PATEANDO EL TABLERO. Dos unidades: con Alberto, Gerardo y el FMI o con las mujeres y trabajadores

El domingo apareció en los diarios una carta bajo el título “unidos vamos a salir adelante”, la firman los 23 Gobernadores y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires. La misma intenta mostrar un respaldo colectivo a la gestión de la pandemia del presidente, Fernández, y de los propios mandatarios de cada distrito del país.

Se encuentran palabras como “multiplicar esfuerzos”, “salvar vidas”, “compromiso”, “responsabilidad”, “solidaridad”, entre otras, que hacen al discurso pandémico que nos tienen acostumbrados los gobiernos y funcionarios.

A simple vista, podríamos decir, es una declaración de buenas intenciones ante a la crisis sanitaria debido a la falta de inversión y el desfinanciamiento de los hospitales en los últimos cuarenta años. Pero sobre este tema ya hemos hablado lo suficiente en esta columna.

Hay quienes dicen que los gobernadores, en particular aquellos que quedaron en pie como parte de lo que fue el gobierno macrista, como es el caso de Gerardo Morales, lo hacen por la “noble obligación” de los fondos nacionales que evitan el colapso de las cuentas públicas en sus respectivas comarcas.

Pero más allá de esta interpretación fiscal, en realidad el mensaje de los gobiernos apunta a sostener un clima de unidad nacional ante el temor a que “explote la calle”; pero no por las acciones minoritarias de la derecha “anticuarentena”, si no ante las acciones que pueden protagonizar los sectores de la clase trabajadora más golpeados por la crisis.

La toma de tierras en Guernica, las movilizaciones de miles de mujeres bajo el grito de “ni una menos” en la provincia o de miles de docentes y familias que pusieron un freno al ataque a la educación pública en Mendoza, son adelantos de cómo lo que los gobiernos no resuelven desde los despachos, las masas buscan hacerlo a través de su propia acción en las calles.

Por eso, también los gobiernos no se quedan en discursos y apelan con su Justicia a las amenazas de desalojo de las familias sin techo que se asientan en distintos puntos del país o directamente a la represión policial como sucedió en Alto Comedero y Palpalá en el último mes, sea en defensa de tierras fiscales o de quienes hacen negocios inmobiliarios privados.

Pero también tenemos que advertir que en éste llamado a la unidad, los gobiernos están pensando en un futuro no muy lejano que adelanta mayores ataques, y seguramente respuestas más categóricas de parte de la clase trabajadora.

La semana pasada se vio una unidad ampliada en el apoyo del gobierno, la CGT y grandes empresarios, incluso muchos de los que conspiran contra el gobierno forzando a una devaluación del peso, para con la recepción de los funcionarios del Fondo Monetario Internacional que visitaron el país.

Su titular, Kristalina Georgieva, que es considerada casi una “compañera” para los máximos integrantes del Frente de Todos, no bien arribó en declaraciones a la cadena CNN en español dijo, “no venimos a la Argentina con la idea de ver cómo podemos ajustar más, en este momento crítico”.

Alberto Fernández se quedó con la primera parte de su discurso con la idea de abonar al relato que dice que el “FMI cambió”, el mismo mantra que profesaba Macri, pero la realidad es que el fondo en todo el mundo viene advirtiendo que el mayor gasto de los Estados ante la pandemia, en particular aquellos denominados “emergentes” (semicoloniales en términos marxistas) altamente endeudados, van a tener que ajustarlo más temprano que tarde.

Un adelanto de ello lo puso sobre la mesa el ministro de economía Guzmán con el proyecto de presupuesto 2021, el cual, viene con un recorte del gasto público que llevaría el déficit fiscal del 8,5% de este año a 4,5% el año que viene. Por cierto, una decisión que apunta a mostrar capacidad de repago de la deuda con el fondo y hacia el resto de los buitres financieros. Por eso, vamos a ver la continuidad de los recortes de los últimos años sobre el gasto social del Estado, como es en la salud, vivienda, educación y las universidades, pero a su vez, que la guadaña pase sobre el IFE de 5 mil pesos mensuales a 9 millones de personas que no cuentan con ingresos o el ATP, con el cual las patronales pagaron parte de los salarios a cambio de no continuar por el momento con más despidos.

De esta manera la unidad que pretenden los gobiernos, aunque ahora te digan lo contrario, es un boleto de ida a una espiral de ajustes bajo las órdenes del FMI en una economía que tendrá este año su mayor caída desde el colapso de 2001 y que con viento a favor recuperaría en 2023 recién el nivel de actividad del 2019. Por el contrario, la unidad tiene que ser de otra clase y edificarse en las acciones de apoyo a las familias sin techo, al movimiento de mujeres que gana las calles denunciando al Estado como responsable de los femicidios, primeras medidas en la pelea de fondo por poner en pie a la clase trabajadora, aquella que puede evitar que esta crisis de magnitudes históricas la descarguen unos pocos sobre las mayorías. Esta es la única carta de compromiso y solidaridad que vale la pena firmar.