En medio de la polémica iniciada por el ministro de consumo Alberto Garzón sobre las macrogranjas, el grupo Pini, multinacional italiana de la carne que acumula polémicas, sigue dando pasos adelante con el beneplácito del gobierno de coalición aragonés de PSOE y UP.
Miércoles 12 de enero de 2022
El grupo Pini es ya conocido desde hace una década por las autoridades en Italia, Polonia y Hungría debido a sus actividades delictivas. En 2017, y en mitad de un proceso judicial que podía llevar a su fundador Piero Pini a prisión, el gobierno aragonés presidido por Javier Lambán del PSOE, junto con los ediles de Izquierda Unida y Podemos, recibió con los brazos abiertos a la compañía, que traía la promesa de generar 1600 puestos de trabajo en la región.
Es así como nació en el verano de 2019 “Litera Meat” un macromatadero establecido en el municipio de Binéfar (Huesca) en la comarca de Litera y que había sido trasladado desde la localidad polaca de Kutno, en Polonia, donde las autoridades habían determinado que en el matadero se producían numerosos abusos laborales, lo cual forzó su cierre.
Una historia teñida de fraude y explotación laboral
Tras una investigación de años, en 2016, las autoridades polacas e italianas descubrieron que los mataderos de Pini eran una pieza clave en una red de empresas dedicadas a varias actividades delictivas. El grupo llegó a fundar treinta compañías ficticias en Italia, que utilizó para inflar los costes de la actividad del matadero. Con esta treta, Pini habría logrado eludir al fisco polaco más de 8 millones de euros desde 2011, y su descubrimiento supuso el fin de su actividad y su posterior venta a una corporación china.
En 2017, el presidente aragonés declaraba que la decisión de la empresa de establecer el matadero en Huesca era satisfactoria porque crearía numerosos puestos de trabajo y puso a su disposición las ayudas para el sector agroalimentario convocadas para ese año. "Pini ha decidido trasladar su matadero desde Polonia a Binéfar, gracias a las excelentes dotaciones humanas y de infraestructuras que esta zona le ofrece", declaraba. Pero la realidad era muy diferente, ya que el empresario de Piamonte Piero Pini, traía el matadero a España tras intentar llevarla a su patria natal (Italia) y desistir por la movilización vecinal en contra de la apertura de la planta.
Pini no se había caracterizado en absoluto por crear un empleo de calidad en sus mataderos. En una entrevista a los trabajadores del grupo en Hungría, narraron cómo las condiciones laborales en la empresa eran semiesclavas. No se respetaban descansos entre jornada y jornada, porque no había jornadas, sino una jornada perpetua. El sueldo no superaba los 800 euros mensuales. Además, la empresa aprovechaba la tercerización para no hacerse cargo de las condiciones laborales de sus empleados y las subcontratas contrataban principalmente a migrantes sin papeles y romaníes porque tradicionalmente éstos estaban menos representados en los sindicatos y tenían menos confianza en ellos.
Además, el propio Piero Pini incurría en la violencia contra sus trabajadores, llegando a apalizar a una trabajadora con un cuello de cerdo en una ocasión en el matadero de Kutno (Polonia). Los trabajadores de las plantas definían el volumen de carne que debían procesar como un “tsunami” que nunca frenaba, salvo cuando había visitas.
Un contagio de más de 1000 personas en Binéfar
La llegada del grupo Pini al Estado Español, que ahora quiere ampliar su negocio en Aragón, no estuvo exenta de polémicas. A los escándalos por abuso laboral se suma el impacto ambiental de los macromataderos del grupo Pini. La industria cárnica es una de las potencialmente más contaminantes porque supone un riesgo para los acuíferos (ya en riesgo en nuestro país) y por las emisiones que la crianza de ganado genera.
En Polonia, ya en 2011 algunos alcaldes de las localidades donde se establecía el grupo italiano se quejaban de la nefasta gestión de los desechos cárnicos por parte del empresario. Antes de su apertura, el informe técnico del Ayuntamiento de la localidad advertía que el matadero generaría 126 toneladas de CO2 al día y 1,3 millones de desechos contaminantes al año, lo cual generó protestas en la provincia de Huesca.
Desde la apertura del matadero, Binéfar es uno de los pueblos con menor paro de España y mayor renta per cápita, unos datos que ocultan la verdad de la desigualdad en el municipio. En Binéfar gran parte del dinero está en manos de los empresarios de la industria cárnica. La pandemia sacó a relucir las enormes desigualdades del pueblo cuando el macromatadero del grupo Pini se convirtió en un enorme foco de contagio en pleno confinamiento por las escasas medidas de seguridad tomadas en la planta.
Según reveló el sindicato CNT, la empresa obligaba a trabajar a los contagiados de COVID-19 e instaba a los positivos a que no se hiciera público el diagnóstico, provocando una cadena de infección de no menos de mil personas entre trabajadores y familiares. La empresa amenazó con el despido a quienes cogieran la baja laboral, práctica que venía siendo habitual desde la apertura de la planta. Parece que en Huesca las prácticas del grupo no han sido muy diferentes a las que denunciaban los trabajadores húngaros y polacos.
Una mafia a la que todas las administraciones están abriendo la puerta
Ahora el grupo pretende ampliar su negocio y abrir este mismo enero otra planta en la comarca de Litera, concretamente en San Esteban. La plantilla estimada será de 150 trabajadores y forma parte de un plan de expansión que incluye abrir un secadero de jamones en Albelda. La combinación entre ceguera voluntaria e intereses económicos de las administraciones sigue siendo absoluta como puede comprobarse en las declaraciones del alcalde de San Esteban de Litera, que califica el desembarco de la multinacional italiana como “una muy buena noticia”.
No es comprensible que las administraciones abran paso a empresas que vienen de países de donde han tenido que salir huyendo, pasando primero por la prisión, y menos otorgándoles tratos fiscales preferentes y subvenciones. Y esto ocurre cuando los gobiernos central y autonómico están en coalición “progresista”, lo que nos induce a pensar que las declaraciones de un ministro como Garzón contra las macrogranjas no son otra cosa que papel mojado.
El tándem de gobiernos permisivos, grupos empresariales que son más bien mafias del crimen organizado y sindicatos mayoritarios desaparecidos ha condenado a numerosos sectores productivos a la precariedad más absoluta.
El sector cárnico ha sido muy afectado, lo que produjo protestas masivas y huelgas hace cinco años, a lo que los empresarios del sector, como Josep Ramisa, miembro del consejo de administración de Esfosa respondió con la amenaza “os voy a pegar cuatro tiros” o con amenazas de deportación a los trabajadores (“ya tengo preparados los papeles para que te vuelvas a África a morirte de hambre”), ya que muchos de ellos son migrantes.
Hacia una “rebelión en la granja”
La mejora de las condiciones del sector no va a venir de mano del gobierno “progresista”, que más bien parece estar abriéndole la puerta a los grandes empresarios de la carne. Ese gobierno es parte del problema laboral y ambiental de la industria. Urge que las organizaciones sindicales tomen cartas en el asunto de la explotación laboral de la industria, que no sólo afecta a los mataderos, sino también a las macrogranjas (esas que ahora el PP dice que no existen, pese a haberse manifestado contra ellas hace unos años).
El problema de la industria de la carne es el problema del aumento de este tipo de explotaciones intensivas y no un problema en abstracto. En la última década, una de cada tres granjas ha cesado su actividad y todas eran pequeñas o medianas explotaciones. Y eso en un momento en el que el volumen total de la industria ha aumentado hasta alcanzar el 2,24% del PIB.
Lo que se está produciendo es una concentración de más riqueza en menos manos, y está provocando que las condiciones laborales del sector empeoren y que el problema ambiental que generan estas granjas aumente exponencialmente.
Sólo la organización de los trabajadores y trabajadoras del sector, junto con vecinos de las zonas afectadas y el movimiento ecologista puede imponer un plan de lucha diferente al planeado por un gobierno que no tiene ninguna intención de pasar por encima del interés privado. Y ese plan de lucha pasa por imponer huelgas y movilizaciones en el sector y expulsar a empresarios como Pini como ya lograron los trabajadores en Hungría y Polonia, que comenzaron movilizaciones en lo que la prensa local denominó una auténtica “rebelión en la granja”.