Medioambiente. Divergencias entre el empresariado chileno hacia la Cop 25

Los preparativos hacia la Cop 25 han generado debates al interior del empresariado chileno. Y es que los gremios empresariales como la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y el Consejo Minero (CM) son quienes han liderado la gestiones desde la vereda privada para financiar la conferencia.

La SOFOFA liderada por el empresario Bernardo Larraín Matte, se reunió con la Ministra de Medioambiente durante mayo de este año con la intención de liderar la conversación con el gobierno hacia la Cop25. Sin embargo, el gobierno anunció un interlocutor válido con el empresariado: la CPC, con una creación de una comisión compuesta por las siete ramas productivas.

Consultada la CPC, liderada por Alfonso Swett, respondió que ven la COP25 como una "gran oportunidad", ya que Chile será un punto de encuentro para todos aquellos países que aún tienen un largo camino que recorrer en materia de cambio climático, de cara a un futuro sostenible.

Por su parte, Fernando Barros, consejero de la Sofofa, lamentó que algunos sectores del empresariado validen el encuentro internacional, sobre todo considerando el discurso "anti-empresa" que anticipa que tendrá el evento, según él.

"Resulta lamentable que el mundo empresarial no haya optado por un camino propio y aparezca validando, al concurrir financiarlo, un encuentro en que la mayoría de los asistentes serán de organizaciones de desconocida representatividad y cuyo discurso ya se anticipa como muy contrario al mundo de la empresa y más bien promotor del sometimiento del hombre al Estado para que éste pueda proteger el medioambiente", señaló Barros en el Diario Financiero.

La propuesta del gobierno

Felipe Larraín, Ministro de Hacienda, mediante una columna de opinión en el Diario Financiero a fines de agosto indicó que la línea del gobierno es liderar una coalición de Ministros de Finanzas para la Acción Climática junto a 40 países; el financiamiento de medidas ambientales y energéticas de la emisión de bonos verdes; la conformación de mesas público privada en Finanzas Verdes y una modificación del Impuesto Verde, eliminando el sesgo tecnológico, incorporando gradualidad como parte de las medidas adicionales en el proyecto de Modernización Tributaria, priorizando el objetivo ambiental por encima del recaudatorio, con la posibilidad de compensación para contaminantes globales y locales.

Sin embargo, pese a la propuesta del gobierno que facilita la productividad del empresariado mediante impuestos verdes, la resistencia de los empresarios hacia los planes de mitigación y adaptación ambiental no es sólo compartida por Barros, sino por figuras internacionales del negacionismo del cambio climático como Donald Trump.

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