Recientemente Dorothy Pérez fue electa y nombrada como nueva contralora general de la república con 46 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones en el Senado, transformándose en la primera mujer en este cargo. Este nombramiento es a raíz del cumplimiento del período en el cargo por 8 años de Jorge Bermúdez y comienza de forma inmediata con una polémica. En esta nota te comentamos sobre el dictamen recientemente emitido y las consecuencias que puede traer para quienes trabajan a contrata en el servicio público
Viernes 8 de noviembre de 2024
El primer dictamen de Dorothy Pérez fue dejar en manos del poder judicial la determinación del periodo necesario para que las y los funcionarios adquieran la “confianza legítima" de renovar el contrato al año siguiente. Sin duda es un golpe para las y los trabajadores, que ven reducidas las herramientas para la estabilidad laboral.
"Confianza Legítima"
La figura de la confianza legítima tiene que ver con la certeza de la renovación anual de contrato que, hasta este dictamen, Contraloría consideraba aplicable tras un plazo de dos años, con dos años consecutivos la persona adquiere la "confianza legítima" en que al otro año sería nuevamente contratado. El Poder Judicial en cambio considera que esta "confianza legítima" sólo puede darse tras cinco años de contrataciones consecutivas y no dos, esto se refleja en los fallos laborales de tribunales cuando la Contraloría no entrega una respuesta favorable a la solicitud de ayuda de las y los trabajadores.
Si bien, en dictámenes previos, entre el 2016 y 2021 la Contraloría sostenía la definición de un plazo de dos años para generar en los servidores la confianza de que la renovación sería reiterada en el futuro, desde el año 2022 el máximo tribunal ha sostenido en reiterados fallos que la confianza legítima sólo opera después de 5 años.
No es ningún secreto, el servicio público precariza a sus trabajadoras y trabajadores en muchos sentidos; por una parte mantiene a gente en situación de contrata por años incluso décadas sin asegurar estabilidad laboral. O lo que ocurre con algunos servicios como el de salud y educación altamente precarizados sin un financiamiento estable y urgente, sin contar el ejército de funcionarias y funcionarios a honorarios que y apenas pueden hablar de algún derecho laboral.
El presidente de la Asociación Nacional de Empleados fiscales ANEF José Pérez se refirió al dictamen acusando que este termina con la jurisprudencia administrativa sobre la confianza legítima. Más tarde afirmó que la actual contralora "deja sin efecto la confianza legítima y el alcance de recurrir a este ente fiscalizador", declarando el dictamen finalmente como un retroceso.
Nuevo Dictamen de la @Contraloriacl termina con la jurisprudencia administrativa sobre la "confianza legitima", precarizando aún más la estabilidad del empleo en el Estado @anefchile @Cutchile @GobiernodeChile @Senado_Chile @Camara_cl @OITconosur pic.twitter.com/yo7culAVeG
— José Pérez Debelli (@japdebelli) November 7, 2024
Flexibilidad laboral en el Estado
Ciertamente la figura de confianza legítima no es una protección significativa a la estabilidad laboral de la de los funcionarios y funcionarias públicos, es necesario entonces pensar profundamente el problema estructural de las contrataciones del Estado. Es necesario fortalecer la lucha por el paso a planta, por la estabilidad laboral y el perfeccionamiento técnico y profesional de la de los trabajadores del servicio público, por la inyección de recursos que permitan mejorar las condiciones laborales, entre otras demandas que atraviesan toda esta discusión.
En próximos artículos profundizaremos en esta materia para introducirnos en el debate sobre las contrataciones públicas, la precariedad laboral y el rol de las organizaciones obreras o asociaciones de funcionarios como es el caso de la ANEF.
Fer Morales
Antropóloga Social y poeta Slam
