Según una fiscalización ciudadana que llevó adelante la Mesa de Acción por el Aborto en Chile y Fondo Alquimia, que se realiza por segunda vez, y lleva el nombre de Monitoreo Social al Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Salud Sexual y Reproductiva, se develó que en relación al 2019, el acceso a la IVE disminuyó en un 22%. Una cifra alarmante.
Viernes 28 de mayo de 2021
La pandemia por coronavirus ha desnudado la desigualdad social que se vive día a día en Chile y en toda Latinoamérica. Se han revelado cifras horribles de violencia, cesantía, hambruna, etc. Esta desigualdad en el caso de las mujeres ha sido muy escandalosa, a tal punto que la situación laboral de las mujeres ha retrocedido en 10 años, disminuyendo la fuerza laboral femenina en un 41%, aumentando el trabajo doméstico no remunerado y la precarización laboral.
Este abandono del gobierno criminal de Piñera y el Estado a los derechos de las mujeres trabajadoras y más precarizadas, según la fiscalización realizada, se refleja en la falta de información al respecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), falta de capacitación al personal de la salud y la utilización de la “objeción de conciencia”, que fue el aspecto que la derecha llevó hasta el dictatorial Tribunal Constitucional para que se inserte la moral conservadora en un derecho básico de las mujeres y un problema de salud pública.
En este contexto, en el que se pasan a llevar los derechos de las mujeres con un aspecto tan mínimo como “informar” al respecto de una ley como la IVE, que aún siendo una ley con restricciones y trabas como la objeción de conciencia; se vuelve urgente organizarse y luchar por una salida realista al problema: pelear por una ley de aborto legal, libre, seguro y gratuito, sin restricciones y que vele por la salud de las mujeres.
Nancy Lanzarini
Profesora de Lenguaje y Comunicación.
