Dique Mauá: espacios y servicios públicos en función de negocios capitalistas

La decisión que tomó el gobierno nacional mediante un decreto en el 2016 de habilitar la enajenación (venta) de predios propiedad del Estado en la rambla montevideana abrió un debate crecientemente extendido acerca del manejo de los bienes declarados patrimoniales y de la defensa de los espacios públicos de esparcimiento en contraposición a los negociados empresariales. También la polémica denota algo que en general ya se toma como supuesto y es la concepción instalada de tomar a los servicios públicos en este caso el transporte de pasajeros como un negocio.

El decreto del gobierno fue a partir de una propuesta de la empresa de Juan Carlos López Mena Cipreses S.A. más conocida como Buquebus. A partir de allí el Ministerio de Transporte y Obras Públicas envió al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la venta de la sección de la rambla montevideana de la que forman parte las estructuras del viejo dique Mauá y la ex compañía del gas.

En el trámite parlamentario el proyecto fue votado en bloque por las bancadas del Frente Amplio y el Partido Nacional en el Senado y ante la inminente aprobación en cámara de Diputados organizaciones sociales y personalidades hicieron sentir su voz de alarma ante lo que viene sucediendo. Y es que de aprobarse esta ley quedaría establecida la posibilidad de que el Estado inicie los trámites correspondientes para licitar la construcción de una terminal fluvio marítima que se encargaría del actual flujo de viajes de pasajeros que hacen la ruta Montevideo – Buenos Aires que hoy en día tiene como destino montevideano el puerto de Montevideo. Iniciativa que cambiaría radicalmente la estructura paisajística, social y cultural de esa zona montevideana.

Por la rambla sur

Hace pocos días el movimiento “Por la rambla sur” hizo pública una carta dirigida a diferentes autoridades manifestando su oposición a este proyecto que se propone construir la nueva terminal fluvio marítima, un hotel cinco estrellas, un centro comercial y estacionamientos subterráneos. En la misma alertan que se trata de “la venta de bienes públicos, de uso ciudadano, con carácter patrimonial, en beneficio de un emprendimiento privado, afectando derechos culturales vinculados a la conservación, acceso y disfrute del patrimonio, entre otros.” y denuncian la poca o nula comunicación pública que consulte a los ciudadanos: “No ha mediado ninguna consulta a los ciudadanos sobre su interés público ni se facilitan estudios especializados en torno de las múltiples consecuencias de localizar allí tales instalaciones. Apenas se realizó una muy reducida convocatoria de autoridades de gobierno y profesionales favorables al proyecto, a las comisiones parlamentarias”.

También han manifestado su preocupación la Facultad de Arquitectura y diversas personalidades y sectores políticos. Por su lado la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (CPCN) emitió un comunicado leguleyo donde justificó por qué es legal el procedimiento, aunque se atajó manifestando las obligaciones de conservación que marca la ley en cuando a los bienes declarados patrimoniales.

Se pone de manifiesto entonces que la iniciativa del Poder Ejecutivo acompañada hasta ahora por las mayorías parlamentarias no tiene otro fin más que facilitar las cosas para que se realice la inversión de capital del empresario López Mena para que esté pueda seguir y expandir su negocio cuasi monopólico. Para nada han tenido en cuenta en qué medida podría afectar a la rambla montevideana (declarada patrimonio), el medio ambiente y en general la afectación social y cultural sobre una zona de la ciudad que para los trabajadores y la población en general es un histórico espacio público de esparcimiento y descanso, de los más sino el más apreciado por la mayoría de los montevideanos.

Los negocios y el lucro como a priori

En toda la discusión se toma con naturalidad de que el gobierno haya iniciado un proceso que llevaría a prolongar el negocio de López Mena, se toma como a priori que el Estado privatice espacios públicos y que planifique tercerizar servicios tan necesarios e importantes como el transporte público (en este caso internacional).

En general se discute el lugar que es en sí una preocupación compartible pero no el cómo, el cual implica privatización y tercerización de servicios. El ex Intendente frenteamplista de Montevideo y actual edil (parlamentario municipal) Mariano Arana refleja perfectamente esta postura, para no hablar de los que directamente defienden este proyecto como el diputado frenteamplista Alfredo Asti. Arana discute apasionadamente por el lugar y el impacto negativo tanto ambiental, como cultural y paisajístico que pueden tener estas cosas sobre un lugar patrimonial, pero seguido a eso habla con total naturalidad de la continuidad de este servicio como tercerizado “Yo lo que hubiera aplaudido es que esa empresa, tal como lo pidió hace algún tiempo, se instalara en la zona de Capurro, lo que les daría a esas barriadas un interesantísimo movimiento y jerarquización”. O sea que para Arana si este proyecto se hacía en Capurro no hubiera tenido problema, quizás porque durante su administración como Intendente las privatizaciones y tercerizaciones de los servicios fueron moneda corriente. Es también bueno recordar que durante su gestión fue que se implementó la enajenación de otro bien patrimonial como fue el caso de la ex estación central de ferrocarriles para la construcción de un negocio inmobiliario faraónico llamado Plan Fénix que finalmente quedó en la nada pero que los montevideanos y los trabajadores del ferrocarril pagaron con las ruinas hasta hoy abandonadas de la ex estación central.

Este a priori naturalizado durante la época neoliberal desprecia que actividades sociales como la circulación de personas entre distintas ciudades como Montevideo y Buenos Aires unidas por un profundo vínculo histórico cultural, donde viajan entre ambas se comparten hasta vínculos familiares y de amistad, son una necesidad social y por lo tanto deberían ser públicas y estatales al servicio de favorecer ese vínculo. Pero parece ser que es natural concebir a los pasajeros no como personas sino “turistas” a los que sacarles el dinero del bolsillo a través del pasaje y otros “servicios”.

Pero la concepción establecida y poco cuestionada es que un servicio público tan importante es un negocio del cual los López Mena pueden lucrar con su cuasi monopolio y tarifas arbitrarias. De más decir que el Plunagate protagonizado hace unos años por López Mena y el actual gobierno parece ya enterrado en el olvido, además de que la empresa Buquebus se ha destacado por sus campañas de despidos masivos y persecución sindical a ambas orillas del Plata.

El Ministerio de Transporte toma también como un a priori natural las necesidades de las grandes empresas mercantiles nacionales y transnacionales instaladas en el puerto de Montevideo y que sería para ellas un gran negocio también ganar el espacio libre que dejaría la terminal de pasajeros, evitando las inversiones necesarias (como por ejemplo ganarles más hectáreas al río) ante el problema crónico de falta de espacio que tiene dicho puerto.

El esparcimiento y las necesidades sociales

La rambla montevideana se ha convertido desde su construcción a inicios del siglo XX en uno de los espacios públicos favoritos de los trabajadores y el pueblo en general para el esparcimiento y descanso. Su valor paisajístico y cultural se entiende en función de ese uso por parte de la población en su mayoría trabajadora y no como valor para el lucro de unos pocos. Pero bajo la naturaleza del capital y sus administradores políticos todo aquello pasible de explotación se “enajena” y se torna como válida la expropiación de un bien comunal (más allá de que el Estado y sus administradores se arroguen el derecho de propiedad y a decidir sobre el mismo) para favorecer el enriquecimiento de una clase minoritaria. Para los capitalistas y sus defensores políticos siempre les fue a mal las conquistas sociales de los trabajadores, incluso el descanso con la pelea de las 8 horas que en Uruguay fue casi contemporánea a la construcción de la rambla.

El servicio de transporte de pasajeros de Montevideo – Buenos Aires es una necesidad social e histórica como ya lo dijimos más arriba, hoy en día lamentablemente casi no se cuestiona que esté privatizado y que se haya vuelto casi imposible para la mayoría el viaje directo (la mayoría debemos someternos al rodeo del viaje por tierra a Colonia primero) a causa de las altas tarifas impuestas por la empresa Buquebus que goza de un cuasi monopolio del mismo. No se tiene en cuenta las necesidades sociales de los pasajeros sino el lucro de López Mena que parece ser proyecta su inversión para su bolsillo y en todo caso para el uso de un minoritario sector privilegiado que se pueda permitir el pago del viaje directo entre las dos ciudades.

La enajenación de los bienes públicos y hasta patrimoniales y la tercerización de los servicios públicos se han vuelto crecientemente parte del “paisaje”. Ante esto se impone la necesidad de que los trabajadores y el pueblo en general se organicen y movilicen para parar con este saqueo y hacer retroceder a los capitalistas en los lugares donde ya han avanzado como es el servicio de transporte. Para preservar nuestros espacios y necesidades la estatización bajo control obrero del transporte internacional se impone como una salida para parar con este negocio que beneficia a unos pocos.

Actividad el sábado 25

Este próximo sábado el grupo "por la rambla sur" organiza una actividad en las proximidades del Dique Mauá a las 15 hs.