Hace algunas semanas se estrenó “Arica” en la cuarta versión de AricaDoc, el Festival Internacional de Cine Documental de la ciudad. Co-dirigido por Lars Edman y William Johansson, el documental sigue la batalla legal de las víctimas del desastre medioambiental por los desechos de arsénico que la empresa sueca Boliden, desprendió en el territorio.
Domingo 24 de enero de 2021
“Arica” es una secuela de “Toxic Playground”, que retrata la batalla legal de las víctimas del desastre medioambiental en los tribunales suecos, una lucha que lleva años buscando justicia. Todo comienza en el año 1984, con la aprobación del dictador Augusto Pinochet, la empresa Boliden envió más de 20.000 toneladas de residuos tóxicos entre ellos había sustancias como arsénico, plomo y mercurio, que serían procesados por la empresa nacional PROMEL. Procesamiento que nunca fue llevado a cabo, dejando todos aquellos residuos en los terrenos que hoy se conocen como Los Industriales y Cerro Chuño.
Como consecuencia de este hecho, muchas personas murieron de cáncer, bebés nacieron con malformaciones congénitas y gran parte de la comunidad ariqueña aun debe lidiar con los daños provocados por los desechos tóxicos.
El documental muestra cómo los tribunales suecos trabajan para defender a la minera, a la que finalmente la Corte Sueca absolvió de toda responsabilidad, aludiendo a la falta de pruebas existentes para poder demostrar los daños provocados a las personas afectadas.
Estado de Chile “resolvió” la contaminación ambiental en Arica: Con becas y subsidios habitacionales
Durante diez años los ariqueños realizaron sus vidas sobre suelo contaminado con metales pesados puesto que hasta 1998 los desechos no fueron removidos.
Posteriormente recién el año 2007 la situación llegó a la Corte Suprema, el Estado chileno se hizo “responsable” de los costos de traslado y depósito de los residuos, así como el seguimiento y los tratamientos médicos, dejando libre de toda responsabilidad a los empresarios de Promel. Este es uno de los tantos casos que se han podido ver, donde cientos de personas son afectadas por problemas de salud a causa de la avaricia empresarial.
Cinco años después se promulgó la Ley de Polimetales que entre algunas medidas contemplaba la generación de datos de la contaminación, una beca de mantención para enseñanza media y superior a los afectados y subsidios habitacionales para facilitar la relocalización de las familias.
No es casualidad que estos conflictos sean vividos principalmente por las poblaciones vulnerables que se encuentran en la periferia de la ciudad, donde la planificación habitacional del Estado no considera siquiera que los terrenos tengan las condiciones óptimas para construir viviendas.
Es urgente que el Estado se haga responsable de las consecuencias que viven hasta el día de hoy los pobladores y ex pobladores de Los Industriales y Cerro Chuño. Para Manuel Rojas, estudiante de la UTA y activista del medio ambiente, quien es candidato a la convención constitucional por el distrito 1, en la lista de trabajador@s revolucionari@s nos comenta que, "Sabemos que la única salida estará en mano de los trabajadores y la comunidad, para eso debemos organizarnos. No podemos confiar solamente en la justicia, que como ya vimos le ha dado la espalda a las familias afectadas y como siempre defiende los intereses de los empresarios, debemos pelear por un plan de descontaminación y de salud pública a disposición de los afectados, que no haya más zonas de sacrificio. Esto tomando el ejemplo de hace algunos años donde jóvenes, estudiantes, trabajadores y comunidades se movilizaron para impedir la instalación de la termoeléctrica en la ciudad".
