Más de 130 personas están detenidas producto de las “investigaciones” de la Procuraduría General de la República en torno al caso Ayotzinapa. A unos días de que el GIEI abandonara el país, The Associated Press difundió documentos que terminarían de echar por tierra la “verdad histórica”.
Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 12 de mayo de 2016
La versión que el gobierno mexicano formuló pocas semanas después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sigue siendo la misma, pese a las innumerables evidencias que reunió durante su estancia en México el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI): los jóvenes fueron secuestrados por elementos de la policía de los municipios de Iguala y Cocula y los entregaron a integrantes del cártel Guerreros Unidos. Éstos últimos serían quienes asesinarían y calcinarían a los normalistas, en un basurero de Cocula.
A lo largo de la investigación del GIEI, cuyos primeros meses estuvo marcado por movilizaciones multitudinarias en todo el mundo, los dichos de la Procuraduría serían fuertemente cuestionados por los expertos. Desde la responsabilidad por no haber actuado en ningún momento para prevenir, detener o intervenir en modo alguno en los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014, pasando por el sistemático entorpecimiento (y hostigamiento) del trabajo de los forenses, hasta la clara intención de cerrar el caso lo antes posible, fabricando culpables.
Así lo dejaron ver los reportes médicos desde hace algunos meses. De las 130 personas que han sido detenidas durante el proceso de investigación, hay 90 cuyos casos son investigados por haber presentado muestras de tortura física. A esta evidencia (que diversos órganos de Derechos Humanos han respaldado) se suman los documentos difundidos por la agencia The Associated Press (AP) cuyo contenido terminarían de echar por tierra la versión oficial sobre el destino de los 43 y confirmaría peritajes anteriores: los testigos fueron torturados por horas y obligados a confesar para respaldar la versión gubernamental. ¿Los responsables? “agentes aprehensores distintos a la PGR”, según Eber Batanzos, subprocurador de Derechos Humanos de la PGR.
Son 10 en total los testimonios que recoge la agencia AP, en donde se especifican los métodos con los que estos “aprehensores” extrajeron de los testigos la declaración requerida. Inclusive, señalan los denunciantes, les fue entregada evidencia preparada y que se les indicó qué hacer y qué decir. Entre las “confesiones” que pasan a estar en tela de juicio por estas graves acusaciones, se encuentra la de Patricio Reyes Landa, clave para “la verdad histórica” en tanto es una de las primeras declaraciones que aseguran haber matado a los jóvenes y calcinado sus restos en el basurero de Cocula.
Otra de las partes claves de la versión oficial que se ve cuestionada con la publicación de estos documentos, es la del hallazgo de las bolsas los restos de los jóvenes, supuestamente arrojados por Agustín García Reyes en las orillas del río San Juan. Reyes asegura que fue obligado a fingir haber tirado él las bolsas y después, a simular habérselas mostrado a los elementos de la PGR que lo acompañaban. Todo esto ante las cámaras de Tomás Zerón de Lucio, jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y el mando más recientemente mencionado por el GIEI involucrado en la presentación de “pruebas” poco confiables.
Esta noticia se da en el marco de la circulación de un video en donde se puede observar a elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal torturando a una mujer en Guerrero. Aunque el video era del año pasado, circuló hace un par de semanas. En un acto sin precedentes, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, salió a pedir una disculpa por el comportamiento de sus tropas.
Por si esto fuera poco, se han aprobado medidas que siguen dándole facultades al Ejército mexicano, como la Reforma al código de justicia militar. Así mismo, el gobierno federal ha aprobado medidas como la Ley contra la tortura, la cual ya ha sido calificada por diversos organismos como insuficiente y con un contenido que aún es ambiguo y deja abierta la puerta para que este tipo de atropellos sigan cometiéndose impunemente.
Uno de los puntos más escandalosos de esta Ley es el que se refiere a la validación de testimonios obtenidos mediante tortura, así como la relativización de la “intensidad” de estas violaciones.
Cada vez más cerca del segundo aniversario de la desaparición de los 43, la interrogante sigue siendo ¿dónde están? Ninguna investigación ha sido concluyente. Los padres sostienen que es el Estado quien lo sabe. Este Estado que mata y tortura, que desaparece y que nos esclaviza ante los designios de los grandes capitales.
