Pocos días después de que se iniciara el confinamiento, Ada Colau hacía público un acuerdo con la patronal de los apartamentos turísticos para utilizar 200 pisos como alojamientos temporales de emergencia para familias que así lo necesitaran. Pasadas seis semanas todavía no se ha hecho nada.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Miércoles 22 de abril de 2020
Para paliar la pandemia del coronavirus y evitar el colapso sanitario el Gobierno de Pedro Sánchez anunció como suma al confinamiento, medidas del nivel de poner a disposición de la sanidad pública todos los recursos de la privada. De esto hace semanas y miles de personas mayores todavía esperan camas de UCI y respiradores artificiales. O lo que es lo mismo, miles de personas continúan sufriendo las consecuencias fatales de estas medidas que no pasan del discurso político.
Pero ¿cómo puede ser posible que el Gobierno obligue a los lobbies de las mutuas y clínicas privadas y a la industria farmacéutica a que estén bajo control público si desde el inicio de la pandemia todos los esfuerzos del Ejecutivo pasan por menguar las pérdidas que pueda sufrir la patronal y las grandes empresas? Y sino, ¿por qué esta semana han vuelto al trabajo, exponiéndose al contagio, miles de personas de sectores no esenciales?
Pues bien, que no se sobresalte nadie si les decimos que todas las instituciones, también aquellas que se oponen a las políticas nefastas del Gobierno central, están haciendo más bien poco para evitar la propagación del virus entre los sectores sociales más desprotegidos y necesitados.
Es el caso del Ayuntamiento de Barcelona en Comú y PSC, por poner solo un ejemplo. Mañana ya, si eso, hablamos de la gestión de la crisis en las residencias que con tanta vehemencia anuncia la Generalitat cada sábado en el FAQS. Que si nos ponemos al frente, que si nos hacemos cargo de las privadas, etc, etc, etc, mientras los tests masivos siguen sin llegar.
El Ayuntamiento de Colau tiene también una larga lista de medidas que pasarían por revolucionarias y de urgencia si no fuera porque no pasan de un brindis al sol. Es el caso de la cesión de 200 pisos turísticos para alojar a las personas más vulnerables frente al Covid-19.
El pasado 20 de marzo, pocos días después de que se iniciara el confinamiento, Ada Colau hacía público un acuerdo con la patronal de los apartamentos turísticos de Barcelona para utilizar 200 pisos como alojamientos temporales de emergencia para familias que así lo necesitaran.
No obstante, hasta el momento el consistorio no ha dispuesto de ninguno de estos apartamentos para las familias de las mayorías sociales que más lo necesitan o para sectores de trabajadoras y trabajadores que por su trabajo se ven más expuestos a contagiarse.
Resulta que cuando se anunció la medida con Apartur, esta era tan solo un preacuerdo. Si, un preacuerdo por el que cuado se activara cada uno de los apartamentos tendrían un precio de 2.250 euros por dos meses. Es decir, Ada Colau convertía una medida que tenía que dar una respuesta a las necesidades sociales de diferentes sectores en una forma más de proteger los intereses de la patronal del turismo en tiempo de coronavirus.
Y todo esto se conoce justo en una de las semanas en la que han muerto dos personas más de tantas que, incluso hoy en día, duermen en la calle. En Barcelona, después de un mes de pandemia, continúa habiendo miles de personas y familias por debajo del umbral de la pobreza y que automáticamente se convierten en sectores de riesgo ante la propagación del virus. ¿Quién dijo que el virus no entendía de clases sociales y que afectaba a todos por igual?
Y es más, más allá que se haya superado el pico de contagio y el colapso sanitario esté más estabilizado, la medida del Gobierno de Sánchez de que algunos de los sectores no esenciales vuelvan al trabajo y a los desplazamientos en transporte público desde el el pasado lunes no hará otra cosa que potenciar un posible rebrote de la propagación de los contagios.
Ante esto, ante una medida que solo va dirigida a salvaguardar los beneficios de la patronal a expensas de poner en peligro la salud de millones de trabajadores y trabajadoras, son necesarias medidas urgentes y excepcionales que puedan ir dirigidas a proteger las vidas de la clase trabajadora y los sectores populares.
Ada Colau te dirá que desde las instituciones municipales están haciendo todo lo que está en sus manos ante las medidas recentralizadoras del Gobierno de Sánchez. ¡No es verdad! Están haciendo todo lo posible dentro de los límites que marcan los grandes lobbies de la ciudad.
¿Dónde están los más de 200 apartamentos que tiene disponibles Turismo? Y sobre todo, donde están las 65.000 plazas hoteleras que llevan desde hace un mes sin ocuparse?
Continúa siendo necesaria y urgente la reapertura de todos los hoteles y como decía Pau Gilabert en este artículo, "que todas las habitaciones sean confiscadas sin ningún tipo de indemnización. Que se pongan a funcionar bajo el control de trabajadoras y trabajadores y en condiciones de seguridad e higiene para las necesidades habitacionales y sociales urgentes".
Hoy, solo con medidas así, en las que las trabajadoras y trabajadores tomen el control se podrá llegar donde los "ayuntamientos del cambio" no quieren llegar ni en tiempo de pandemia. Porque nuestra salud vale más que sus beneficios.
