En conferencia de prensa, familiares y compañeros de Berta Cáceres Flores, asesinada el 2 de marzo de 2016 exigen el esclarecimiento del asesinato político de la luchadora social y el castigo a los autores intelectuales vinculados al Estado hondureño.
Viernes 2 de marzo de 2018
Distintas organizaciones de mujeres, campesinos, indígenas, así como familiares e integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se dieron cita en una conferencia de prensa para continuar la exigencia de justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres Flores.
En los últimos meses, el Estado hondureño ha pretendido doblegar la lucha de organizaciones sociales con el aumento exponencial de la represión y la salida de las Fuerzas Armadas en las principales ciudades del país, como consecuencia del descontento desatado a partir del proceso electoral y el cuestionamiento al gobierno reelecto de Juan Orlando Hernández.
En ese marco se inscribe la exigencia por lograr justicia para Berta Cáceres, pero también para el conjunto de reivindicaciones del pueblo lenca y las comunidades que defienden los recursos naturales y bienes comunes.
En voz de la madre de Berta, la señora Austra Bertha Flores López se escuchó nuevamente el reclamo por justicia y por el cese a la represión, hostigamiento y persecución de la que son blanco los defensores de la tierra y activistas ambientales, así como dirigentes indígenas y organizaciones sociales en Honduras.
Acompañada de sus hijas Austra Bertha Flores, señaló la responsabilidad del Estado y gobierno hondureño que amenazaron durante los últimos años a la ambientalista por oponerse a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca amenazando la depredación del Río Gualcarque en manos de poderosos empresarios ligados a altos mandos del Estado y del ejército hondureño.
“Los mismos que asesinos de mi hija, Berta Cáceres Flores, son los que ahora se encargan de masacrar al pueblo hondureño en las calles”, dijo Bertha Flores en el marco de la reciente represión a las protestas por el fraude electoral.
Finalmente, aprovecharon para refrendar el compromiso por continuar la exigencia por el esclarecimiento del caso y el castigo a los culpables materiales e intelectuales del crimen, así como redoblar la lucha y resistencia frente a los proyectos de muerte y saqueo impulsados por las empresas trasnacionales y avaladas por el gobierno de Hernández.
A 2 años del crimen, no olvidamos y no perdonamos.