“Cuando llegamos de trabajar encontramos cerrado el paso y nuestra casa soterrada. Adentro estaba solo mi hijo de 17 años, que nos esperaba para cenar. Mi esposo está ahora cavando tierra para encontrarlo”. Son las palabras entre sollozos de una mujer trabajadora doméstica de 37 años, pero bien podría ser el testimonio de cientos de personas que perdieron a sus familias enteras.
Martes 6 de octubre de 2015
Con más de un centenar de viviendas sepultadas, las labores de búsqueda y rescate de personas han confirmado hasta la tarde de hoy lunes, por medio del actual presidente de Guatemala Alejandro Maldonado y de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) el hallazgo de por lo menos 154 cadáveres tras el derrumbe del pasado jueves 1° de octubre, mientras entre familiares y autoridades reportan un aproximado de 350 personas sin paradero.
Como cada año, Guatemala se inscribe dentro de los países con mayor número de desastres a causa de la temporada de lluvias y huracanes. Esta vez el derrumbe sepultó el barrio conocido como El Cambray II en la localidad de Santa Catarina Pinula, a 15 kilómetros de la capital y con una población de alrededor de 1,200 personas. Fundado en 1999, la humilde localidad se encuentra al pie de una colina y aledaña a un río, en donde las viviendas se componen de bloques de cemento, madera y techos de lámina.
Existen cerca de 600 asentamientos similares en Guatemala, con miles de familias viviendo en zonas de constante riesgo que se extienden con el aumento de la pobreza y bajo una criminal planificación que sólo beneficia los intereses capitalistas de las autoridades en turno.
La Conred ha recomendado en diferentes informes (el último en diciembre de 2014 y dirigido al ex alcalde Antonio Coro) trasladar a familias a otros sectores por el riesgo a derrumbes, considerando algunas soluciones para la reubicación de las comunidades. Sin embargo, la indolencia de las distintas administraciones se ha perpetuado durante décadas y han relegado al olvido las latentes tragedias que amenazan la vida de miles de guatemaltecos.
Así mismo, la Conred y las autoridades de la localidad de Santa Catarina Pinula han sido conscientes del peligro. Hoy, a la luz de la tragedia estas instituciones se coronan como principales responsables junto a las corporaciones municipales, que han sido las encargadas de autorizar que se habiten aquellas zonas catalogadas de alto riesgo, concediendo además las licencias para la construcción de viviendas y legalización de esos terrenos.
Mientras al actual alcalde de la localidad, Víctor Alvarizaes, se le cuestionó en días recientes por el resultado y las acciones de los distintos informes emitidos, éste se ha limitado a contestar en conferencia de prensa, lo siguiente: “ahora lo más importante es ayudar a la gente”, “ya después vamos a ver si se tomaron acciones, pero no tengo tiempo para explicar lo que hicimos”, dijo.
Aunque la ayuda internacional se hizo presente -incluido un grupo de “Los Topos” de México-, cada minuto que pasa reduce claramente las esperanzas de encontrar a personas con vida. Durante el fin de semana pasado se decidió además, la introducción de maquinaria pesada para remover los escombros y recuperar los cuerpos de las víctimas, mientras en una morgue improvisada, cientos de personas acuden para la identificación de posibles familiares.
El poder Ejecutivo ha declarado tres días de duelo nacional por el irreparable costo de vidas que afectó a familias de trabajadores y comerciantes, siendo una de las peores tragedias de los últimos años en el país.
Por su parte los presidenciables Jimmy Morales y Sandra Torres, han publicado mensajes sobre los hechos desde sus redes sociales, sin ampliar sus declaraciones y cancelando algunas de sus actividades y giras electorales, siendo la población de conjunto la que garantiza la organización desde diferentes puntos de Guatemala, llamando a la solidaridad con la instalación de centros de acopio y albergues para los damnificados.
Con información de El País / Prensa Libre / BBC
