Tras la manifestación del 14 de diciembre contra la reforma previsional, seguirán detenidas hasta el juicio tres personas, a pesar de que se les imputan causas excarcelables.
Rosa D’Alesio @rosaquiara
Sábado 3 de marzo de 2018
Las jornadas de diciembre, protagonizadas por miles de manifestantes que salieron a las calles para reclamar que no se apruebe la contrarreforma previsional, fueron violentamente reprimidas. Decenas de personas detenidas.
El 14 de diciembre 44 manifestantes fueron encarcelados, algunos de ellos permanecieron 72 horas detenidos. Les abrieron causas judiciales. Otros quedaron detenidos por más de dos meses.
Un nuevo fallo de la Cámara dictó la falta de mérito y dejó en libertad a dos de los que permanecían detenidos. Sin embargo, aunque se los imputa por delitos excarcelables, tres personas continúan presos: Diego Parodi, José Carrizo y Pablo Giusto.
Todos ellos estaban acusados por intimidación pública. Los jueces no pudieron demostrar este grave delito por el cual estaban imputados. Sin embargo y de forma arbitraria Parodi, Carrizo y Giusto siguen con prisión preventiva.
Las causas judiciales fueron armadas a partir de las actas de los policías. Los jueces comenzaron aplicar la “doctrina Bullrich”. La ministra de Seguridad puso en pié esta doctrina tras la desaparición de Santiago Maldonado. Bullrich salió en defensa de la Gendarmería y dijo que no pensaba tirar un gendarme por la ventana. Después, con el crimen de Rafael Nahuel, el joven asesinado por la Prefectura Naval, cuando reclamaba por las tierras que le pertenecen a la comunidad mapuche en el Lago Mascardi, la ministra, en conferencia de prensa fue más allá, dijo: “Nosotros le creemos lo que nos dicen las fuerzas y no tenemos por qué no creerles”.
A partir de ahí, como explicó la abogada María del Carmen Verdú de la Correpi a La Izquierda Diario, “en las causas abiertas a manifestantes, tras las movilizaciones, tanto la del 1 de septiembre, donde se marchaba por la aparición de Santiago Maldonado, como las del 14 y 18 de diciembre, y la protesta contra la reunión de la OMC, el pasado 11 de diciembre, se viene expresando judicialmente algo novedoso. Quedan en suspenso una cantidad de derechos y garantías y se aplican una serie de normas que se bajan linealmente por orden del Poder Ejecutivo, por boca de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o de Mauricio Macri”.
Los jueces que actúan en cada una de las causas abiertas tras esas movilizaciones son: el juez Claudio Bonadio, que tiene las causas del 11 y 14 de diciembre; Martínez de Giorgi tiene la del 1 de septiembre y en la del 18 de diciembre actúa Sergio Torres. Verdú dice que estos jueces “aplican linealmente esto que dice Bulrrich: ‘la versión de las fuerzas es la verdad’. Es decir toman las actas policiales y las versiones de estos como verdad absoluta”.
Que las causas fueron armadas pudo ser demostrado por la defensa de los manifestantes imputados. “Pudimos mostrar a través de fotos y videos en momento de las detenciones, donde se ve claramente que las personas detenidas no están haciendo lo que el acta policial dicen que estaban haciendo”, dice la abogada de la Correpi.
Los manifestantes fueron inicialmente imputados por delitos graves como la intimidación pública. “Estos delitos significan que hay un plan común de todas las personas involucradas para producir determinado resultado. Por ejemplo: crear temor, pánico en la población, o en un grupo determinado de personas”. Verdú agrega que a los manifestantes no pudieron comprobarles estos delitos y que por lo tanto “el procesamiento por intimidación ha sido revocado”.
Sobre los procesos judiciales que continúan, María del Carmen Verdú señala que “los únicos procesados que quedan, tanto en las causas del 14 como la del 18 de diciembre, es por atentado o resistencia a la autoridad, y en dos caso por daño. Son todos delitos no federales, delitos menores, y sin embargo con esas calificaciones seguimos teniendo presos desde el 14 de diciembre”.
Se revocó la acusación por intimidación pública, sin embargo la Cámara Federal a cargo de Martín Irurzun y Eduardo Farah, pidió la presión preventiva, nuevamente, de los militantes César Arakaki y Dima Ponce, “a pesar que la calificación de los detenidos también son excarcelables, porque están acusados por atentado a la autoridad y lesiones en riña”, concluyó la abogada de la Correpi.
Los fallos judiciales que mencionamos no tienen otro objetivo que criminalizar la protesta social. El Gobierno encuentra en los jueces amigos la complicidad para que la lucha de los trabajadores y el movimiento democrático sean penalizados y dejen de expresarse en las calles.
Las causas armadas y los discursos contra los “violentos”, como se intentó instalar tras las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre, no han impedido que cesen las movilizaciones. En cada lugar de trabajo donde se atacan las conquistas laborales o despiden, surgen las respuestas organizadas de los que luchan.
Las mujeres volverán a salir a las calles este 8M. Tampoco pudieron paralizarlas con detenciones arbitrarias y armados de causa, como ocurrió en el último Paro Internacional de Mujeres, el 8 de marzo de 2017.
¡A las calles por todos nuestros reclamos!
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Rosa D’Alesio
Militante del PTS, columnista de la sección Libertades Democráticas de La Izquierda Diario; se especializa en temas de narcotráfico y Fuerzas Armadas.
