Retenciones. Domínguez: vamos a defender a los agroexportadores, “la gallina de los huevos de oro”

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó este sábado que se instrumentarán las medidas necesarias "para estabilizar al precio del trigo a valores pre bélicos, mientras duren las consecuencias del aumento a causa de esta guerra" en referencia a la invasión de Rusia a Ucrania. La declaración fue durante una conferencia de prensa en la sede a su cargo para justificar los decretos oficiales que establecen una suba del 2 % a las retenciones para la harina y el aceite de soja para financiar un nuevo Fondo Estabilizador Temporal del Trigo.

El ministro explicó que la medida establece la suspensión temporaria del diferencial de 2% de los derechos de exportación de harina y aceite de soja del decreto 790/2020. "La suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelva al 33 %. Al productor ya le descuentan el 33%, la captación de este beneficio y esta promoción que hizo el decreto 790 es solo para empresas que exportan harina de soja y aceite de soja", amplió.

Además señaló: “el presidente ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino, cuya instrumentación y administración quedará a cargo de la secretaría de Comercio Interior, que constituirá un fondo fiduciario al respecto”. Al ser consultado sobre esta medida, Domínguez se negó a transmitir cuánto estiman desde el Gobierno que bajará el precio del pan y adjudicó la responsabilidad sobre la cuestión a Roberto Feletti, titular de la secretaría de Comercio Interior,.

Las resoluciones tomadas por los funcionarios, son hasta ahora las únicas de la “guerra contra la inflación” anunciada por Alberto Fernández. Luego de la suba del 7,5 % de los precios de los alimentos en promedio durante febrero, la posibilidad de acceder a una canasta básica para millones de familias es cada vez menor. Mientras los ministros se desligan de responsabilidades, más del 40 % de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza y la inflación no tiene freno. Las políticas del Gobierno para controlar los precios han sido un fracaso y nada indica que estas nuevas iniciativas tengan un resultado distinto.

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Respondiendo a una pregunta Domínguez dejó claras las intenciones del oficialismo: “A los productores que se queden tranquilos que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina. En estos momentos de dificultades, sumado al conflicto bélico, el productor argentino tiene mucho para aportar al país y este ministerio va trabajar para generar las condiciones de previsibilidad en un mundo cambiante e impredecible.” Defender las ganancias de los empresarios y garantizar el acceso a los alimentos necesarios al conjunto de la población no es compatible. Las políticas del Frente de Todos en los hechos, terminan privilegiando las ganancias de unos pocos, por sobre las necesidades de las grandes mayorías.

“A los productores que se queden tranquilos que la filosofía, el pensamiento y la acción de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro de la Argentina."

Incluso, Domínguez, destacó las ayudas brindadas al sector al informar que: “El Banco Nación y el Banco Provincia aportaron una línea de crédito de $ 500.000 millones con tasa diferenciada”. Entregan más recursos para el Agropower, al mismo tiempo que acuerdan con las centrales sindicales una suba del salario mínimo, vital y móvil del 45 % para este año, muy por debajo de las estimaciones de la inflación que se ubican por encima del 55 % para el periodo.

Las patronales agrarias presionan para obtener aún más ganancias

La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), que agrupa a las agroexportadoras que procesan soja, comunicó que: “La suba de derechos de exportación no tiene legalidad dado que el Poder Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso Nacional y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho Decreto” en un texto titulado “la suba de derechos de exportación atenta con la industrialización argentina”. Desde la cámara argumentan que: “toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”.

La realidad es que no solo les sobra “capacidad de pago”, sino que las grandes exportadoras realizaron y están obteniendo ganancias récord, gracias a los precios excepcionales de los alimentos a nivel internacional. El 2021 cerró con un número extraordinario en la liquidación de divisas del campo: US$ 32.808 millones, un 62 % más que el año anterior y es la cifra más alta desde el comienzo de este siglo. Hace sólo una semanas la misma CIARA celebraba que la liquidación de divisas de sus empresas asociadas en el bimestre enero-febrero de 2022 fue récord histórico al acumular US$ 4.942 millones.

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Las grandes ganadoras del agronegocio están concentradas en pocas empresas multinacionales y de origen extranjero. El caso de los granos es ejemplificador: apenas cinco empresas concentran más del 60% de la exportación. Son la norteamericana Cargill, la china Cofco, las norteamericanas ADM, Bunge y la europea Dreyfus. Para el caso particular de las retenciones aumentadas, Julián Domínguez detalló que: “Esta medida alcanza a once empresas exportadoras de productos de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total de las exportaciones”.

Este monopolio privado del comercio exterior es uno de los principales responsables de la suba de los precios de los alimentos y las empresas están dispuestas a utilizar su poder concentrado para seguir haciendo crecer sus ganancias. Sólo un monopolio estatal del comercio exterior podría poner en primer lugar las necesidades de millones de familias trabajadoras y terminar con la apropiación de los recursos por parte de un puñado de grandes multinacionales.

Además la entrada récord de divisas al país, generadas con la explotación del suelo y trabajadores locales, no se destinan a generar empleo, construir viviendas o subir las jubilaciones. La parte de esos dólares que no se embolsan las exportadoras, terminan en posesión del FMI y los especuladores financieros. La decisión del Gobierno de pagar y legitimar la estafa de la deuda con el Fondo Monetario y los acreedores privados, condenan al país a la dependencia y el atraso.

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