La Cámara de Diputados votará el proyecto de urbanización de las 4228 villas, asentamientos y barrios populares registrados en el último censo.
Miércoles 4 de julio de 2018 12:07
Según los datos del Registro Nacional de Barrios Populares correspondiente al Ministerio de Desarrollo Social se identificaron 4.228 villas. Se trata de una superficie de 415,5 km2, es decir dos veces la ciudad de Buenos Aires, donde viven aproximadamente 3.5 millones de personas.
El proyecto de “régimen de integración socio-urbano y regularización dominial” llegará hoy al recinto con acuerdo de los principales bloques para que se transforme en ley, luego de la discusión en comisiones.
El proyecto propone la creación de un régimen de regularización dominal para la integración sociourbana, y dispone que la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá "individualizar los bienes inmuebles a expropiar, llevar adelante las tasaciones, iniciar los juicios de expropiación y establecer un marco regulatorio especial para la regularización dominial de las viviendas".
En tanto, Desarrollo Social tendrá a su cargo la coordinación, con los organismos competentes, del acceso a los servicios públicos básicos por parte de los habitantes de los barrios populares. En este punto, y de acuerdo con el relevamiento, el 93,81% no cuenta con acceso de agua corriente; el 98,81% no cuenta con acceso a cloacas; el 70,69% no cuenta con acceso a energía eléctrica; el 98,49% no cuenta con acceso a la red de Gas Natural.
Como parte del proceso de urbanización, el proyecto dispone la creación de un fideicomiso y se suspenden los desalojos por cuatro años.
Lo cierto es que al mismo tiempo el ajuste de Cambiemos viene afectando el salario real. El deterioro de poder de compra o alquiler de viviendas en condiciones dignas se explica por la devaluación del salario, que está muy por debajo de la inflación. Según un informe del Observatorio del Derecho Social de la CTA, el salario real de los trabajadores registrados del sector privado cayó un 0,6 % en el primer trimestre de 2018. Así, “el salario real se ubicó en el primer trimestre de este año en el nivel más bajo para dicho período desde el año 2011”.
Además, respecto a los trabajadores informales (en “negro”) y aquellos precarizados, el resultado es seguramente mucho peor.
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Esta situación da cuenta de los datos y tendencias que marca el último censo, según en el cual en la última década aumentó un 50% la gente que vive en villas y asentamientos en la Ciudad de Buenos Aires.
Doce años de gestión kirchnerista dejaron millones de familias en medio de la pobreza, con bajos salarios y precarización del trabajo, y de las condiciones de vida. El saldo fue un déficit de más de 3,5 millones de viviendas. Son 14 millones de personas, con problemas que van desde la carencia total de vivienda, pasando por condiciones inadecuadas (hacinamiento, precariedad), hasta la carencia de servicios básicos.
A su vez, la política del Gobierno cambiemita favoreció sistemáticamente a los especuladores, que en la industria inmobiliaria más de 350 mil viviendas vacías que mantienen el 44% exclusivamente para la especulación financiera. Porque en estos años las empresas inmobiliarias han ganado millones en perjuicio de los sectores más populares.
Los bancos privados hacen negocios siderales con los créditos y el Estado solo destina el 1% del PBI al crédito hipotecario (el más bajo de América Latina). Los promocionados créditos del Gobierno – como el Procrear – no son accesibles para las mayorías con bajos salarios y la construcción anual de viviendas también genera negocios millonarios para la patria contratista que ayer los Kirchner y ahora Macri defienden.
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