En el marco de que en Nicaragua asiste una delegación de observadores para ver las condiciones de los presos políticos de ese país, se realizó en México un mitin en solidaridad frente a la embajada nicaragüense.
Viernes 8 de julio de 2022 13:19
A continuación dejamos la intervención de Yara Villaseñor pronunciada en el mitin de esta mañana.
Hoy, en Costa Rica, una delegación de parlamentarios del Frente de Izquierda Unidad de Argentina, entre los que se encuentra nuestra compañera Alejandrina Barry, hija de desaparecidos por la dictadura argentina, defensora de derechos humanos y militante del Partido de Trabajadores Socialistas, acompañados de una comisión internacional de militantes socialistas, activistas y defensores de derechos humanos de Costa Rica, Brasil, México y Argentina, entre los que también participa la Organización Socialista Revolucionaria de Costa Rica, organización hermana del MTS de México, llega a la frontera de Nicaragua para dar cuenta de las condiciones en las que el gobierno de Daniel Ortega mantiene a más de 180 presos y presas políticas. Entre ellas, dirigentes históricos de la lucha anti-somocista, activistas del movimiento estudiantil, feministas y dirigentes campesinos. Esa realidad, se suma a los asesinados por la represión, los desaparecidos, los miles de exiliados y la falta de libertades democráticas elementales en ese país.
Durante una década, entre 2007 y 2017, Ortega gobernó con el apoyo de los grandes empresarios locales y el visto bueno de Estados Unidos, garantizando negocios y ganancias a los capitalistas, como parte del ciclo de crecimiento que vivió la región y los acuerdos con Venezuela que le permitieron contar con hidrocarburos subsidiados. A partir del 2017, con el fin de este ciclo de crecimiento y las contradicciones que enfrentó el gobierno de Maduro en Venezuela, el ajuste acordado con el FMI y exigido por la burguesía nicaragüense y el imperialismo tocó fondo y acabó con la pasividad del pueblo nica. La respuesta obrera, campesina y popular, con un fuerte protagonismo de la juventud, no se hizo esperar, con una impresionante rebelión que, al igual que en el 2008, expresó el hartazgo de las masas pobres y laboriosas y puso contra las cuerdas al gobierno de Ortega. De estas jornadas de movilización obrera, campesina y popular que se extendieron por casi tres meses, el gobierno solo pudo salir con una cruda represión impuesta con las botas de la policía, los paramilitares y el ejército, dejando un saldo de casi 400 personas asesinadas, miles de heridas y cientos detenidas.
Esto, así como las políticas implementadas bajo el gobierno de Ortega, demuestra que su retórica antiimperialista es una farsa que oculta una agenda que responde a los intereses de la burguesía nicaragüense y del imperialismo, y que es un gobierno abiertamente capitalista que ha logrado que Nicaragua se convierta en el país con la taza de pobreza mas alta del continente.
Para mantener el poder, que ha sostenido por más de 20 años, logrando en noviembre un quinto mandato que lo mantendrá en el poder hasta el 2027, el tercero de forma consecutiva y el segundo junto con su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, Daniel Ortega ha recurrido a medidas abiertamente antidemocráticas, creando partidos satélites para recabar más votos e ilegalizando candidatos de la oposición, ahora apoyados por la burguesía que antes cubrió con sus alas a Ortega mientras había crecimiento, misma que necesita hoy una salida más dura para aplicar el ajuste y atacar los derechos y condiciones del pueblo pobre, campesino y trabajador.
Denunciamos la política represiva del gobierno de Oetega-Murillo, su control policial del espacio público y la represión de toda expresión de protesta, con ayuda de las Fuerzas Armadas y la policía, así como las múltiples violaciones a los derechos humanos más elementales y los crímenes políticos cometidos por el Estado, como el que llevó a la muerte del referente sandinista Hugo Torres y al encarcelamiento de la ex comandanta guerrillera, Dora María Téllez, junto con los casi dos centenares de presas y presos políticos, que en su mayoría provienen de sectores obreros, populares y campesinos que participaron de la rebelión del 2018.
También denunciamos que Nicaragua es de los únicos 5 países en el mundo donde no está permitido el aborto bajo ninguna causal, manteniendo una política reaccionaria con respecto a derechos elementales de las mujeres y personas con capacidad de gestar, una legislación comparable con la del Vaticano. El gobierno de Ortega, con una mujer vicepresidenta cómo Murillo, prefiere pactar la penalización del aborto con la Iglesia Católica y los sectores de derecha, aunque eso signifique que la vida de las mujeres y disidencias corra peligro, demostrando una vez más que está lejos de representar los intereses de millones de trabajadoras, campesinas y jóvenes.
Denunciamos también la escalada de injerencia imperialista, que aprovechando el distanciamiento entre la burguesía local y el gobierno, ha profundizado su intervencionismo. Bajo la Administración de Joe Biden, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a decenas funcionarios nicaragüenses y sus familiares, así como a allegados a Ortega, entre ellos su hija, Camila Antonia Ortega Murillo. Y en vísperas de la jornada electoral de fines del año pasado, el Congreso estadounidense aprobó finalmente la denominada ley "Renacer" (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral), que permitió aumentar las sanciones económicas y políticas al Gobierno de Ortega. En la misma tónica se situó la Unión Europea, que abrió la puerta a adoptar nuevas sanciones, y golpear la débil economía nicaragüense para avanzar en los planes del imperialismo de imponer un gobierno títere como ha hecho muchas veces en la región.
Por eso, consideramos que en Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y contra todos los mecanismos de proscripción que ha implementado el régimen orteguista, defender el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical y luchar por la libertad de todos los y las presas políticas. Pero el pueblo trabajador, campesino y de la juventud, para enfrentar y acabar con el Gobierno autoritario y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no puede confiar en la salida que le presentan los bloques de la oposición burguesa, que representan los intereses de los grandes capitalistas de las telecomunicaciones, el turismo, la banca y la industria, amparados y representantes de los intereses del imperialismo yanqui en el país. Solo de la mano de la movilización de de la clase trabajadora, de las mayorías popular, de los campesinos y la juventud, siguiendo el camino que marcó la rebelión y el espíritu de la Revolución del 79, es que se podrá llevar una lucha hasta el final para terminar con el dominio de los Ortega, confiando en la más amplia autoorganización y los métodos de lucha de la clase obrera y el movimiento de masas, enfrentando los intereses imperialistas y de los capitalistas locales, y peleando por un gobierno de las y los trabajadores, campesinos y el pueblo pobre que bajo una perspectiva socialista y revolucionaria rompa con el imperialismo y responda a los verdaderos intereses de las grandes mayorías.
