La pregunta que no desvela al Estado ni a los medios de comunicación. Un recorrido por los cambios en la causa y las graves denuncias de los organismos de derechos humanos sobre el joven secuestrado por la policía en el 2009.
Martes 7 de octubre de 2014
Fotografía: Gustavo Facci
Luciano Arruga cumpliría 22. Posiblemente tendría la cabeza en mantener su trabajo o en conseguir uno. Sería uno de esos jóvenes de los que los medios hablan con “miedo”. Lo tratarían como un digito en la estadística.
Quizás no trabajaría y no estudiaría, un “ni-ni” al que Ivo Cutzarida diría curar con el “Evangelio”. Estaría buscando la manera de ayudar a su madre y a sus dos hermanos menores en mantener su casa. Pero Luciano no tiene el derecho a estas incertidumbres, hace 5 años que está desaparecido.
El 31 de enero del 2009 fue secuestrado por efectivos de la policía Bonaerense en Lomas del Mirador. Un año antes había sido detenido y torturado en la cocina de la comisaría, a pesar de la prohibición de alojar menores en las instalaciones. La causa de la violencia: negarse a participar en las redes delictivas gestionadas por la policía.
Su desaparición movilizó el pronunciamiento de diversos organismos de Derechos Humanos, Centro de Estudiantes, organizaciones sindicales, sociales y políticas. Meses atrás el Comité contra la Desaparición Forzada de personas de las Naciones Unidas declaro que estos hechos son utilizados por la policía para encubrir delitos y procurarse impunidad.
La causa
Al cumplirse 5 años de su desaparición, el CELS –Centro de Estudios Legales y Sociales– denunciaba “una causa sin indagados ni procesados, con dos fiscales y un juez bonaerenses con pedido de juicio político debido a su reprochable actuación durante los primeros años de la investigación”.
Los primeros cuatro años la investigación estuvo prácticamente parada. Cuando Mónica Alegre, madre de Arruga, denunció el secuestro del joven se demoró 5 días en comunicárselo a la justicia, tiempo suficiente para deshacerse de pruebas.
En el 2013 como subproducto de la presión de familiares, amigos y organismos de derechos humanos: la causa fue caratulada como “desaparición forzada de persona”.
En julio del 2014 la Cámara de Casación Penal dio lugar al Habéas Corpus presentado por la familia. Los jueces de la cámara IV dieron lugar al pedido que había sido rechazado previamente por el juez federal de Morón Juan Pablo Salas y la Cámara Federal de San Martín.
El dictamen dejo al descubierto la complicidad de los responsables de la investigación previa. El juez Gustavo Blanco, del Juzgado de Garantías Nº 5 de Morón y las fiscales, la primera Roxana Castelli y la segunda Celia Cejas, acusadas de actuar contra el esclarecimiento de la causa.
Según denunciaron desde la querella compuesta por la familia de Arruga, el CELS y la APDH -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- de La Matanza Roxana Castelli le otorgó a la policía Bonaerense la facultad de auto-investigarse. Su reemplazante, la fiscal Celia Cejas, fue señalada de pinchar teléfonos de familiares, amigos y testigos.
El 15 de septiembre la familia denunció violencia y hostigamiento a los testigos de la causa. Policías ingresaron a la casa de uno de los jóvenes sin orden de allanamiento y los golpearon hasta abrirles la cabeza.
El 23 de septiembre se realizó una audiencia por el caso donde fueron citados funcionarios nacionales y provinciales. En el Juzgado Federal Nº1 de Morón se hicieron presentes María Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad de la Nación, y Martín Fresneda, secretario de Derechos Humanos de la Nación. Alejandro Granados, secretario de Seguridad de la Provincia, se ausentó.
“Sheraton”: la comisaría 8°
Luciano fue visto por última vez por un testigo de identidad reservada. Como lo recordó la hermana en un carta reciente “me cuentan que habías sido detenido y golpeado, que te habían visto prácticamente muerto en el ex destacamento policial de Lomas del Mirador, no me sorprendió lo que decía quien luego se convertiría en testigo de identidad reservada, y acto seguido, en un testigo atemorizado por las amenazas”.
En aquella dependencia de la fuerza provincial de seguridad funcionaría entre 1976-1978 el ex Centro Clandestino de Detención el “Sheraton” o el “Embudo”. En ese mismo lugar secuestrarían y desaparecerían al historietista Héctor Germán Oesterheld, autor del “Eternauta”.
A pesar de que el genocida a cargo de este sitio de muerte, el ex coronel Antonio Lui Cuhna Ferré, fuese detenido en rosario en 2013, allí se siguió practicando la barbarie. Como relata Damián Piraino en el libro “Detrás de Luciano” el 14 de diciembre del 2009 hubo un incendio en la comisaría. Había 18 detenidos en un lugar con capacidad para 9. Murieron 5 de ellos como subproducto de las paupérrimas condiciones de hacinamiento.
Números rojos
La violencia extrema ejercida contra Luciano es cuenta corriente en la práctica diaria de la policía. Según datos de la CORREPI –Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional- entre el año 2009, que fue secuestrado Arruga, y el 2013 fueron víctimas de tortura, violencia institucional, desaparición o gatillo fácil 1208 personas, de las cuales más de la mitad tenía entre 14 y 25 años. La mayoría de los casos se concentran en el territorio Bonaerense donde los damnificados alcanzan los 559.
Las cifras nacionales en los últimos diez años (2003-2013) se calculan en 2486 casos, de los cuales, 1133 tenían entre 14 y 25 años. De ellos son 1128 los que vivían en la provincia de Buenos Aires.
No hablaban de ti
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, publicó una carta que decía “Porque la presión de esta lucha va dejando en evidencia a aquellos que intentan ocultar, silenciar o deslegitimar, y tendrán que ubicarse de un lado o del otro, porque los derechos humanos se defienden o se violan, no hay puntos medios. Para dar lugar a las voces que quieren ser silenciadas, para sacar a la luz la verdad y de ese modo acceder a una real y total justicia”.
¿Dónde está Luciano Arruga? La pregunta que no desvela al Estado ni a los medios de comunicación, pero que debe ser respondida para que haya justicia.
