Tribuna Abierta. EDPA: Cinco meses de paro defendiendo la educación

¿Qué es la EDPA?

La Escuela de Derecho Ponciano Arriaga fue fundada en el año 2016 mediante una asociación civil, la cual se encontraba conformada por diversos académicos y políticos de renombre; económicamente era sostenida por aportaciones de diputados pertenecientes a la bancada de Morena.

A finales del mismo año la Escuela obtuvo el Registro de Validez Oficial de Estudios por la Secretaria de Educación Pública, teniendo a partir de ese momento un modelo de titulación registrado, actas de liberación de servicio y prácticas profesionales, así como el sello oficial de la Institución.

El funcionamiento y operatividad de la escuela mantuvo estabilidad y certeza los dos primeros años en la que la Administración se encontraba encabezada por el Mtro. Netzaí Sandoval Ballesteros. En actos de pre-campaña para las elecciones 2018 y con la llegada del actual gobierno, las autoridades asumieron el compromiso de federalizar la escuela, brindar mayor respaldo y presupuesto para el mejoramiento del proyecto.

La austeridad llegó a la Ponciano Arriaga

Fue a partir del mes de abril del año 2019 que la Dra. Raquel de la Luz Sosa Elízaga, actual titular del Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), así designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, suspendió las actividades académicas durante 6 meses con el argumento de que se llevaría un periodo de transición que consistía en el cambio de sede, trámites administrativos y la disolución de la Asociación Civil fundadora para proceder a la incorporación de la Institución en el Programa Federal de las 100 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

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En un inicio, dieron a conocer que el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL) sería el encargado de llevar la administración de las 100 universidades. Sin embargo, al evidenciarse como un organismo carente de competencia para validar estudios por su naturaleza internacional fue que por mandato presidencial se crea el Organismo Coordinador de las UBBJ, mediante Decreto con fecha 30 de julio de 2019.

Meses previos de la suspensión de clases antes referida, la comunidad universitaria se pudo percatar de que tan noble proyecto comenzaba a decaer, al dejar de tener servicios fundamentales como la enfermería, servicio de biblioteca, inhabilitación de la plataforma digital, la no libertad de cátedra, ausencia de servicio de intendencia y mantenimiento, ausencia de personal de seguridad en las instalaciones, así como la falta de garantías laborales y la reducción paulatina del personal docente: de 70 a 23 profesores y administrativo.

De la misma forma la incertidumbre y la desconfianza se incrementaron cuando las autoridades determinaron la modificación del plan de Estudios inicial con el que ya contaban tres generaciones activas, así como cambios de reglamento y modificaciones de plan trimestral a “semestral” que en realidad consta de tan sólo 14 semanas de clases.

A partir de ese momento las y los estudiantes comenzamos a realizar cuestionamientos a la autoridad respecto de las diversas modificaciones; derivado de las omisiones por parte de la designada “Coordinadora Académica” Verónica Castro y de la Titular Raquel Sosa, comenzó la organización estudiantil para presionar a las autoridades de que les sea informada la situación jurídica y académica de la Escuela, ahora denominada Universidad del Bienestar Benito Juárez García – sede Cuauhtémoc.

Cuando decidimos hacerle frente a las condiciones de precariedad de la escuela

Fue el día 17 de febrero que en plena semana de trámites escolares, las autoridades llevan a cabo el despido de los dos únicos miembros del personal administrativo. Los alumnos, al percatarnos de ello, aprovechamos la presencia de la Dra. Raquel Sosa, quien se encontraba en ese momento al interior de las Instalaciones por temas netamente administrativos y sin previa voluntad de entablar un diálogo con los estudiantes, para realizar los cuestionamientos que por meses no habían sido resueltos. Ante las preguntas y peticiones de los estudiantes, con actitud de desinterés, la Titular del Organismo y la Coordinadora Académica decidieron cerrar los salones y oficinas para después abandonar la escuela; en respuesta a dichas actitudes, los estudiantes hicimos una asamblea con más de 300, en la que votamos un paro indefinido y realizar diversas reuniones con todas las generaciones y turnos para conformar un pliego petitorio y establecer una Asamblea Permanente.

A los dos días de los hechos narrados, la titular del Organismo Coordinador hizo público mediante un comunicado, el listado de 31 de nosotros criminalizándonos y haciéndonos responsables de los supuestos “hechos violentos” para tomar la escuela, cuando existen videos demostrando que en ningún momento hubo forcejeo o confrontación. Cabe mencionar que dicho comunicado fue publicado con nombres completos y matrículas, hecho que violó completamente nuestro derecho de confidencialidad en datos personales.

Días posteriores, las y los alumnos ingresamos a diversos oficios a las dependencias gubernamentales correspondientes y realizaron acciones que denunciaban la problemática principalmente en la incertidumbre de la validez de estudios y formas de titulación, modificaciones en el plan de estudio, ausencia de certeza para la emisión de documentos oficiales, violación a la libertad de cátedra, precarización en los servicios de salud, limpieza y seguridad, excesivo recorte de personal docente y administrativo, la no universalidad en la asignación de becas y actos que constituyen abuso de autoridad.

A lo largo de varios días de lucha y presión mediática, las autoridades se vieron obligadas a dar a conocer algunos de los cuerpos normativos que debían dar certeza a los estudios de los alumnos, que aunque uno de ellos era fechado antes del paro no estaba publicado. Pareciera que se trató de una improvisación para cumplir con una exigencia básica del alumnado, de igual manera semanas después e incluso durante la terrible crisis de sanidad que estamos sufriendo, se citó a los alumnos de recién ingreso para tramitar su beca, así como a aquellos que no se les había asignado con anterioridad; otro de los logros obtenidos con la lucha estudiantil han sido los avances en la inscripción de los alumnos al padrón de seguro médico facultativo.

Tras la búsqueda de entablar un diálogo eficiente y establecer una mesa resolutiva de las exigencias que hacen los alumnos, la autoridad demostró en todo momento cerrazón; ya que en las pocas oportunidades de contactarles pusieron como condicionante el regreso de las instalaciones para “ir avanzando poco a poco” y resolver después, lo cual sin duda pone a la comunidad estudiantil nuevamente en una posición de incertidumbre.

En una videoconferencia realizada por medio de la plataforma de zoom el día 8 de abril del presente año, la Dra. Raquel Sosa titular del Organismo Coordinador para las Universidades del Bienestar Benito Juárez García dejó ver la improvisación que se tiene en el manejo de las 100 universidades al dar a conocer que aprobando sus materias en automático los estudiantes se podrían titular.

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Entre otras cosas, es por esto que los estudiantes exigimos seriedad en el funcionamiento y organización del proyecto educativo. Hubo una segunda videoconferencia en la que alumnos se pusieron en contacto con el entonces Coordinador Académico de Estudios Sociales del Organismo, quien entre varios temas hizo énfasis en la no criminalización de los estudiantes por parte de las autoridades, sin embargo, al compartir con la comunidad universitaria la videoconferencia, el Coordinador por medio de un mensaje de texto expresó molestia de haberla hecho pública, indicando que eso generó muchos problemas por lo que ya no estaba autorizado para seguir con la comunicación.

Derivado de la manipulación con el buen discurso político por parte de la titular e intereses personales de algunos estudiantes de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, ha surgido una fragmentación entre los compañeros que han apoyado la manifestación pacífica de las inconformidades con la autoridad y los que no están a favor de que se mantuviera resguardada la Escuela, surgiendo así una campaña mediática en contra de los alumnos que resguardamos el inmueble; asimismo, desde el pasado 29 de mayo se desataron una serie de amenazas para desalojar de manera violenta y con apoyo de personas externas a la universidad a los alumnos que se encuentran resguardando el inmueble, entre ellos un miembro del grupo porril denominado “Cocodrilos” del Colegio de Bachilleres 3, un servidor público de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos quien ha ejercido comentarios misóginos y acosado especialmente contra mi persona a quien amenazó directamente de sacar de las instalaciones y quien se ha encargado de desprestigiarme.

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Otra de las personas destacables por sus amenazas es el alumno Luis Pérez Mendoza quien ha orquestado mediante los grupos de WhatsApp, creados por la comunidad estudiantil, la coordinación para desalojar abruptamente a los jóvenes resguardantes el pasado lunes 8 de junio. Asimismo, se han registrado una serie de señalamientos, insultos, hostigamiento, denigración, fuertes amenazas y ciberpersecución por medio de Facebook en contra mía y demás compañeros.

Pese a la contingencia sanitaria por la pandemia de covid-19 y evidente indiferencia por parte de las autoridades para solucionar prontamente el conflicto o brindarnos algún tipo de respaldo sanitario y médico, las y los estudiantes de la EDPA cumplimos el pasado 17 de junio, 5 meses resguardando las instalaciones, denunciando la precariedad y mala planeación en el funcionamiento de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García sede Cuauhtémoc.

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A principios de junio tras alertarse a la Dra. Raquel Sosa de nuestra iniciativa de recurrir a la Secretaría de Gobernación con la intención de solicitar su intervención para solucionar lo más pronto posible el conflicto, la titular de las Universidades Raquel Sosa nos contactó para solicitarnos que no interviniera dicha dependencia, para evitar que el problema se hiciera público y mediático, planteando como alternativa una salida pacífica y discrecional del inmueble en la que ni ella ni nosotros firmáramos documento alguno de la entrega del inmueble así como del estado en el que le recibe. Consideramos que esta propuesta no soluciona los puntos del pliego petitorio y que nos sigue dejando en situación de incertidumbre, además de que no da más garantía que la verbal de no ejercer represalias contra los alumnos que formamos parte de este movimiento estudiantil.

El pasado 17 de julio, enviamos un correo electrónico dirigido a la doctora con el objetivo de hacerle de su conocimiento nuestra intención de devolver el inmueble, acompañado de una propuesta de “acta entrega-recepción”, misma que fue rechazada de viva voz por medio de una llamada telefónica que nos realizó el día 18 del presente mes, en la que también mencionó que no dejaría de aplicar el reglamento escolar y que esta acción pacífica podría escalar a repercusiones mayores contra nosotros, lo cual traducimos a la existencia de posibles represalias y sanciones académicas que estaría atentando completamente contra nuestros derechos a la libertad de asociación, libertad de expresión y derecho a la protesta.

Estos, son algunos de los puntos aún sin resolver:

• Dar a conocer documentos oficiales como: modelo de título, certificado parcial, actas de liberación de servicio social, prácticas profesionales o prácticas comunitarias, así como el sello y formato oficial para la expedición del historial académico y constancias de estudio.

• Publicación de la estructura de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (Direcciones, Subdirecciones y departamentos con nombres, cargos específico y medios de contacto).

• Inclusión en el plan de estudios una lengua extranjera o náhuatl.

• Acceso libre a internet.

• Habilitación de área de cómputo.

• Publicación o celebración de Convenios con Instituciones educativas y gubernamentales.

• Respeto a la libertad de cátedra. • Implementación de tutorías o programas que permitan la regularización académica y disminución en el índice de alumnos con materias no aprobadas.

• Actualización de plataforma electrónica para servicios al estudiante (Descarga de documentos académicos, horarios, historial académico, reinscripción, evaluaciones y buzón).

• Credencialización oficial de la comunidad universitaria.
• Servicio fijo de seguridad en las instalaciones.

• Servicio médico en la sede educativa.

• Nueva sede educativa (Fecha).
• Destitución de la “Coordinadora Académica” Mtra. Verónica Castro Flores.

Nuestra lucha se suma a las demandas nacionales contra la precarización de la educación en México

Puesto que es necesarios que desde nuestras trinchera estudiantil, magisterial o laboral, hagamos hacer voltear a las autoridades para que den solución a todas y cada una de las necesidades en el sector educativo que impacta no solo en las aulas sino en la sociedad mexicana. Recalcamos nuestra inconformidad de que la llamada “austeridad republicana" sea aplicada en la educación son los maestros y los estudiantes los que en gran medida marcaremos el rumbo del país.

Los alumnos hacemos énfasis en que a través de esta manifestación pacífica, buscamos apuntar a que el gobierno refuerce y haga salir adelante a tan grande e importante proyecto educativo de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, el cual fuer presentado como un proyecto para universalizar la educación pero que en los hechos no ha sido así. Este proyecto es una pieza fundamental para fortalecer la educación en nuestro país.

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Desde la “EDPA” hoy “UBBJ sede Cuauhtémoc” nos solidarizamos con todas y cada una de las luchas hermanas contra la precariedad laboral y educativa de la cual se ha padecido por años como son la Asamblea de profesores de la UACM en lucha,la Agrupación Magisterial Nuestra Clase, el SITUAM, el STUNAM, la UPN, el STUACH, entre otros.