Viernes 22 de junio de 2018
La actual crisis que vive la institución policial a nivel estructural no tiene señas de dar pie atrás. Han sido un cumulo de denuncias a Carabineros por parte de diferentes investigaciones, en su mayoría por parte de mecanismos oficiales como Contraloría o la Fiscalía nacional, a través de las cuales se ha podido evidenciar como opera administrativamente el cuerpo policial creado por el dictador Calos Ibáñez del Campo a principios del siglo XX.
Todo catapultado por el famoso Pacogate que durante el año pasado debeló las cuantiosas cifras, que se elevaron a más de $28 mil millones de pesos, traspasados desde el Fisco a cuentas corrientes de personas ligadas a Carabineros, lo que sumado a la falsificación de información en la operación Huracán en contra del pueblo Mapuche, ha hecho caer la confianza en la población, expresado en las últimas encuestas.
Al ser preguntado por la prensa sobre la existencia de fraude señalo “De acuerdo a los cargos que nos hace Contraloría, ese ‘delta’ de dinero está justificado por la presentación de escrituras, pagos, cheques, cartolas, y eso obedece a la compra de conjuntos habitacionales y centros recreacionales para nuestros carabineros y sus familias, quienes ocupan estas viviendas. Por lo tanto, los antecedentes fueron exhibidos a la vista de los auditores de Contraloría”
Aun intentando el lavado de cara por parte del General Rozas, no puede desconocer la falta de documentación en sus dichos: “En algunos años no existe documentación, ya que por normativa interna de la institución, de acuerdo a un reglamento de documentación, algunos antecedentes desde 1991 hasta 2005, fueron incinerados”.
El gobierno, un amigo en el camino de Carabineros
Protección mutua, así podemos catalogar la dinámica que las fuerzas armadas y de orden sostienen con los otros poderes del Estado. Incluso en el manejo de información que se ve en los grandes medios de comunicación a nivel nacional, donde frente a la crisis que vive Carabineros, intentan ponerlos en el tapete como fieles defensores de los “Valores Patrios”.
Pero se quedan cortos ya que cada vez son más las personas, sobre todo trabajadoras, quienes denuncian cuando las fuerzas represivas atentan contra civiles, por ejemplo al comercio ambulante, a las comunidades Mapuche de Temuco que venden su hortalizas, al conductor de Uber baleado, además de su actuar represivo contra estudiantes, mujeres y trabajadores organizados que reclaman por sus derechos en cada manifestación, huelga o toma que se efectúa.
Además, no olvidando en las palabras señaladas por Rozas, lo privilegios con los cuales cuentan los funcionarios de Carabineros: Conjuntos habitacionales, lugares de recreación con camping, piscinas, sumado a la atención médica y el sistema de pensiones, todo otorgado por el estado, en un Chile donde el actual gobierno de Chile Vamos ha insistido en tener que acortar los recursos fiscales. Hay dinero, sí, pero no para educación, donde más de 40 mil estudiantes universitarios quedaran sin cobertura y perderán gratuidad, no para esos más de 2 mil trabajadores de MAERKS y CIAL que acaban de quedar cesantes tras el quiebre de sus empresas, sino más bien para quienes mantienen el “orden” en las calles a punta de lumazos y balas.
Por otro lado, si bien los casos de prisión para funcionarios policiales por los casos de corrupción han existido, estos no dejan de ser hechos aislados, y que donde prontamente la mayoría de los imputados queda en libertad, como paso con los acusados del primer Pacogate, por ende, el rechazo debe hacerse sentir por parte quienes sobreviven con el sueldo mínimo, las personas que se endeudan por estudiar y las mujeres que se organizan contra el machismo. Los cuales nunca -en la práctica- verán en un Carabinero como a un aliado, sino más bien, todo lo contrario.
