

En estas últimas semanas, los llamados “diputados sindicales” han vuelto a los titulares de los diarios. Primero fue con la Ley Antidespidos, cuando las cúpulas gremiales concentraron su “plan de lucha” en los pasillos del Congreso. Más reciente fue la aparición de Oscar Romero, jefe del Bloque Justicialista, acompañado por una marcha del SMATA en apoyo de la “Ley de Autopartes”.

La “rama sindical” ya no tiene el peso que tenía dentro del peronismo y el parlamento, es cierto. Pero aprovechemos los hechos de las últimas semanas para repasar: quiénes son, cuánto cobran y qué hacen los diputados de la CGT.

El abanderado

Oscar Alberto Romero, hombre del SMATA, Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. “Abogado, político y sindicalista argentino” según su perfil público. Integrante de la directiva del sindicato desde 2012, como Subsecretario de leyes y convenios laborales (“a la baja”, agregarían muchos mecánicos).

Bancada actual: Bloque Justicialista, aunque fue elegido por el Frente para la Victoria.

Según datos de la AFIP Romero cobra, como el resto de los diputados, $91 mil por mes. Pero además tiene otros beneficios que otorga el Congreso (desde pasajes a fondos para becas y subsidios). Por si no le alcanza, recibe todos los meses del SMATA otros $39 mil. Los 10 mil que suma del taller “3 de Febrero” podríamos considerarlo un vuelto. Este mes, con los aguinaldos (como diputado no recibe según dicta la Ley de Ética Pública) le tocarán $165 mil pesos para seguir representando los intereses de los mecánicos “en las fábricas y el Congreso”. Algo así como 25 veces lo que cobrará un suspendido de cualquier automotriz.

¿Y qué hace? En 2014, a poco de ingresar al bloque del FpV, firmó el proyecto que impulsaba Héctor Recalde para modificar la Ley de Contratos de Trabajo. Anulación de los despidos cuando estos sean socialmente injustos o discriminatorios; elección del médico en caso de accidente inculpable; presunción de despido ante la no renovación de un contrato de trabajo; declaración como ilegal y discriminatoria la no reincorporación de trabajadores involucrados en una huelga u otras medida de acción directa. Muy interesante...

¿Pero en 2014 no fueron los 65 despidos discriminatorios en Gestamp y los 200 en Lear, todos de activistas opositores? ¿Y la judicialización de sus medidas de fuerza? ¿No fueron discriminatorios esos despidos? ¿Y los cientos de “rotos” que dejaron afuera las empresas, pudieron elegir médico Romero?

Parece que Romero borra con las patotas del sindicato lo que firma en los pasillos del Congreso. Son esos mismos “muchachos” que insultaron al diputado Nicolás del Caño (PTS-FIT) cuando manifestó su apoyo a los despidos y la represión en Lear.

Pero Romero siguió con su trabajo. En medio de aquellos proyectos “para la tribuna”, se dedicó a atender los reclamos de los empresarios automotrices. Su mayor orgullo es el recientemente aprobado “Régimen de Fortalecimiento del Autopartismo Argentino”. Con la excusa de defender los puestos de trabajo, establece jugosos beneficios impositivos para las terminales que utilicen autopartes producidas en el país. El proyecto fue promocionado por Mauricio Macri, ex empresario automotriz él. Para impulsar la aprobación, el SMATA presionó a cientos de trabajadores a que se movilicen al Congreso.

Como dijo la diputada Myriam Bregman (PTS-FIT), “la dirigencia sindical no tuvo la misma fuerza para movilizarse, ni la misma decisión política, cuando aquí tratamos la ley antidespidos”.

Y sus escoltas

Alberto Roberti es diputado por el Bloque Justicialista, pero además dirige la Federación Argentina Sindical de Petróleo, Gas y Biocombustibles. Habitante de una mansión en el country Abril de Berazategui, tiene una relación estrecha con el ministro de Energía Juan José “tarifazo” Aranguren. Se conocieron persiguiendo militantes clasistas en la planta de Shell.

Roberti cobra 110 mil pesos mensuales de la Federación, y los 91 que le corresponden como diputados (más adicionales). O sea que este mes, aguinaldo de por medio, podrá contar con $255 mil para darse algún gustito. Quizá pueda comprarse un pura sangre para dejar en la Santa Mónica, su estancia en Gualeguaychú.

Hay que reconocer que le apasiona más la rosca política que el trabajo parlamentario. De tantos bloques por los que pasó en el PJ bonaerense le dicen “panqueque”. Pero se hizo su espacio. Por ejemplo para que se declare de interés de la Honorable Cámara el programa “Stop al trabajo precario”. Eso sí, sólo en la Honorable Cámara. De los portones de las refinerías para adentro que Juanjo haga lo que quiera. Sino preguntenle a los 130 tercerizados de Shell y los miles en la Patagonia.

Pero, como Romero, el sindicalista-diputado petrolero se ocupó más de los problemas de sus patrones que de sus afiliados, como con los proyectos para la industria de biodiesel o nuevos regímenes de promoción para empresas, entre otros.

Romero y Roberti votaron, por ejemplo, el pago de 10 mil millones de dólares a los fondos buitres en marzo de este año.

Abel Francisco Furlán es dirigente de la UOM Campana y diputado nacional por el Frente para la Victoria.

Fue uno de los pocos lugares que pudo conseguir Antonio Caló a pesar de ser el ideólogo de la Mesa Sindical Scioli Presidente. El acuerdo estaba sellado antes de que se hiciera público que Caló y Furlán estaban imputados en una causa por estafa, administración fraudulenta y lavado de millones de dólares provenientes de los afiliados metalúrgicos. Fueros para la Victoria.

Ahora se tiene que conformar con los 91 mil que cobra de Diputados, y los 81 mil que recibe de la UOM todos los meses. O sea que este mes podrá retirar más de $210 mil para “pasar el invierno”.

Como otros de los “diputados de la CGT”, Furlán ha apoyado proyectos que uno podría considerar positivos. Como la declaración de emergencia en materia laboral por un año o reformas de la Ley de Contratos de Trabajo sobre nulidad del despido. Pero terminaron en letra muerta. Nadie puede creer que esos derechos se puedan imponer “movilizándose” entre la mesa de entradas y los despachos del Congreso. Por eso Abel y la UOM no han podido parar la sangría obrera en Siderca, donde hubo despidos, acuerdos a la baja y cientos de retiros “voluntarios”. Tampoco los 3 mil nuevos desocupados metalúrgicos durante la “revolución de la alegría”.

A pesar de lo desagradecidos que son Siderca y los empresarios siderúrgicos, delegados expulsados del gremio denunciaron que “el diputado Furlán opera para conseguir beneficios para la patronal de Rocca”.

El derrotero de la “rama sindical”

La lista podría seguir. Con el massista Héctor Ricardo Daer, que cobra $30 mil Secretario Adjunto de Sanidad, 43 mil de la Obra Social y 91 mil como diputado massista. Parece que compite palo a palo con su hermano Rodolfo.

El moyanismo también tiene sus representantes en el Congreso, algunos alineados con el Frente Renovador (como Facundo Moyano que sigue cobrando del sindicato de Peajes además de su dieta de diputado), otros con partidos provinciales como Compromiso por Chubut (como Jorge Taboada) o el Partido por la Cultura, la Educación y el Trabajo, como Omar Plaini. La lista de los diputados de la CGT se completa con Carla Pitot (APOC - Frente Renovador), Myriam Del Valle Juárez (UATRE - Cambiemos), Enrique Castro Molina (Camioneros - Compromiso por San Juan) y el senador Guillermo Pereyra (Petroleros - MPN).

No opinan ni hacen todos lo mismo. Lo sabemos. Pero los unen sus proyectos políticos: son los hombres de las cúpulas sindicales en el Congreso. Representantes de los intereses de las distintas alas del peronismo, la CGT o las patronales de su sector: nunca de los intereses obreros.

Como decíamos al principio, ya no tienen el peso de antes. En 1951 Perón les adjudicaba el 33% de los cargos en el gobierno y el congreso. Era el premio por subordinar las organizaciones obreras al Estado y al General. Esa influencia llegaría a su pico en 1975, cuando la ‘patria sindical’ manejaba tres ministerios y tenía 47 legisladores.

La debacle comenzaría con la derrota del peronismo en los 80 y se haría evidente con Menem.

En los 70 apoyaron el Pacto Social y las leyes de Perón e Isabel para perseguir a las organizaciones obreras combativas y la izquierda. En los ’90 la mayoría apoyó las privatizaciones, la reforma laboral y la flexibilización. Hoy militan dentro de las distintas fuerzas políticas que aplican el ajuste y con quienes la CGT pacta una tregua.

Su historia y su presente demuestran que la burocracia sindical se fue convirtiendo en el principal sostén de la gobernabilidad capitalista. No sólo en los lugares de trabajo, donde garantiza el orden para perpetuar la explotación. También en la vida política, donde llama a confiar en los partidos tradicionales y sus instituciones antidemocráticas.

Diputados de los trabajadores

Contra la trayectoria de Romero, Roberti y los diputados de la burocracia sindical, vale el ejemplo de Raúl Godoy. Obrero de Zanon bajo gestión obrera y diputado del PTS-Frente de Izquierda en Neuquén. Junto a sus compañeros recuperó el Sindicato Ceramista para transformarlo en una herramienta de lucha. Como diputado cobró el salario de una maestra y donó el resto a las luchas obreras y del pueblo mapuche. Cuando le tocó dejar el cargo volvió a su puesto de trabajo, hasta que miles de trabajadores y jóvenes lo volvieron a elegir.

Es la misma perspectiva que defienden Nicolás del Caño, Myriam Bregman y nuestros legisladores y legisladoras provinciales. La que levantaron cientos de candidatos y candidatas obreras que fueron en las listas del PTS-FIT. La que propone que nuestras bancas sirvan para denunciar los negociados y el saqueo del país, para difundir las propuestas de la izquierda clasista, para impulsar la organización de los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Pero también para pelear por una salida de fondo. Como dijo Godoy cuando asumió: “queremos que sirva también para dar en el terreno político la pelea por una alternativa propia de los trabajadores. Porque así como en nuestros lugares de trabajo peleamos por sindicatos sin burócratas, peleamos también por la plena independencia política de los trabajadores”.