Los programas fueron creados por la Secretaría de Economía del periodo de 2014-2020 para "generar empleos".
Jueves 12 de agosto de 2021
Mediante una serie de programas económicos, el sexenio pasado le dio el dinero a intermediarios sin ningún tipo de control y de forma lícita. La Auditoría Superior de la Federación declara que dichos programas tienen hasta 40 irregularidades en cuanto a la asignación y gestión de los recursos.
Los programas fueron creados por la Secretaría de Economía del periodo de 2014-2020. Se crearon con la justificación de que se utilizaría para apoyar a emprendedores con el fin de “generar más empleos”.
Los organismos y confederaciones empresariales, entre ellas Concamin, Canaco y Canacintra, repartieron los recursos a través de 249 convenios. Los reportes del uso de recursos se entregaron en 2019, sin embargo, la Secretaría de Economía no ha encontrado pruebas de que el dinero se haya utilizado en lo que se reportó. Investigaciones de la Fiscalía General de la República demuestran que se utilizaron empresas fantasma para justificar el desvío de los recursos.
Aunque los presidentes de estos organismos aseguren que los movimientos y el ejercicio del dinero se hizo de forma transparente, la Auditoría Superior de la Federación demuestra que existen hasta 40 irregularidades que favorecen el desvío de los recursos, lo que provoca un fraude millonario al erario, que a su vez, se debe a la complicidad y negligencia de los altos funcionarios del sexenio de Peña Nieto.
Un ejemplo de estos altos mandos es el de Idelfonso Guajardo, quien encabeza la Secretaría de Economía y ahora está bajo investigación por el delito de enriquecimiento ilícito. El Instituto Nacional del Emprendedor fue el medio por el que se hicieron todas estas irregularidades. Esta misma institución se extinguió en cuanto empezó el actual gobierno porque se intuyeron los actos de corrupción.
El Instituto Nacional del Emprendedor se creó en el sexenio de EPN. Este tenía como objetivo el apoyo a pequeñas y medianas empresas para que pudieran entrar al mercado. Sin embargo, su funcionamiento requería la participación de intermediarios y, además, no había ningún control ni requisitos necesarios para los beneficiarios, lo que hacía que los intermediarios pudieran desviar el dinero de forma sumamente sencilla.
Aunque hubo una excepción de una empresa que sí se vio beneficiada con el recurso, lo cierto es que aún están perdidos esos 650 mdp, muy posiblemente repartidos entre los altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. La corrupción y negligencia de los altos cargos públicos demuestran que la estructura burocrática del sistema económico de los gobiernos neoliberales enriquecen a un pequeñísimo sector político a costa de los impuestos del pueblo pobre y trabajador.
Es necesario destruir la complicidad que guardan los gobiernos con las empresas y las patronales, que preservan sus ganancias a costa de empeorar las condiciones de vida de las y los trabajadores y de su super explotación. Todo ese recurso que terminó en los bolsillos de la casta política estaría, o engrosando las fortunas de los empresarios, podría haberse invertido en educación, cultura o en rescatar el sector de salud (hoy tan golpeado y colapsado en esta época de pandemia).
La corrupción es un elemento característico de los gobiernos capitalistas y el Estado al servicio de los empresarios, que solo podremos combatir imponiendo el control obrero sobre las finanzas públicas, de la mano de un plan integral que permita la planeación del conjunto de la economía. Las ganancias de los empresarios deben ponerse al servicio de cubrir las necesidades del pueblo pobre y trabajador, mediante implementar impuestos a las grandes fortunas como primer paso en la lucha por expropiarlas sin pago.
