Envuelto en la mística de la figura del presidencialismo posrevolucionario, con su figura omnipresente en el ritual de las conferencias matutinas, a dos años de asumir el poder y con los bemoles de las crisis económica y sanitaria, AMLO mantiene su retórica antineoliberal, pero sus medidas de gobierno poco tienen de progresistas.

Se cumplieron dos años desde que AMLO asumió la presidencia, arropado por más de 30 millones de personas que lo votaron, con la ilusión del cambio y hastiadas del PRI, del PAN y del PRD. Desde el inicio proclamó la Cuarta Transformación, sucesora de la independencia, la época de la reforma de Benito Juárez y la revolución de 1910. ¿Qué hechos hay detrás del discurso?

Cada periodo presidencial se significa por su desempeño de diverso grado en la continuación de las reformas sociales; su realización es siempre parcial, pero está constantemente en juego. Es la verdadera línea de masas del gobierno, la que lo define y lo prestigia, pero sobre todo la que lo vigoriza y, como hemos visto, la que le permite mantenerse por sobre todos los grupos como el verdadero árbitro de la nación. Es claro que las relaciones del gobierno y del presidente con las masas son relaciones paternalistas, tradicionales, en las que se mezclan la admiración y el temor que infunde el poder desorbitado con el reconocimiento y hasta el agradecimiento. [1]

Descendiente del Partido de la Revolución Democrática —el que a su vez se conformó con el ala de la corriente democrática del PRI— el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), hoy partido oficial, repite gestos ampulosos de otras épocas, cuando el tricolor, “la revolución hecha gobierno”, tenía un margen más amplio para otorgar concesiones a la clase trabajadora y los sectores populares, entre las décadas de 1930 y 1940. Pero, por encima del Morena, quien domina la escena nacional es claramente Andrés Manuel López Obrador, quien forjó su figura desde su ruptura con el PRI de Tabasco en 1988, como opositor que recorrió el país varias veces, predicando una transformación pacífica en un México sofocado por el autoritarismo priista de décadas.

AMLO, en pleno siglo XXI, logró recrear un presidencialismo fuerte, bajo una aureola antineoliberal, que venía profundamente cuestionado con el gobierno de Enrique Peña Nieto; ese había sido el costo de multiplicar agravios, y la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue la gota que rebalsó el vaso. El actual presidente es en quien se depositan las ilusiones de cambio de amplios sectores: había llegado al poder con el 54.7% de los votos y dos años después, en el contexto de la pandemia y una creciente crisis económica, cuenta con 64% de aprobación.

Crisis sanitaria

Con el mundo golpeado por la pandemia, la refracción en México se ha constituido en uno de los principales desafíos del gobierno de AMLO, y con casi 110 mil muertes al cierre de este artículo, va perdiendo la partida. Los gobiernos del PRI y del PAN esquilmaron el sector salud: recortes presupuestales, desvíos de fondos, subrogación de servicios y subcontratación o contratos temporales para las y los trabajadores del sector fueron parte del legado que recibió López Obrador. Por citar un caso, sólo durante el gobierno de Peña Nieto se habrían desviado más de 4 mil millones de pesos a 837 empresas fantasma.

Si bien es verdad que ésta es la herencia recibida, el hecho es que la política sanitaria del gobierno no buscó cambiar de forma radical esta realidad. Aún más, esta situación se combinó con una política de mitigación de la pandemia desplegada por el gobierno actual, ya que desde los primeros meses las autoridades renunciaron a hacer seguimiento de los contactos positivos. Siempre se rechazó desde el gobierno la realización de pruebas masivas para detectar casos sintomáticos y asintomáticos, y se dio mensajes contradictorios sobre el uso de cubrebocas. A su vez, la administración mantuvo los contratos laborales temporales en el sector salud, así como las contrataciones de los residentes como “becarios”, una figura que exime a las autoridades de pagar prestaciones. Y estuvo lejos de buscar la nacionalización de los laboratorios y los hospitales privados, para centralizarlos en un sistema de salud que permitiese enfrentar en mejores condiciones la pandemia.

Como contrapartida, en el medio de la crisis, el gobierno anunció la gratuidad de los servicios de salud en hospitales e institutos federales, una medida que puede considerarse una “reforma social”, muy bien recibida por gran parte de la población, dado que para 2019 había 71.7 millones de personas sin seguridad social, y que se percibe como contraria a la creciente mercantilización de la salud que habían impulsado el PRI y el PAN en sexenios anteriores. Sin embargo, aún así esto es insuficiente, ya que para garantizar el acceso a servicios de salud de calidad sería necesario un aumento radical del presupuesto para el sector, en el marco de la grave crisis sanitaria que está atravesando el país.

Altibajos en la relación entre los empresarios y AMLO

La cancelación de las obras del aeropuerto de Texcoco al inicio del sexenio fue el primer desencuentro, subsanado por los anuncios de los megaproyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, ya que los beneficiarios de los contratos en Texcoco pasaron a tener otros en esos proyectos, como el caso de Carso, de Carlos Slim.

Sin embargo, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) mantuvo sus críticas al gobierno. Uno de los grandes reproches que hace la derecha al presidente es que ante la pandemia no dio apoyos a las empresas —beneficios fiscales o subsidios, como sucedió en otros países. El otro punto áspero para el empresariado que amasó fortunas gracias a la liquidación de prestaciones es la presentación de una iniciativa de ley de AMLO para regular el outsourcing, sobre el cual el mandatario señaló que “es aprovechado por empresarios para evadir impuestos y mermar los derechos de los trabajadores”.

Sin embargo, el proyecto de ley reemplaza la actual forma de contratación por la figura de servicios especializados o de obra especializada, a la cual podrán recurrir las empresas con una excepción: sólo no pueden tercerizar servicios que tengan que ver con su objeto social. Esto implica, por ejemplo, que las y los trabajadores de servicios de limpieza de oficinas que contratan dependencias del Estado seguirán con salarios paupérrimos y sin prestaciones, como pensiones o aguinaldos.

De todas maneras, a la clase dominante no le gustan los cambios, por pequeños que sean y aunque no supongan más que una tibia “regulación”, que está lejos de liquidar lo que es uno de los fundamentos de la precarización laboral en México. Las cámaras empresariales y sus voceros de los medios de comunicación insisten en que, si pasa este proyecto de ley, están en riesgo los 4.6 millones de empleos en modalidad de subcontratación, y esta amenaza la hacen, además, en el contexto de la pandemia.

La mayoría de los grandes beneficiarios de las reformas estructurales del PAN y del PRI, ahora agrupados en la organización Sí por México —cuyos líderes son Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, este último presidente de la Coparmex— están impulsando la conformación de un frente opositor al gobierno de AMLO para crear una alianza entre el PRI, el PAN y el PRD ante los comicios intermedios de 2021. Así busca el empresariado levantar a los partidos burgueses tradicionales y a la centroizquierda salpicada por la masacre de Iguala de 2014, y reciclar el Pacto por México, esta vez en clave electoral.

Sin embargo, en materia de política gubernamental, no todo es lo que parece ni pretende vender la presidencia. AMLO, más allá de que busque la regulación del outsourcing, con los límites que enunciamos arriba, sí dejó pasar despidos y recortes salariales, y se apresta ahora a aplicar una nueva ola de despidos a los trabajadores estatales que laboran por honorarios o por contratos temporales. Apresuró también la reapertura económica, a pedido expreso de Washington y las trasnacionales, aunque justo en los estados fronterizos en realidad la industria maquiladora prácticamente no detuvo actividades. Y esto, como sabemos, implicó poner el riesgo la vida y la salud de millones de trabajadores y sus familias, y significó un aumento de la mortalidad entre los explotados y oprimidos de México.

Los límites de la retórica antineoliberal

En una entrevista reciente, le consultaron al analista e historiador Lorenzo Meyer si hay bases para pensar que vivimos un gobierno de “izquierda” (sic) en lo social y conservador en lo económico, a lo cual respondió:

“Por ahora sí. Los intereses económicos creados, los de la derecha, son muy fuertes y como no se intenta, porque no se puede ni se quiere, dar forma a una alternativa al sistema capitalista, pues entonces no se puede prescindir de los capitalistas, ni siquiera del T-MEC, que une a la parte moderna de la economía mexicana a lo que es el centro del capitalismo: la economía norteamericana”. [2]

Es en el terreno económico uno de los aspectos donde más contradicciones muestra la Cuarta Transformación de AMLO. La crisis económica internacional y su capítulo mexicano —que venía de antes, pero se aceleró con la pandemia— es un foco rojo del gobierno. Cuando asumió AMLO prometió que el PIB crecería a un ritmo de 4 % anual. En 2019, la economía se desaceleró en 0.01%. Para este año se calcula que la contracción llegará al 9 o 10%, la más pronunciada de la región, con un tendal de alrededor de 4 millones de despidos. Y aunque las remesas fungen como flotador —de enero a octubre entraron 33,564 millones de dólares, cifra que representa 10.4 % más que en el mismo periodo de 2019—, este cuadro deja sin efecto una de sus afirmaciones de la campaña electoral que lo llevó al poder: “Sin crecimiento, no hay empleo, sin empleo hay pobreza, y la pobreza crea la violencia”.

La firma del T-MEC y la relación amena con el presidente estadounidense Donald Trump —hoy a punto de culminar su mandato tras su fracaso por aferrarse al poder— a pesar de las incontables ofensas contra los migrantes mexicanos fueron dos hechos trascendentes de los dos primeros años de gobierno. La subordinación a los mandatos de Washington y el mantenimiento de una matriz industrial que orbita alrededor de las trasnacionales —un elemento característico de una economía “dependiente”— son elementos de continuidad con los anteriores gobiernos ejecutores de los planes neoliberales.

Desde que llegó a Palacio Nacional, el presidente señaló al neoliberalismo de los gobiernos que lo precedieron como la causa de los grandes males que aquejan a México: la pobreza, la violencia, los ecocidios. Pero, más allá de los discursos, lo que no cambió es que siempre se esmeró para preservar las ganancias de los grandes capitales.

AMLO busca paliar la pobreza con planes como Jóvenes Construyendo el Futuro o las pensiones para adultos mayores y becas, y ahora el pago de gastos funerarios para los deudos de personas fallecidas por COVID-19. Sin embargo, estos planes, aunque fueron bien recibidos en el marco de los bajos ingresos de gran parte de la población y del fuerte impacto regresivo de las políticas económicas de los anteriores gobiernos, no resuelven la precaria situación de las familias que siguen haciendo malabares para poder subsistir. Estos “apoyos” gubernamentales —cuya distribución presenta anomalías detectadas por la Auditoría Superior de la Federación— constituyen uno de los pilares de la hegemonía de AMLO, aunque es una incógnita por cuánto tiempo los podrá sostener ante la actual caída de la economía. Otra cuestión en la que se apoya es en la tregua que mantienen las direcciones sindicales con su gobierno. Ambos factores son parte del Estado ampliado a través del desarrollo de la estatización de las organizaciones de masas y la proliferación de la burocracia, [3] medidas que buscan prevenir el surgimiento de rupturas de amplios sectores del pueblo laborioso con el actual gobierno.

Te puede interesar: Apuntes para un debate sobre los sindicatos ante la crisis actual

La contracara de los planes sociales de AMLO son los millones de despidos que impuso el gobierno en el Estado, de trabajadoras y trabajadores que garantizaban el funcionamiento de las dependencias estatales, en nombre de la austeridad republicana Las autoridades justifican estos despidos negando la renovación de contratos, mientras persiguen a quienes se organizan para defender el contrato colectivo de trabajo, como sucede en el caso de las trabajadoras y los trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Al mismo tiempo, el gobierno mantiene la práctica de contratos de simulación, por honorarios, o por proyectos, temporales, que implican gran inestabilidad laboral para las y los trabajadores e impiden el derecho a la sindicalización. Todo esto muestra una política laboral que continúa el curso de los gobiernos neoliberales previos, respecto a los cuales AMLO pretende haber roto.

Otra arista la constituyen las obras públicas del gobierno. Con el discurso del progreso y de la creación de empleos, la realización de los megaproyectos es la niña de los ojos de AMLO. Pero el tren Maya o la refinería Dos Bocas, por citar dos de los más importantes, implican ecocidios y despojos para los pueblos que habitan en las regiones donde se construyen, y los beneficios de estas obras se los llevará el capital privado. Los defensores ambientales enfrentan una violencia creciente durante este gobierno, por ser voceros de la resistencia contra los megaproyectos, y las comunidades y pueblos originarios han denunciado, con razón, esta política gubernamental.

La faz autoritaria: el fortalecimiento del Ejército y la Marina

[…] hoy más que nunca, el Ejército emana del pueblo, y pretende, al amparo de una tendencia orgánica, reconstruir sus filas con elementos de todo el país, a fin de compartir con ellos la responsabilidad que tiene una Institución que es la salvaguarda del régimen revolucionario. [4]

Ese fue parte del discurso de Lázaro Cárdenas al rendir protesta como candidato presidencial del Partido Nacional Revolucionario (PNR) en 1933 y uno de sus objetivos fue, al decir del citado Córdova, “mantener una buena imagen del ejército ante los trabajadores”. Ya en el gobierno, Cárdenas destinó a los militares al trabajo en obras públicas, como construcción de escuelas, de albergues, de caminos. Señala Córdova al respecto que “era algo muy semejante a una auténtica contrainsurgencia, tanto en relación con los trabajadores como con los propios soldados”. [5] Esto parece ser la fuente de inspiración de López Obrador —a pesar de las distintas condiciones histórico-concretas en las que gobierna— para recomponer a las fuerzas armadas.

Durante el gobierno de Peña Nieto, el Ejército y la Marina fueron instituciones duramente cuestionadas por violaciones de derechos humanos y por su acción durante la “guerra contra el narco” —iniciada por Felipe Calderón. Sin embargo, ha sido constante la reivindicación que hace AMLO de estas instituciones. La austeridad no rige para los uniformados: se mantienen para ellos millonarios fideicomisos que manejan a discreción. Crece su papel en tareas civiles como la administración de los puertos. La creación de la Guardia Nacional mantiene la línea de los gobiernos anteriores de militarizar tareas de seguridad pública, al tiempo que ha tenido como principal función evitar el avance de los migrantes hacia territorio estadounidense.

Todo esto —sumado a la liberación del ex titular de la Secretaría de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, vinculado con el crimen organizado— es opuesto por el vértice a las ilusiones de quienes votaron por un cambio hartos de agravios como la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en la cual intervinieron elementos del Ejército. ¿Qué transformación puede haber así?

La policía, a veces junto con la Guardia Nacional y a veces con la Gendarmería, también tiene un papel reservado en el concierto que dirige López Obrador: reprimir las protestas. Ese es el caso de la resistencia contra los megaproyectos, como el caso de la termoeléctrica y el gasoducto de Huexca, en Morelos, y también es el caso de las movilizaciones por los derechos de las mujeres. Estos hechos demuestran que el discurso de “no represión” del presidente es una retórica que se acaba cuando la protesta crece.

El aborto sigue criminalizado en la mayoría de los estados, y miles de mujeres se enfrentan a graves consecuencias si los practican —desde cárcel, daños a su salud hasta muerte— y, en consonancia con esto, el partido del presidente ratificó su alianza electoral con el Partido Encuentro Solidario (antes Social), de la derecha cristiana, enemigo acérrimo de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTBI+. Por eso la marcha por el derecho al aborto fue hostigada y encapsulada en la Ciudad de México. Al mismo tiempo, AMLO continúa su línea de minimizar la creciente violencia contra las mujeres, cuando durante su gobierno los feminicidios llegaron a 1,812 de acuerdo con los datos entregados a AMLO por Soledad Jarquín Edgar el 24 de noviembre pasado. Y aun así, también el mitin realizado en el zócalo capitalino el 25, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, fue hostigado y encapsulado.

AMLO, el protagonista de la recomposición burguesa

Al inicio de su tercer año de mandato, López Obrador despliega algunas medidas para mantener y ampliar su base social, cada vez más empobrecida en el contexto de la pandemia y la crisis económica, con la reforma del outsoursing y el anuncio de la gratuidad de los servicios de salud. Con la liberación de Cienfuegos, procura mantener satisfechas a las cúpulas y las bases militares. Con la detención de Lozoya y el logro de que Rosario Robles inicie una “cooperación” para acusar a sus cómplices en la Estafa Maestra, busca demostrar el avance de su combate contra la corrupción.

La negativa a reconocer a Joe Biden como ganador de las elecciones estadounidenses —por rencores del pasado— es leída como una decisión equivocada por los grandes capitales, pero no implica que se modifiquen los términos leoninos del T-MEC, creado para que las trasnacionales estadounidenses tengan más beneficios aún. La subordinación al imperialismo estadounidense no está puesta en discusión. Como señala Pablo Oprinari:

La llegada de AMLO es a la vez resultado y respuesta, desde arriba, a una situación de crisis y escisión de largo aliento entre gobernantes y gobernados. La resistencia obrera, juvenil y la protesta social en los años previos —como en el caso de Ayotzinapa— evidenciaron una verdadera crisis orgánica. La frase de “gobernar para ricos y pobres” con la que llegó a Palacio Nacional, es una buena síntesis de que el nuevo gobierno pretende pilotear una situación compleja, signada por esta escisión, donde debe garantizar la estabilidad capitalista mientras lidia con las aspiraciones de cambio, las cuales está muy lejos de poder resolver. [6]

AMLO ostenta como logro el fortalecimiento de las instituciones tras la crisis abierta en 2014, aunque el flanco débil sigue siendo la fragilidad del sistema de partidos —y su imagen ante una población cada vez más politizada— de un régimen democrático-burgués que sostiene rasgos bonapartistas. Sin embargo, está por verse cuándo la retórica y los gestos “progresistas” de AMLO —como renunciar a Los Pinos— pierdan su efecto en las masas populares. Ante la inevitable caída de las finanzas públicas, será difícil para el gobierno sostener los programas sociales, como decíamos más arriba, una de las llaves de su hegemonía. Con un horizonte económico complejo en el marco de la crisis internacional, en el próximo período posiblemente asistamos al retorno de las protestas a las calles, retomando el camino abierto por distintos sectores de trabajadores y jóvenes en los últimos dos años e incluso durante los primeros meses de la pandemia.

En lo inmediato, el Morena de AMLO medirá fuerzas con la probable alianza del PRI-PAN-PRD en las elecciones intermedias de 2021. Quienes integramos el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas consideramos que ninguno de los dos adversarios propone una alternativa para la clase trabajadora y los sectores populares ante esta crisis. Es imperiosa la necesidad de forjar un partido revolucionario, anticapitalista y antiimperialista que despliegue la bandera de la independencia del gobierno, los partidos del congreso y las direcciones sindicales para que la crisis la paguen los capitalistas.

Desde esa perspectiva y hacia el escenario electoral de 2021, buscando también avanzar en el impulso de un polo de independencia de clase en el terreno de las luchas por venir, se conformó el Frente de Izquierda Anticapitalista, integrado por el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas (MTS, la Liga de Unidad Socialista (LUS), el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Grupo Socialista Obrero (GSO), que pugnará por conquistar una candidatura independiente a una diputación federal por el Distrito 23 de la Ciudad de México, para dar voz a los trabajadores, las mujeres y la juventud.