Docentes de la ciudad preocupados por la situación en que llegan las familias a los comedores.
Ante la imposibilidad de acceder a los productos básicos el gobierno municipal deja a cientos de familias en una situación cada vez más alarmante.
Miércoles 25 de marzo de 2020
En Bahía blanca la situación de las familias que viven “del día a día” se agudiza. La imposibilidad de salir a trabajar las ha sumergido en un calvario de hambre al que el municipio da una respuesta absolutamente insuficiente.
Les trabajadores de la educación ponen el cuerpo en los comedores, en las escuelas y los jardines para atender a esta situación desesperante, arriesgando su salud repartiendo los bolsones de comida en las escuelas -y a veces casa por casa- como llevando adelante la continuidad pedagógica. Pero la situación se vuelve cada vez más critica y la angustia se generaliza. “Los 200 bolsones por semana que reparte el municipio se van así como llegan, y las familias dicen que los productos que traen no les alcanzan para nada” nos cuenta una maestra entre los comentarios de la comunidad docente que se ve desbordada por la situación. “Es angustiaste ver que llegan acá con hambre, se lo ves en la cara”. “No saben lo que es estar acá, la tristeza que tenemos, están viniendo familias del jardín pasando mucho hambre, porque el jardín no tiene partida de mercaderías para darles, es desesperante”. “Es el Estado el que se tiene que hacer cargo de esto, y los recursos los tiene”
Mientras tanto desde el municipio no destinan fondos suficientes para esta emergencia, si no que se dedican a repartir los mismos bolsones que entregaban antes del aislamiento decretado por la pandemia del covid-19, los cuales, claro está, se “van como agua”. Descaradamente proponen coordinar una red de donaciones, pretendiendo que sea la solidaridad de la gente la que se encargue de esta necesidad.
Atender a la situación no le requeriría ni siquiera una grandísima inversión en relación a lo que destina para otras áreas. De dónde pueden salir los recursos para contener esta crisis está clarísimo, aunque no para los representantes de los intereses de puerto y el polo petroquímico. Un impuesto de emergencia a la ganancia extraordinaria de estas empresas es lo que el Estado debería hacer ya, destinando los fondos de la deuda, que ahora el FMI pretende posponer -aunque directamente se debería desconocer por ilegal e ilegítima- para que toda familia pueda tener los alimentos y productos básicos para su subsistencia, como también para adquirir los tests necesarios o equipar laboratorios en la ciudad y en todo el país. El reordenamiento de la producción y el control de los trabajadores permitiría concentrar los recursos en función de dar respuesta a las necesidades de los sectores populares, como trabajo, vivienda, acceso a los servicios básicos, a la salud y educación.
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Las calamidades a las que lleva la desidia estatal no se agotan en la situación de hambre de miles en la ciudad. A esto se suman la falta de elementos de higiene, las dificultades para conseguir garrafas con las que cocinar los alimentos, los cortes de agua que se están haciendo frecuentes, o las dificultades para el acceso a hospitales y centros de salud.
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Ante esto, la respuesta es el despliegue de un enorme plan represivo montado entre las fuerzas municipales y provinciales que se propone contener la desesperación a través de realizar detenciones. En la gran mayoría de estos casos se trata de jóvenes de los barrios.
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