Prófugo hace seis meses y buscado por la Interpol fue detenido en Guatemala en medio de tres procesos electorales en curso, el más importante en Edomex.
Sandra Romero México | @tklibera
Domingo 16 de abril de 2017
Javier Duarte formó parte del grupo más cercano de Enrique Peña Nieto, quien lo defendió hasta el último momento y se refería a él como uno de los "políticos jóvenes" que representaban al "nuevo PRI", del que se habló mucho en 2012 como parte de la campaña del tricolor a la presidencia.
Ahora vivimos campañas electorales en tres estados del país, Nayarit, Estado de México y Coahuila, con cerradas batallas que involucran intereses políticos para el PRI (y para todos los partidos) en los próximos años. Pero hay un hecho relevante en el terreno electoral que involucra también a Veracruz, la elección de 212 alcaldías que se disputarán a partir del mes de mayo, un tema fundamental si consideramos las implicaciones para el PRI de tener un proceso electoral en curso con el exgobernador priista prófugo.
Ya en el Estado de México las campañas han transcurrido en medio de una guerra mediática de escándalos y desprestigios, con la intromisión de miles de bots en redes sociales la mayoría de los casos a favor del PRI o contra la candidata de Morena. Esto es una expresión del profundo interés que existe en cambiar la percepción social a favor del PRI que derive en un resultado electoral favorable.
Por otro lado, la detención del exgobernador de Veracruz es un mensaje simple del PRI para la población, como señal de "justicia" frente a su desprestigio, involucrado en múltiples escándalos en prácticamente todas las gubernaturas que ha ganado este sexenio.
Los casos más emblemáticos por acusaciones diversas son precisamente los de siete gobernadores priistas, que dejaron sus estados con enormes deudas públicas y suman de conjunto más de 150 mil millones de pesos desfalcados al Estado mexicano, según datos de la Secretaría de Hacienda. Todos actuaron bajo la complacencia de su partido y la presidencia, que respaldó su impunidad hasta que ya no se pudo sostener el escándalo.
Javier Duarte, recientemente detenido, estuvo prófugo por 6 meses y tiene una lista interminable de delitos que implican migrantes, luchadores y periodistas asesinados, dejó a Veracruz con 10 millones de pesos de deuda, tan sólo su esposa Karime Macías gastó ocho millones en una tarjeta de crédito personal que hoy es parte probatoria por lavado de dinero de un cómplice del exgobernador.
Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, es un hombre que violaba las leyes del medio ambiente a su antojo, al tiempo que se involucró en lavado de dinero y fraude fiscal, contaba con 204 escoltas al servicio de su gobierno, ahora son seis las denuncias en su contra, pero ninguna orden de aprehensión, tampoco se sabe su paradero.
El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, fue recientemente detenido en Italia por vínculos con el narcotráfico y lucha contra su extradición.
Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila, fue absuelto por la PGR en 2012 por supuesta falta de elementos y acusado en 2016 por malversación de fondos, estuvo prófugo y fue detenido en España. Con una investigación en curso está en busca desesperada de un fuero que lo proteja y logró la postulación para una diputación plurinominal por el Partido Joven, luego que el PRI se la negó, ahora graciosamente analizan su expulsión, no por todos los escándalos en su contra, sino por contender por otro partido.
Estos hechos son apenas unos ejemplos y algunos gobernadores de una larga cadena de delitos del PRI, que le exigen montar un circo en torno a la detención de Javier Duarte, es innegable que la justicia en México está al servicio de los intereses de la clase dominante, mientras miles de trabajadores y campesinos sobreviven en las cárceles del país pagando delitos que no cometieron, muchos de estos políticos están libres y gozan de la impunidad que representa su cargo.
Al mismo tiempo son los mismos políticos y los partidos que forman parte del régimen los que implementan los planes y las reformas contra los trabajadores, a los que llevan presos, persiguen, desaparecen o asesinan sin dudar cuando éstos se deciden a luchar.
Javier Duarte merece sin duda pasar el resto de sus días en prisión, pero su detención no es un acto de justicia, ni nada puede esperarse en ese sentido de este régimen ni del PRI. Es necesario la conformación de una comisión investigadora independiente, en la cual participen las mujeres, hombres y jóvenes de la clase trabajadora que en Veracruz vieron horrorizados la muerte de Regina Martínez, Gregorio Jiménez, Rubén Espinosa y Nadia Vera, por mencionar algunos de los periodistas y luchadores sociales asesinados bajo su gestión. Donde tuvieran voz los familiares de aquellos niños con cáncer a quienes les administraron bajo la administración de Duarte agua destilada en vez de medicamentos, así como los familiares de todos los migrantes asesinados y secuestrados en su paso por Veracruz.
La democracia asesina y para ricos no puede hacer la justicia que exigen las grandes mayorías. Este régimen esta podrido y es irreformable. Una razón más para luchar por su caída revolucionaria.
