Una omisión notable. Documento de CFK: 33 páginas sin denunciar el Protocolo de Bullrich o la feroz represión en Congreso

Personas e instituciones hablan a través de las palabras y, también, a través de los silencios. Cristina Kirchner lo sabe bien. Ha sabido utilizar los suyos para hacer política en la escena nacional en muchas ocasiones. Como lo hizo durante los dos primeros meses de Gobierno de Milei, mientras se descargaba un ajuste feroz contra el pueblo trabajador.

Este miércoles rompió ese silencio casi total mediante un documento de 33 páginas en el que analiza la política del Gobierno nacional en el marco de dar su visión más general de los modelos económicos que el país podría o debería tomar. Sobre esto ha escrito nuestro compañero Esteban Mercatante una nota muy completa. Remitimos a los y las lectoras a ese artículo.

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Sin embargo, hay otro silencio -y muy importante- en el largo documento. Cristina Kirchner no habla directamente de la represión que tuvo lugar durante una semana contra miles de manifestantes frente al Congreso. Una represión que sufrieron asambleas barriales, de la cultura, organizaciones sociales, sindicales combativas y la izquierda.

Una represión que llegó hasta a dispararle a los manifestantes a la cara. El abogado Matías Aufieri (Centro de Profesionales por los Derechos Humanos) fue baleado por una posta de goma en un ojo, lo que le provocó graves lesiones. Su evolución aun es compleja. Se reprimió, además, a periodistas y fotoreporteros/as, llegando directamente a la detención. Un ataque contra la libertad de prensa.

No solo no habla de la represión de esos días. No habla ni denuncia el Protocolo represivo de Patricia Bullrich, que viene siendo aplicado contra el derecho a manifestarse por parte del Gobierno nacional. Ese protocolo es parte fundamental de la política de ajuste junto al mega DNU, el Caputazo y la derrotada Ley Ómnibus. Es imposible no denunciarla.

¿Porqué no lo hace la vicepresidenta? Las explicaciones pueden ser muchas. Empecemos por la más general. A pesar de los discursos, el kirchnerismo sí reprimió la protesta social. En los años que van de 2003 a 2015 son muchas las luchas obreras y populares que sufrieron la represión de fuerzas federales y provinciales. Luchas por el derecho a la vivienda, como aquella que tuvo lugar en el Parque Indoamericano y culminó con una represión feroz que dejó varias personas muertas. Luchas emblemáticas contra despidos y ataques patronales como las ocurridas en el Casino Flotante (2008); Kraft (2009) o Lear (2014), por solo nombrar algunas.

En la última de estas peleas obreras, al frente del accionar represivo estuvo muchas veces Sergio Berni. Precisamente en este conflicto, se jugaba lo que la ex vicepresidenta llamaría "actualización laboral". La multinacional intentaba avanzar contra los derechos de los trabajadores con la complicidad de la conducción burocrática del Smata. Buscaba reducir un 30% los salarios de los nuevos trabajadores. La comisión interna combativa y la base obrera resistieron.

En aquel 2014, el kirchnerismo impulsó un protocolo para “regular la protesta social”. O sea, para prohibir los piquetes. Aquel 1° de marzo, en la apertura de Sesiones ordinarias del Congreso, la entonces presidenta Cristina Kirchner había pedido “una norma de respeto y convivencia urbana”, porque “todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar”. Diputados y diputadas oficialistas respondieron presentando un proyecto: firmaban Juan Manuel Pedrini, Carlos Kunkel, María Teresa García, Sandra Mendoza, Diana Conti y Gustavo Campos, entre otros.

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Si vamos más adelante en el tiempo, en el Gobierno que encabezaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner también hubo represiones. Imposible olvidar la que encabezó (otra vez) Sergio Berni, en octubre de 2020 contra las familias pobres en Guernica, cuyo único “delito” había sido intentar obtener una parcela de tierra para hacer posible el derecho a una casa propia. En nombre de los intereses de un barrio privado, las topadoras pasaron por encima de las humildes casillas construidas en el barro.

El silencio de Cristina tiene, también, otra pata. Su carta ofrece negociar el ajuste. Dice rechazar un ajuste neoliberal salvaje, pero acepta poner en discusión lo que llama “actualización laboral”, eufemismo para referirse a mayor precarización para la clase trabajadora. Propone negociar las formas de privatización, aceptando esa parte de la agenda de ajuste. Admite hablar de “eficiencia estatal” al tiempo que ataca el derecho a huelga de la docencia justo cuando Milei ajusta con todo a la educación pública.

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En las 33 páginas de Cristina Kirchner abundan conceptos y datos. Faltan llamados a la lucha y la resistencia. Faltan, también, las denuncian sobre un componente central del ajuste: la represión.