Legalización. Criminalizar (o no) es la cuestión

El padre Pepe, un cura conocido por su relación cercana al papa Francisco, declaró que los dichos de Molina fueron "un comentario inapropiado. No estoy de acuerdo con la despenalización, y el Papa, tampoco". Advirtió, además, que el argumento de no criminalizar planteado por Molina era falso porque "no criminalizar al adicto es lo que hacemos nosotros. Criminalizan al adicto cuando nació en un barrio donde no hay colegios, donde es muy común acceder a un arma; se criminaliza cuando se abandona a las poblaciones y los narcos tienen su territorio propio. Creo que este tema es un tema federal y hay que convocar a las provincias".

Las declaraciones del padre Pepe, como vocero de la voluntad vaticana, parten del presupuesto de que los curas tienen el derecho a ejercer una censura moral sobre lo que se puede o no se puede debatir en la Argentina con respecto a las cuestiones que hacen a las decisiones de vida de las personas. Es el mismo veto eclesiástico que impide que se discuta y legisle sobre el aborto (en este planteo coincide la presidenta Cristina Fernández de Kirchner) y que intentó frenar, en su momento, el matrimonio igualitario o la ley de identidad de género. La Iglesia ve amenazado el dogma que le permite legitimar culturalmente su papel de guía moral financiado con los dineros públicos. En este sentido, es ilustrativo el argumento de tipo medieval de Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de Argentina, quien dijo a Radio 10 respecto al hombre de la SEDRONAR que "Molina que se puso feliz de que Soros lo nombre. No se puede amar a dos reyes, o se ama a Dios o se ama el dinero" (en referencia al multimillonario George Soros, quien brega por la despenalización de las drogas en términos de generar un mercado de consumo más para la rentabilidad capitalista).

El padre Pepe, por su parte, utiliza la pobreza como excusa del prohibicionismo porque considera a los pobres sin derecho a decidir, sujetos que deben ser tutelados por el Estado o los curas de la Iglesia. Una mezcla de oscurantismo y argumentos de sociedades de beneficencia que ocultan cómo el consumo de drogas en los sectores más pobres permite un escape a condiciones de existencia degradantes y ofrece una fuente de ingresos para los jóvenes marginales. Son estas condiciones las que permiten al narcotráfico tener anclaje en las barriadas empobrecidas y en las villas de emergencia, amparados siempre por la complicidad política y policial.

Para el padre Molina, la no criminalización del consumo se explicaría en tres niveles: “Tengo tres argumentos para pelearlo. Hoy el Estado está presente, estamos trabajando para que aquellos que consumen tengan asistencia. El segundo es la no criminalización (del consumidor de drogas prohibidas), sacarle (trabajo) a la Policía y a los juzgados, que se le agarran con el más débil. Y el tercero es económico, para que los recursos vayan donde tengan que estar”.

La supuesta presencia del Estado para asistir a los consumidores de drogas choca con la realidad de hospitales sin insumos, trabajadores mal pagos y asistencia médica deficitaria en todos los niveles, cuestión que se agrava aún más en las provincias. Pero, además, la presencia del Estado en el tema del consumo de drogas sigue rigiéndose, más allá del fallo de la Corte Suprema que despenaliza de hecho el consumo, por la represión policial, como reconoció el propio jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmando que se “persigue a los perejiles”, y recurriendo a la patologización, que es la cara jurídico-forense de la criminalización del consumo. Hasta ahora se han congelado todos los debates para incorporar dentro del marco de la despenalización el proyecto para implementar políticas de reducción de daños que tiendan a disminuir los posibles efectos nocivos del consumo de droga en las personas, respetando la autonomía en las decisiones del consumidor.

El sacerdote Molina pide que las fuerzas policiales se dediquen a combatir el narcotráfico, pero como demuestran las denuncias y procesos contra las cúpulas policiales de Córdoba y Santa Fe, el narcotráfico es un negocio compartido y tutelado por las mafias policiales. En el caso de Santa Fe, el propio Gobierno provincial, encabezado por Bonfatti, está sospechado de haber recibido dinero narco en su campaña. Denuncia que en su momento salpicó al Gobierno nacional cuando el extitular de la SEDRONAR, José Ramón Granero, fue imputado por la jueza Servini de Cubría por el caso del tráfico de efedrina.