Discapacidad: Falta de pagos y más precarización

Una vez más muchísimos profesionales de la salud y la educación nos vemos perjudicados por la falta de pago por nuestros servicios. Algunos desde el mes de noviembre del año pasado y la situación es insostenible.

Los entes estatales a cargo de controlar y regular a las obras sociales nacionales y a las entidades de medicina prepaga para garantizar el cumplimiento de las prestaciones por discapacidad, como por ejemplo la Superintendencia de Servicios de Salud, no brindan información clara al respecto y la que brindan no se corrobora con la realidad.

A pesar de anunciar el pago de honorarios, las obras sociales que no han parado de aumentar su cuota, no realizan las transferencias correspondientes argumentando que no están los fondos.

Las y los profesionales que ejercemos bajo esta modalidad, nos encontramos trabajando de forma precarizada por estar fuera de convenios colectivos de trabajo (por lo cual no contamos con ningún régimen de licencias médicas, yendo en ocasiones a trabajar enfermos), y por no tener injerencia en la fijación de los valores de cada prestación (en los últimos años perdimos ampliamente contra la inflación).

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Además las y los docentes que brindamos apoyo a la integración escolar no podemos percibir ingresos durante los meses de enero y febrero, pero sí debemos hacer frente al pago del monotributo (AFIP y ARBA). Obligados a buscar en esos meses otro trabajo para sostener ingresos y mantener el hogar.

Como si esto fuera poco, con el aislamiento preventivo y obligatorio la situación se agrava aún más, dado que no se reconocen las modalidades de atención virtuales.

No solo corren riesgo los ingresos de miles de prestadores, también la continuidad de los tratamientos a personas con discapacidad.