Impulsan la aprobación de un Proyecto de Ley de protección del cine documental, que garantice la continuidad de los subsidios para la producción de bajo presupuesto y conquiste subsidios para su distribución.
Miércoles 25 de noviembre de 2015 11:40
A través de un comunicado de prensa la asociación Documentalistas de Argentina (DOCA) planteó que "frente al escenario de cambio de gestión necesitamos movilizarnos para transformar la fragilidad de la resolución del INCAA que estipula la Vía Digital en un derecho legislado" ya que la actual resolución "puede ser derogada afectando seriamente el fomento al cine documental".
El objetivo es "conservar las conquistas que permiten producir nuestro cine, y lograr el subsidio al lanzamiento que garantice el encuentro con su público" por lo que "son necesarias una serie de medidas que ratifiquen por ley las resoluciones hoy existentes y que planteen unas nuevas. Por eso estamos impulsando esta Ley de protección del Cine documental independiente."
Por esta razón DOCA convoca este miércoles 25 de noviembre a las 18 hs a una conferencia de prensa en el Cine Gaumont y para la próxima semana a una Asamblea de documentalistas y audiencia pública en el Congreso de la Nación "para debatir con las distintas asociaciones y documentalistas independientes la mejor fundamentación y articulado de una Ley que garantice los derechos adquiridos en estos años"
El proyecto de Ley fue impulsado por la bancada del FIT y el diputado Pablo Lopez, y se está llamando a sumar firmas en apoyo.
Un poco de historia, presente y futuro
A partir de la lucha llevada adelante por los documentalistas, se logró la aprobación de la Resolución 632/2007/INCAA. Esta normativa instauró el régimen conocido como “Vía Digital”, que significó la superación -en el sector documental del cine nacional- de la exigencia de antecedentes para acceder a subsidios estatales. A la vez, se consiguió que los Comités de Evaluación de Proyectos Documentales estén integrados por jurados elegidos por las asociaciones de documentalistas, garantizando así la transparencia en la asignación de subsidios, la pluralidad ideológica y la independencia política.
A pesar de lo valioso de estas producciones, las películas tienen dificultad para encontrarse con públicos más amplios en las salas cinematográficas. Con una escasa intervención estatal en la distribución y exhibición cinematográfica, las obras quedan libradas a las leyes de un mercado monopolizado por las grandes cadenas norteamericanos y una minoría de salas en manos nacionales totalmente sometida a la lógica que imponen estas cadenas. Así el público termina por no conocer estas películas que seguramente estaría interesado de ir a ver.
