DECLARACIÓN CRT. ETA anuncia su disolución: un balance político necesario

El próximo 4 de mayo tendrá lugar en el sur de Francia la escenificación de la disolución definitiva de ETA. Se pondrá fin oficial a la actividad de este grupo a 60 años desde su fundación en plena dictadura franquista.

Nacida como una expresión de la radicalización política de un sector juvenil de la pequeña burguesía vasca, ETA fue ganando respaldo entre sectores populares y de la clase trabajadora, especialmente tres la traición abierta de las principales direcciones políticas y sindicales del movimiento obrero durante la Transición.

Como brazo armado del conocido como Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) desde finales de los 70 y durante gran parte de los 80 y 90, ETA cosechó las simpatías de cientos de miles de trabajadores y jóvenes en Euskadi y el resto del Estado. Se presentaba a ojos de miles como una fuerza resistente al consenso, al desencanto y a la “izquierda” traidora que aplicaba las más duras políticas de ajuste y el terrorismo de Estado –el PSOE– o quienes se habían convertido, con Carrillo a la cabeza, en los principales defensores del pacto con el Franquismo.

El Estado español sostuvo una guerra sin cuartel contra el MLNV desde el primer momento. La “unidad de los demócratas contra el terrorismo” fue uno de los principales “pegamentos” del consenso del 78. A él se sumaron todos los partidos, incluida la izquierda parlamentaria, los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos, y las direcciones sindicales. Fue la cobertura legitimadora de todas las legislaciones de excepción puestas en marcha contra la izquierda abertzale, los sumarios en la Audiencia Nacional, las políticas penitenciarias vulneradoras de los más mínimos derechos humanos o la misma guerra sucia de los GAL y la impunidad con que fue saldada.

Una guerra que sigue en pie, y que golpea mucho más allá de la propia izquierda abertzale. Hoy son más de 250 presos de ETA los que siguen en la cárcel, la mayoría sometidos a dispersión, se persigue a la juventud vasca como en los peores tiempos, como hemos visto con el caso de Altsasu, y las leyes antiterroristas se aplican ahora a otros luchadores, como está pasando con las condenas a raperos o la persecución de los CDR.

ETA y el MLNV sostuvieron una de las banderas comunes de casi todo el antifranquismo de primera hora: la ruptura democrática. En su caso en clave vasca, es decir pasando por la conquista del derecho de autodeterminación y la independencia y unificación de todas las provincias vascas del Estado español y francés.

Acabar con la sumisión a la Corona para establecer una república vasca independiente, este fue, y sigue siendo, el objetivo de la izquierda abertzale. Una suerte de primera etapa democrática de la revolución vasca, a la que le seguiría más adelante, la lucha por una Euskal Herria socialista.

Como parte de esta visión etapista desplegaron una estrategia de colaboración de clases con la burguesía nacionalista vasca, bien representada en su partido histórico, el PNV, y su escisión EA. Forzar que los representantes políticos de la Confebask asumieran el proyecto independentista y se pusieran a la cabeza de la lucha por el mismo pasó a ser un objetivo irrenunciable. Solamente constituyendo un bloque soberanista de conciliación de clases se podría lograr la ruptura con el Estado español y la Constitución del 78 que lo confirmó como una cárcel de pueblos.

Como táctica principal, devenida con el paso del tiempo en una estrategia, implementaron la lucha armada y el terrorismo individual. Una forma de lucha que privilegiaba los golpes al aparato estatal e intereses económicos concretos, por encima de la organización y la movilización social, en especial la de la clase trabajadora y la juventud. Si bien el MLNV llegó a desarrollar un vasto movimiento social en la juventud, muchos pueblos e incluso sectores de la clase trabajadora, éste siempre quedaba subordinado a la vía de la lucha armada y su dirección política.

Además la actividad armada, que en no pocas ocasiones afectó de manera directa e indiscriminada a sectores de la población, permitió al régimen y al Estado ganar base social para sus políticas represivas y, con la colaboración de la izquierda reformista y las direcciones sindicales, ahondar la separación entre la legítima lucha del pueblo vasco por el derecho a la autodeterminación de los sectores obreros y populares del resto Estado.

A pesar del rechazo del PNV y EA a la actividad de ETA, la estrategia de la lucha armada era menos peligrosa para sus intereses de clase, que la organización y movilización independiente y por sus propios métodos y reivindicaciones, de la clase obrera vasca. El método de lucha empleado fue siempre consecuente con el objetivo a alcanzar: convencer o forzar a que la burguesía nacionalista vasca asumiera la bandera de la lucha por la independencia, y de esta manera lograr una mejor relación de fuerzas para abrir negociaciones con el Estado.

Ésta nunca lo haría. Lo más lejos que estuvo dispuesta a llegar fue en 2005 con el proyecto del Plan Ibarretxe, una reforma estatutaria que reconocía a la Comunidad Autónoma Vasca como Estado libre asociado, al que renunciaron tan pronto como fue tumbado en las Cortes españolas. Sus negocios estaban a buen resguardo, y lo siguen estando, en el Estado de las Autonomías.

La ruptura democrática de los 70 fue intentada sucesivamente en Euskadi, sin dar ningún resultado distinto. Una ruptura con el Estado español y la conquista de un derecho como el de autodeterminación no podía, ni puede, lograrse sin una lucha que tumbara al Régimen del 78. Éste es capaz de resistir atentados y asesinatos, que además logra usar a su favor para la legitimación y endurecimiento de la represión política. La única vía para lograrlo, en los 70 y hoy, es por medio de una movilización social con la clase trabajadora al frente.

Esta perspectiva fue abandonada por la oposición antifranquista, empezando por el PCE. Organizar la huelga general política podía abrir una situación revolucionaria, y eso asustaría a los sectores de la burguesía democrática –o devenida en democrática- con los que se buscaba el acuerdo para transitar a un régimen democrático sin demasiados sobresaltos.

ETA, con métodos más radicales y negándose a integrarse en el pacto del 78, optó por una vía que, sin desarrollar una estrategia de clase basada en la movilización independiente de las masas, esperaba conseguir con la presión de su actividad el respaldo de la burguesía vasca para forzar al Estado español a sentarse a negociar.
Las diferentes treguas proclamadas en sus años de historia fueron intentos de abrir esas negociaciones. Algunas pudieron estar motivadas también por razones operativas, pero siempre se buscaron que vías de dialogo se podían abrir para que, en una mesa de negociación, el Estado español se atuviera a reconocer los derechos democráticos del pueblo vasco.

El momento de mayor esperanza, o mejor dicho ilusión, fue con la tregua de 1998, a la que precedió en unos días del Pacto de Lizarra entre la izquierda abertzale, PNV, EA y hasta IU. La respuesta del Régimen del 78 fue clara: la integridad territorial del Estado español no se negocia y, es más, ni siquiera unas condiciones de rendición dignas estaban en discusión.

Sin embargo, la estrategia de la lucha armada llevó a un verdadero cajellón sin salida a ETA y el MLNV. Permitió al Estado conquistar un gran apoyo social reaccionario a las medidas de excepción que se generalizaron a todos los sectores del MLNV –con ilegalizaciones, cierres de periódicos, detenciones...-. El Régimen del 78 desplegó una ofensiva política, judicial y política contra ETA y el MLNV sin precedentes a partir de 1997 – cuando emergió el llamado “espíritu de Ermua”-. Ésta le fue debilitando hasta su práctica desarticulación.

Desde esta impotencia ETA ha ido reduciendo sus expectativas a conseguir medidas en favor de los presos y el fin de las medidas excepcionales que siguen vigentes en el País Vasco y Nafarroa. El modelo reivindicado fue y sigue siendo el de los Acuerdos de Viernes Santo de Irlanda del Norte, justo unos pactos que dejaron de lado cualquier avance hacia la unidad de Irlanda a cambio de medidas de gracia para los presos del IRA.

Salvando las enormes diferencias con el proceso catalán, en él hemos visto también un buen representante de esta estrategia de unidad nacional. La izquierda independentista catalana, con la CUP al frente, han desarrollado una política de “mano extendida” con los representantes políticos de la burguesía y pequeñoburguesía catalana que le ha conducido a ser el furgón de cola del procés. La negativa de la dirección procesista, natural por otra parte, a impulsar la movilización social necesaria para conquistar el derecho a decidir ha llevado a la lucha por la república catalana a un callejón sin salida.

El fracaso, una vez más, de estas hojas de ruta de ruptura democrática, se vende por parte del Régimen como la constatación de la imposibilidad de conquistar derechos como el de autodeterminación. Todo está “atado y bien atado”, y si no hay están los jueces y fuerzas policiales para recordárnoslo.

La dirección procesista, con ERC y el PDECAT a la cabeza, quieren ahora convencer al movimiento catalán de que no hay más remedio que la vuelta al autonomismo. La dirección política de la izquierda abertzale, viene tiempo proponiendo en los hechos, que ante el fracaso de su hoja de ruta no hay más alternativa que refugiarse en el municipalismo y la adaptación a la política institucional y la movilización en los márgenes del régimen.

Una falsa alternativa vendida como “realista” que se muestra impotente incluso a poder derrotar la ofensiva represiva en curso, que en el caso vasco es la continuación de décadas de persecución política al MLNV.

Contra este fatalismo es necesario que, tanto en Euskadi como en Catalunya, así como en el resto del Estado, abrir el debate sobre cómo construir una izquierda que se proponga, partiendo de las lecciones de uno y otro proceso, pelear por los derechos democráticos desarrollando la lucha de clases con una estrategia obrera independiente. A esta política apuesta la CRT.

En primer lugar, para impulsar un gran movimiento por la libertad de todos los presos políticos, el fin de las leyes antiterroristas, la disolución de la Audiencia Nacional y el desprocesamiento de todos los luchadores.

A su vez, para desarrollar una estrategia de clase, basada en la movilización social y la alianza en la lucha de todos los sectores populares del Estado para acabar con el Régimen del 78, e imponer procesos constituyentes en todas las naciones que hoy lo componen en las que se pueda ejercer el derecho a decidir y abrir el camino de gobiernos de las y los trabajadores.

La lucha por una república vasca o catalana independientes solo es posible con la clase trabajadora al frente, por lo tanto, solo es posible si va unida a un gran programa que resuelva las grandes demandas sociales y pelee por repúblicas obreras y socialistas libremente federadas en todo el Estado.