Corrupción. EL TSXG no ve delito en las botellas de Vega Sicilia regaladas por Monbus a Feijóo

Poco después de que el Tribunal Supremo archivara la causa contra el ex-ministro socialista José Blanco y el actual portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, por no apreciar "indicios" de delitos de soborno en los regalos de vinos de lujo por parte de Monbus, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha tomado la misma decisión en relación al caso que afecta al presidente y vicepresidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.

La juez de Lugo, Pilar de Lara había pedido investigar el pasado Noviembre a Feijóo y Rueda al considerar que los envíos de vino, que superan los 400 euros, estaban por encima de un presente de cortesía y "podrían revestir caracteres de delito de soborno", concretamente, del encuadrado en el artículo 422 del Código Penal. El Tribunal Superior cree que el artículo que tipifica el soborno "no debe ser aplicado mientras los regalos sean de ínfimo valor o representen un comportamiento no sujeto a la reprobación social".

Según los informes de Vigilancia Aduanera, Raúl López, el propietario de Monbús realizó envíos de botellas de vino de Vega Sicilia a los domicilios de Feijóo y Rueda por importes que oscilaron entre los 517 y los 670 euros hasta sumar 2.327 euros entre los años 2010 y 2013. Es necesario tener en cuenta que Monbus mantiene importantes vínculos contractuales con la Xunta. Según el TSXG, la jueza "no aporta ningún dato " sobre si los regalos de Monbus suponían una "contraprestación" por favores prestados desde la Administración, por lo que "ni siquiera sería admisible" que la sala valore "si los hechos plasmados en la exposición razonada podrían ser o no constitutivos de delito”. Este tribunal defendió la misma posición que el fiscal jefe de Lugo.

Desde el año 2014 está en vigor un código ético que limita a 90 euros el importe por el que los cargos de la Xunta pueden recibir regalos. Este código ético considera que el importe acumulado de varios regalos que superen los 90 euros supera los “usos habituales y costumbres sociales de cortesía”. En este caso se superan todos los límites, pero el código fue aprobado a mediados de 2014, unos meses después del último presente de Raúl López a Feijóo y Rueda. Todos los políticos agasajados estaban relacionados, en diferentes grados, con Administraciones de todo o Estado que contrataban con sus empresas de transporte.

Parece una broma que los políticos y empresarios siempre se salven de los delitos de corrupción por artimañas legales y tecnicismos. Pero eso lo que indica son dos cosas. Por una parte que la legalidad vigente es laxa con este tipo de delitos. Por otra parte, que la Fiscalía General, que depende del Estado, así como otras instituciones judiciales superiores no tienen independencia real del poder político, e impiden siquiera una investigación seria, que por el momento sólo ha sido llevada por la juez De Lara en Lugo, con muchos menos medios. Casos como estos sí “están sujetos a la reprobación social”. El pueblo trabajador está harto de ver como hay absoluta impunidad en la corrupción de políticos y capitalistas. Pero veamos los antecedentes de este caso, y el inmenso poder del “imperio” Monbus.

Monbus controla el 60% de las rutas por carretera en el Estado español con más de 2.000 autobuses y una facturación de unos 100 millones de euros. Está presente en varios países y gestiona palacios de congresos, servicios municipales y cientos de líneas de transporte escolar. Pero ya desde 2014 Raúl López se vio salpicado por la corrupción. Durante las últimas dos décadas Monbus hizo fusiones y compras de compañías nacionales y extranjeras. En 2001 adquirió Castromil; en 2008 Hispano Igualadina. Años antes había adquirido la alemana Deustsche Touring y 32 sociedades agrupadas en Eurolines.

Cuando el PP perdió las elecciones en el 2005 López se acercó a José Blanco, que había llegado a ministro de Fomento, así como a Alberto Núñez Feijóo cuando éste se convirtió en presidente de la Xunta. Invirtió en el club de baloncesto Breogán de Lugo, del que se hizo presidente. En 2010, saltó a la dirección do su club rival, el Obradoiro de Santiago. También fue representante de la Universida de de Santiago en el Consello Económico y Social.

El Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) investigó en 2014 un contrato de tres concesiones de autobuses con cargo a fondos europeos en el Concello de Santiago por más de 400.000 euros a una empresa que se vinculaba con Raúl López: Talleres La Campiña. Las escuchas telefónicas captaron a un concejal del PP, Albino Vázquez Aldrey, encarcelado meses después, preguntando a López que criterios debía incluir en el concurso. Las otras ofertas fueron rechazadas porque sus vehículos "no cumplían con la altura mínima o el radio de giro". Agentes del SVA vieron en esto un "indicio de un concurso hecho a medida”.

El 18 de marzo de 2015 Raúl López es detenido mientras entregaba 60.000 euros en un restaurante de lujo de Sanxenxo a una familia de hosteleros. Estuvo detenido más de 72 horas y pagó 20.000 euros de fianza para evitar prisión. En la “Operación Condor”, también se le investiga por delitos fiscales, blanqueo, falsedad, tráfico de influencias y soborno.

Hay además presuntos sobornos a cargos del Ejército para obtener concesiones del Ministerio de Defensa para trasladar a la brigada de paracaidistas del Ejército de Tierra. El yerno de Raúl López, Rafael Casqueiro, se encargó de gestionar el servicio de autobuses para la boda de la hija del jefe del Estado Mayor de la Bripac, el teniente coronel Luis Cortés. Monbus aseguró que no cobró nada porque le interesaba "hacer publicidad". Otros contratos también están en duda, como el traslado de equipos de baloncesto, el contrato para pasear a la Orquestra Sinfónica de Galicia, entre otros muchos.

Está claro que esta trama corrupta es más profunda de lo que pretende aceptar el TSXG. Y que los extraños giros que muchas veces da la ley enturbian la visión clara de la realidad. Monbus es una empresa que ha obtenido casi el monopolio del transporte en autobús en Galicia, con un servicio caro y deficiente en muchos casos, que ha obtenido sus enormes beneficios mediante concesiones públicas. Es por esto que proponemos la nacionalización completa del sector estratégico del transporte, incluyendo también las compañías de autobuses, bajo control de los trabajadores. Con el objetivo de mejorar el servicio, abaratar el coste para los usuarios, expandir el transporte público para el beneficio medioambiental y mejorar las condiciones de los trabajadores.