El PP se mantiene inflexible y en el pleno del Congreso del miércoles ha vuelto a descartar la equiparación de la subida de las pensiones al IPC, además de darle un uso electoral contra Ciudadanos y PSOE. La lucha por las pensiones empieza a agitar la calle.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Jueves 15 de marzo de 2018 00:02
Nada nuevo bajo el sol... del Congreso. Mariano Rajoy ha subido a la tribuna del Parlamento de los Diputados sin ninguna propuesta clara respecto al tema central, pues era un pleno monográfico: las pensiones. El presidente del gobierno se mantiene firme en mantener la subida del 0,25% en las pensiones, frente al aumento de 1,4% del IPC. Es decir, mantener prácticamente una congelación de las pensiones y una pérdida real de su poder adquisitivo.
Amparado en la responsabilidad de tener que cumplir con los pactos austericidas de déficit marcados por la Unión Europea (UE), Rajoy ha exigido que la oposición deje “de hacer demagogia”, remarcando que una vinculación entre IPC y pensiones aportaría un gasto extra inasumible para la economía del Estado español.
Es que la subida” del 0,25% en las pensiones supone un ahorro de prácticamente 1.500 millones de euros, si comparamos este mínimo aumento de la prestación de jubilación con el aumento que tendría si se vinculara al aumento del IPC del 1,4%.
Escudándose en su posición de escasa movilidad presupuestaria, Rajoy ha iniciado los primeros pasos de los que se presupone su estrategia para hacer frente a uno de los momento más delicados de su legislatura. Si con la cuestión catalana todos los partidos del Régimen cerraron filas en mayor o menor grado, en esta ocasión la oposición huele sangre.
Rajoy ha desviado la discusión concreta de la revalorización de las pensiones a través de la aplicación de otras medidas económicas para, en definitiva, supeditarlo a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Con Ciudadanos a ritmo de crucero en su ascenso electoral y un PNV que le afea la implementación y el mantenimiento del 155 en Catalunya, el ejecutivo de Mariano Rajoy se encuentra sin aritmética parlamentaria con la cual sacar adelante lo que queda de investidura.
Las reformas del 2011 (ampliación de la edad de jubilación) y la del 2013 (la no revalorización de las pensiones a través del IPC) son las dos líneas rojas de Rajoy. Sin embargo, en su intento de convertir este debate en una “cuestión de Estado” que ponga “en evidencia” a quién no le siga, el presidente del gobierno ha tendido la mano para a “avanzar en los Pactos de Toledo”.
“Lo que les propongo es seguir avanzando sobre lo ya construido” afirmaba desde la tribuna Rajoy en clara alusión a las reformas del 2011 y 2013. Todo un intento de frenar el impacto electoral que esta medida impopular la va a traer de buen seguro, en especial entre la población de una franja de edad que es una de las canteras electorales de los populares. Y es que según el último informe del CIS (publicado el pasado 8 de marzo), la preocupación en las calles por las pensiones alcanzar su máximo histórico de sus últimos 30 años.
Una decisión que va más allá del PP
Hoy es el turno del Partido Popular de tener que lidiar con esta situación, pero la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados o el saqueo de la hucha de los pensionistas fueron y son una respuesta del Régimen de conjunto.
Fue el Partido Socialista quien en 2011 hizo su reforma para ampliar la edad de jubilación en dos años. Fueron el mismo Partido Socialista con el apoyo del Partido Popular quienes realizaron la reforma constitucional con “nocturnidad y alevosía” exigida por Europa la cual definía el pago de la deuda pública como prioridad máxima frente a cualquier otro gasto, lo que se conoció como la “regla de oro” de la “estabilidad presupuestaria”.
Mientras la hucha de las pensiones está en mínimos y la mayoría de la deuda del pago de pensiones se realiza a través del Tesoro, los pensionistas le recuerdan a la cara al ejecutivo y a toda la clase política que si para ellos no hay dinero, si lo ha habido para la banca privada (rescatada por valor de más de 60.000 millones de euros) o para rescatar autopistas (rescate valorado en más de 5.000 millones de euros).
Los famosos “brotes verdes” parece que les salen por las orejas a las grandes empresas y al Ibex35, mientras que el paro, la precariedad y los sueldos de miseria son la receta del Régimen para la gran mayoría de la población.
En pie de lucha por las pensiones
Son varias ya las jornadas de movilizaciones que la Marea Pensionista y diferentes colectivos han llevado a cabo por todo el Estado en el último año. Especialmente mediática fue la de inicios de marzo que contó con concentraciones en las ciudades más importantes del Estado español.
Incluso en Madrid se pudo ver como la “marea” de pensionistas pasaban el primer cordón de control que protegía el Congreso de los Diputados.
Para el próximo 17 de marzo se está preparando una masiva movilización, con concentraciones programadas en más de 100 ciudades del Estado español.
La cuestión de las pensiones y la propia lucha de los actuales pensionistas es una demanda que cala en todos los sectores de la sociedad, independientemente de la edad. Es por ello que la clase política, patronal y burocracias sindicales ven con cada vez mayor nerviosismo el movimiento que la avaricia del Régimen y la torpeza el Gobierno pueden despertar.
La degradación de las condiciones laborales y salariales, así como la proliferación de la precariedad y el trabajo sumergido sumado a la baja natalidad, son factores que junto a los rescates milmillonarios a bancos e inversores puso en jaque el modelo de financiación del sistema de pensiones del Pacto de Toledo. A su vez, condena a las actuales generaciones a que si tienen la suerte de poder jubilarse lo hagan por un monto de hambre.
Las pensiones, para la gente que ha trabajado toda su vida no pueden depender de los actuales cotizantes, o estar por detrás en prioridad de la deuda contraída para salvar a los bancos, sino que deben ser garantizadas por el Estado, al igual que la Sanidad y la Educación. Si se entiende que son, todos estos, derechos elementales.
Un aumento de las pensiones mínimas, junto a la revalorización de estas en relación al IPC de forma retroactiva así como la desaparición de la brecha de género en las pensiones son reclamos justos que solo podrán ser conquistados en las calles.
Mientras los políticos y el personal del régimen al servicio de los empresarios y banqueros disfrutan de sueldazos y pensiones de privilegios, conspiran contra el pueblo y los trabajadores. Nuestras conquistas pervivirán si es a costa de sus privilegios.
