Este 23 de septiembre se cumplen dos años de la "Operación Judas" con la que trece activistas de los CDR están a la espera de juicio acusados de pertenencia a organización terrorista. Continua la cruzada contra el movimiento democrático catalán por parte del Estado español.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 23 de septiembre de 2021
Hoy hace dos años la Guardia Civil ponía en marcha un bestial dispositivo, ordenado por el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, en el que se detuvieron nueve (después sumarían cuatro más) activistas de los Comités de Defensa de la Républica (CDR). Más de 600 efectivos policiales hicieron registros simultáneos en varias ciudades del Vallès, contando además, con la ayuda de los Mossos d’Esquadra, la policía dependiente del Gobierno de la Generalitat.
El caso, conocido como "Operación Judas", sirvió para "incendiar" los ánimos de un otoño caliente con protestas sociales, y allanar así el camino, de la represión que se llevaría a cabo semanas más tarde en el estallido popular de la juventud contra las sentencias de los presos políticos.
A día de hoy los trece activistas de los CDR siguen acusados de pertenencia a organización terrorista, y uno de ellos será procesado también por “tenencia, depósito y fabricación de sustancias o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista”.
De hecho, apenas hace una semana que el juez instructor Manuel García-Castellón, confirmaba que serían procesados, asumiendo la petición de la Fiscalía que había solicitado que se mantuvieran los cargos que se desprendían de los atestados de la Guardia Civil.
En sus informes, la Guardia Civil, concluía que los acusados establecieron el denominado "Equipo de Respuesta Táctica", una "célula" de "gran radicalidad" que se dedicaría a realizar "acciones más sensibles". Todo un montaje policial y judicial, tal y como defienden abogados, familiares y defensores de los derechos humanos.
Todo esto, después de haber pasado meses en prisión provisional y en régimen FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento), en el cual veían reducida las comunicaciones y sufrían un mayor control y vigilancia. No obstante, esto solo es la punta del iceberg, puesto que los acusados y sus familiares sufrieron escenas de violencia durante los registros, así como la vulneración sistemática de los derechos. Además, también, de la vulneración del derecho a la defensa durante los días posteriores.
Sin duda, la "Operación Judas" es uno de los paradigmas de la escalada represiva contra el movimiento democrático catalán, con la judicatura al frente. Como también lo son los casos del Adri Carrasco y Tamara Carrasco, acusados también en un primer momento de terrorismo, además de rebelión y sedición.
Significantes son también las causas contra Marcel Vivet o ’los nuevo de Almeces’, todos activistas del movimiento independentista y de los cuales la Generalitat también se ha personado como acusación particular.
En la actualidad son más de 3.000 las personas encausadas desde que empezó la cruzada contra el pueblo catalán y el derecho al autodeterminación, entrando en una ofensiva reaccionaria sin límites. Y no solo por parte del Estado español, sino que el Gobierno de la Generalitat, como vemos, también se sitúa al frente de la criminalización a tantos y tantos jóvenes y activistas que luchan por sus derechos y libertades democráticos.
Hoy continúa siendo más importante que nunca la organización y movilización contra esta oleada represiva, así como la lucha por la amnistía total de los miles de encausados y la derogación de todas las leyes liberticidas.
Por eso, es necesario, también, interpelar a todos los sectores del izquierda independentista contrarios a la política de la dirección processista a impulsar una izquierda fuerte y con un programa anticapitalista, para poner de pie un nuevo embate mediante la movilización social y con la perspectiva de independencia de clase por la autodeterminación del pueblo catalán.
