Tribuna Abierta. Discapacidad: por el derecho a ser diferentes

Las personas con discapacidad son víctimas de diversos procesos discriminatorios que en muchas ocasiones acaban excluyéndolas de los espacios públicos. En el caso de quienes además de tener algún déficit, ya sea motriz o intelectual, se encuentran por debajo de la línea de la pobreza, sus posibilidades de quedar marginadas se acrecientan notoriamente.

En nuestro país, podemos visualizar algunos factores determinantes para la conformación de estos procesos segregativos. En primer lugar, un mercado de trabajo regido por un ideal de productividad y lucro que busca la realización de muchas tareas en el menor tiempo posible. En segundo lugar, la existencia de barreras culturales que, tras la idea de lo normal, corren del centro, marginan a quienes no reúnen determinadas características psicofísico-sociales y, por último, la falta de políticas públicas integrales que tiendan a contrarrestar los procesos de discriminación de los que son objeto las personas con discapacidad.

Pensemos en el primer factor, el atinente a los modos en que nuestra sociedad organiza el trabajo. Las empresas operan bajo la divisa intocable de la eficiencia, es decir, producir con la menor cantidad de recursos posibles en la menor cantidad de tiempo. Si esto es agotador para cualquier trabajador o trabajadora, en el caso de las personas con discapacidad acaba siendo decisivamente excluyente. Pongamos por caso un sujeto con limitaciones motrices en sus brazos: tal vez no pueda realizar con rapidez una acción en la fábrica aunque sí podría realizarla en otros tiempos, en sus tiempos. El problema está en que al empresario no le importa que el sujeto pueda sentirse socialmente productivo, sólo le importan sus rindes económicos, por lo tanto, la persona con el déficit motriz no es contratada.

Por su parte, las barreras culturales son las que nos atraviesan a todas y todos. Imaginemos una escena que se repite de diversas formas cotidianamente: estamos en una oficina pública, tenemos que pasar por un pasillo angosto en el que hay una persona con un déficit intelectual severo, sentada en una silla de ruedas impulsada por otra persona. Para pasar, necesariamente tenemos que pedir permiso, ¿a quién nos dirigiríamos?, ¿a la persona sentada en la silla con la mirada aparentemente perdida?, ¿a la que está de pie llevando la silla?, ¿a ambas? Lamentablemente, la mayoría le hablaría al sujeto de pie, porque lo más usual es que si vemos a alguien muy distinto a nosotras y nosotros, nos cueste mirarnos en sus ojos, identificarnos en su mirada, pensar que dentro de ese cuerpo singular, puede haber un sujeto con un mundo interno fecundo. Y esto en el mejor de los casos, porque en otros directamente perduran las miradas de antaño, que creen que las personas con discapacidad son inferiores.

En tercer lugar nos encontramos con la falta de políticas públicas que contrarresten los procesos de exclusión. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, expresa entre sus propósitos la necesidad de “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

Nuestro país suscribe a esta Convención, gestada en el seno de las Naciones Unidas, no obstante, como sucede con otros instrumentos legales de estas características, en los hechos las personas con discapacidad siguen siendo objeto de tratos discriminatorios en distintos niveles del entramado social. Pensemos en el caso extremo de las usuarias y usuarios de Incluir Salud, la cobertura médica que les otorga el Estado nacional a quienes cobran la pensión por discapacidad. Muchos de estos sujetos vivieron en su vida largos procesos excluyentes, entre los que podemos considerar: escuelas que pese a las legislaciones vigentes no están preparadas para alojarlas, debido a problemas de infraestructura, escasez de personal, falta de reformas en la formación docente, etc.; espacios recreativos con barreras físicas y simbólicas; una sociedad acostumbrada a no incluir en los grupos a personas con discapacidades severas.

Son mecanismos excluyentes que empujan a los sujetos a ser parte del circuito construido en torno a los centros de días y hogares de residencia permanente. Más allá de que puedan existir buenos centros de día, y que puedan ser en lo inmediato la mejor opción para muchos sujetos, lo cierto es que la persona con discapacidad acaba en un trayecto paralelo al de las adultas y adultos sin discapacidad. Como las empresas no las integran, en lugar de realizar trabajos productivos y remunerados, realizan talleres de laborterapia, en lugar de hacer deporte en los clubes a los que va todo el mundo, hacen fisioterapia, en lugar de cocinar en su hogar, hacen taller de cocina en el instituto. Es decir, hay un sinfín de actividades que les son negadas en su vida cotidiana y que sólo pueden realizar, en parte, dentro de los muros de las instituciones a las que concurren.

Pero esta realidad, viene siendo aún más complicada en la provincia de Santa fe, ya que a raíz del desfinanciamiento del sector que impulsó Macri, desde fines del año pasado hasta el inicio de la cuarentena inclusive, las y los concurrentes a centros de día y centros educativos terapéuticos no pudieron ni siquiera salir de sus hogares. Si bien la cuarentena generó un impasse en toda la sociedad, hasta el momento de iniciarse, las usuarias y usuarios de Incluir Salud ya estaban confinados hacía meses. La falta de pagos a los prestadores, llevó al sistema al borde de la quiebra y aún no se recompone.

Trabajar con adultas y adultos que han sido excluidos toda su vida es una labor ardua y cotidiana, y la interrupción abrupta de los procesos terapéutico-educativos puede resultar muy nociva y hacer perder logros que suelen llevar años de trabajo. Pongo como ejemplo el caso de Ceci, una joven que debido a una discapacidad intelectual severa y a no haber concurrido a la escuela, llega al centro de día con un lenguaje oral extremadamente precario. Cada vez que se angustiaba o se ponía ansiosa por algo le pegaba a todo el mundo. La apuesta fue enseñarle a que ante la angustia pudiera expresarse oralmente. Pero para que esto sucediera debía darse una condición fundamental, a saber, que hubiera un otro u otra, que intente escuchar y comprender sus sentimientos expresados en un lenguaje extremadamente limitado, un semejante que considere que ella tiene algo para decir.

Nuestra sociedad, la mayoría de las veces se muestra incapaz de sostener diálogos placenteros e interesados con alguien con su expresión verbal muy limitada. A Ceci le llevó muchos meses de trabajo poder expresar sus malestares sin pegar y poco a poco lo fue consiguiendo. El hecho de que esté encerrada en su casa desde noviembre del año pasado debido a la crisis del sector es extremadamente perjudicial para ella.

Es, por lo tanto, fundamental que de manera inmediata puedan utilizar las prestaciones necesarias para recibir atención integral, terapéutica y educativa. Para lo cual los gobiernos nacional y provinciales deben instrumentar políticas de financiamiento y desarrollo de este área que está al borde del precipicio. Y si bien esta es una tarea imprescindible en el corto y mediano plazo, si queremos construir una sociedad verdaderamente democrática e inclusiva, debemos garantizar que las personas con discapacidad sean integradas a los mismos circuitos educativos, productivos y sociales que el resto de las personas. Para ello será fundamental que dejemos de lado el ideal de la normalidad y demos lugar a la construcción de una sociedad en donde las diferencias sean vistas como un valor y en la que cada cual aporte según sus capacidades y posibilidades.