Alrededor de 3 mil hectáreas de bosque incendiadas, 7 viviendas destruidas, 10 personas damnificadas en Quilpué, en la quinta región según datos de la Onemi del pasado sábado, incendios claramente provocados donde todo parece indicar que el creciente negocio inmobiliario esta implicado.
Domingo Lara Biólogo Ambiental
Domingo 17 de enero de 2021
La frase popularizada en redes sociales “Donde fuego hubo inmobiliarias quedan”, da cuenta de una trágica realidad, es que luego de estos incendios provocados, al no quedar bosque que proteger, se genera un cambio de uso de suelo para que las inmobiliarias puedan realizar sus proyectos, es por esto que en la comisión de medio ambiente se está discutiendo una ley que pretende evitar por 30 años el cambio uso de suelo en los sectores siniestrados por incendios forestales.
Tampoco se pueden realizar permisos de edificación, subdivisión, loteo o urbanización predial y de construcciones, en los terrenos que fueron parte de la superficie incendiada; exceptuando aquellas vinculadas con edificaciones existentes antes del siniestro. También aquellas que se enmarquen dentro del proceso de partición hereditaria. Esta es una medida mínima necesaria, que debe enfrentarse con los intereses de las inmobiliarias donde hay grandes grupos económicos, donde el propio presidente Piñera obtuvo parte de su fortuna.
Debe ir acompañada de medidas de fondo, es que el negocio inmobiliario se abre camino más allá de la ley, ya que el derecho a la vivienda en Chile es un privilegio, donde todo está privatizado, inclusive este tipo de incendios no solo se ven en zonas forestales, también hay situaciones donde se generan incendios de edificios patrimoniales o de otra índole que permiten a las inmobiliarias construir proyectos muy por sobre el valor de las propiedades previamente existente.
Es necesario enfrentar la crisis habitacional en Chile, que tiene un déficit de 400 mil viviendas y sumado a un 1 millón 200 mil que no tienen las condiciones mínimas para vivir, es necesario un plan de viviendas públicas, financiado por el estado, planificado y gestionado por los trabajadores y las comunidades, que permitan frenar los constantes abusos del sistema inmobiliario.
Hoy cuando los empresarios se hacen cada vez más ricos y el pueblo trabajador cada vez más pobre es necesario resolver el problema de la vivienda con impuestos a las grandes fortunas. Esto debe ser parte de un plan integral para lograr el derecho a la vivienda pero también para enfrentar la pandemia, ya que sin un lugar estable, no hacinado, para vivir no hay cuarentena posible.
